Jueces administrativos que analizaron los casos aceptaron los amparos interpuestos por los investigadores al considerar que el Conacyt los está discriminando por el tipo de institución en la que hacen investigación, toda vez que para su ingreso, la institución privada no era una limitante y se sometieron al mismo procedimiento de evaluación como el resto de sus pares en el Sistema Nacional de Investigadores, el mecanismo de reconocimientos a los investigadores más prolíficos del país.
El Conacty decidió reformar su reglamento este año, para que los investigadores del SNI pertenecientes a instituciones particulares ya no recibirían el estímulo económico que eso conlleva. Sin embargo, cientos de investigadores tienen nombramientos por tres años –vigencia que incluía este 2021–, y que el Conacyt desconoció.
Esto derivó en la tramitación de amparos por parte de los investigadores, pues si bien el Conacyt puede diseñar y reformar sus propios reglamentos, estos deben aplicarse hacia delante para quienes buscaran ingresar, pero “no cambiar las reglas sobre la marcha” para quienes ya pertenecían al SNI, explica en entrevista con Animal Político, Rodrigo Diez, abogado que lleva las demandas de amparo de 140 investigadores.
De acuerdo con los lineamientos del SIN antes de 2021, el Conacyt otorgaba el estímulo a todos los investigadores que aprobaran las evaluaciones previstas en el reglamento, y en caso de pertenecer a una institución privada, esta debía hacer previamente un convenio con el Conacyt en el que se comprometía a invertir en la generación de infraestructura tecnológica. Esto es: el Consejo solo pagaría el estímulo a cada investigador, pero las universidades debían destinar recursos para el desarrollo de sus investigaciones.
Por eso es que “la investigación no beneficia a sector, sino a toda la sociedad, y el mito de que ‘se privatiza’ la investigación es falso porque no se está subsidiando a las universidades privadas”, afirma Ricardo Ortega, investigador de la Universidad Iberoamericana, en entrevista con Animal Político.
De hecho, los 200 integrantes de la Asociación de Profesores e Investigadores de la Universidad Iberoamericana (API) también interpusieron amparos por considerar que el nuevo reglamento los discriminaba, pero también por el impacto en la investigación y generación de conocimiento en el país. “Estas normas discriminan y atentan contra la ciencia y el Derecho”, sentencia Diego García Ricci, profesor investigador de la Ibero.
Rodrigo Diez explica que la ‘suspensión definitiva’ que lograron recientemente en los amparos de investigadores de la Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, entre otras, significa que el juez analizará de fondo si a los investigadores se les debe aplicar el reglamento publicado el 20 de abril de 2021.
Aunque el Consejo aún se puede inconformar por la decisión, la moción es un avance significativo tras cinco meses de litigio y por el momento, los investigadores siguen perteneciendo al SIN. El abogado prevé que al final del año o principio del próximo, los jueces emitan sentencia en los casos.
Incluso, otro avance es que en juicios paralelos de investigadores que ingresaron al SNI en 2020 y comenzarían a recibir el estímulo económico en 2021 y que, con el nuevo reglamento no lo recibieron, el juez también les dio la razón y a partir de la semana pasada, el Conacyt les entregó el estímulo retroactivo a 9 meses.
Sin embargo, estos logros son individuales, es decir, cada investigador que se sienta afectado deberá interponer un amparo contra el reglamento, pero eso no significa que el Conacyt deba reformar su reglamento, sino que estas nuevas disposiciones no se les aplicarían a quienes ganen el amparo.
Se necesitaría interponer una declaración de inconstitucionalidad, un procedimiento más largo y complicado, para lograr que el Conacyt restableciera los lineamientos para integrar nuevamente a los investigadores de instituciones privadas, explica Rodrigo Diez.
Hasta 2021, el SNI tenía 35 mil 160 investigadores, de acuerdo con información estadística del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la información no está desglosada por instituciones privadas y públicas.
El área con el menor número de investigadores es la III, correspondiente a Medicina y ciencias de la salud, con 3 mil 933 miembros. Le sigue Ingeniería (área VII), con 4 mil 943 y el área VI, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, con 4 mil 854. El área IV, de Humanidades y Ciencias de la Conducta, con 5 mil 47 investigadores; en el área I, Físico-Matemáticas y de la Tierra, hay 5 mil 168. En el área II de Biología y Química hay 5 mil 294 y en Ciencias Sociales suman 5 mil 921 miembros.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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