No fue así. Durante los primeros 32 meses de gobierno de López Obrador, la cifra de ejecutados alcanza los 91mil 919 casos, cifra que por sí sola es un récord de violencia para el país. Como también lo significa, comparada con las generadas por sus dos inmediatos antecesores.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) terminó sus primeros 32 meses con 42 mil 769 ejecutados (para entonces su propio record), y Enrique Peña Nieto, en el mismo periodo, registró 57 mil 410 homicidios dolosos, también, para entonces, un récord.
Pero a diferencia de Calderón que tenía una estrategia, fallida si usted quiere, de la guerra contra las drogas, y Peña que llamó a su plan de combate a la inseguridad México por la Paz, fallido también, el presidente López Obrador no tiene una estrategia definida para combatir a la criminalidad organizada y con ello disminuir los asesinatos, como tampoco, es evidente, la tiene la fiscalía general de la República, que no ha atrapado a capo alguno, ni desmantelado células del crimen organizado, ni encarcelado a los asesinos, y ante este escenario, la impunidad prevalece para quienes desde lo ilícito, trafican, trasiegan, distribuyen, extorsionan, secuestran y asesinan.
Esta semana en la edición vigente del semanario ZETA, la editora Rosario Mosso Castro, realizó el conteo de homicidios dolosos en el país y por estados, a partir de las cifras oficiales del secretariado ejecutivo nacional de seguridad pública, y de algunos sistemas de información en los gobiernos de los Estados. Así determinó, que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 25 de agosto de 2021, a escasos días de la presentación del tercer informe del gobierno federal, se contabilizaron 93 mil 810 ejecutados en el país.
Esta cifra ubica a México, a varios de sus estados y ciudades, como las más peligrosas del mundo, y violentas. Tijuana, Baja California, es la ciudad más violenta en el territorio mexicano.
En este sentido, en lo casi tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los diez estados con mayor número de homicidios dolosos son: Guanajuato con 10 mil 666 asesinatos, Baja California con 8 mil 60, Estado de México que suma 7 mil 585, Jalisco con 7 mil 136, Chihuahua con 6 mil 909, Michoacán que ha llegado a los 6 mil 342, Guerrero con 4 mil 374, Sonora y sus 4 mil 223, Veracruz con 4 mil 70, y la Ciudad de México, en décima posición con 3 mil 669 asesinatos.
Si en algo ha fallado el presidente López Obrador a lo largo de estos casi tres años de su gobierno, ha sido en materia de seguridad. Ni los homicidios disminuyeron, ni los cárteles han sido desmantelados. La idea aquella de no combatir la violencia con violencia, se elevó a la política pública de los abrazos, no balazos, en un rotundo fracaso.
Al arribo a su tercer informe, el presidente, como todos quienes le antecedieron, está realizando cambios en su gabinete. La tradición política dicta, que al llegar al primer trienio del sexenio, la evaluación presidencial es para meter toda la fuerza al cierre de la administración, y concretar los cambios y las promesas que, a la mitad del camino, no han logrado hacerse realidad.
En la comezón del tercer año, López Obrador inició cambiando la titularidad de la secretaría de gobernación, retiró, de manera abrupta a la senadora Olga Sánchez Cordero, para incluir, también de manera precipitada, al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien apenas tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2019. Poco más de dos años después, deja la gubernatura para integrarse al gabinete federal en la segunda posición.
De López Hernández se dice, y el presidente lo confirma, que es un “entrañable amigo”, además, obvio, un incondicional de López Obrador, lo que, podría cerrar –aun más- el círculo que rodea al presidente en la toma de decisiones.
El segundo cambio trascendental se dio por la tarde del martes 31 de agosto, cuando fuera de versiones oficiales, trascendió la renuncia del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien ha seguido, colaborado, trabajado y acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde anteriores campañas presidenciales, cuando estaba en el Partido de la Revolución Democrática, y con quien le une, además, un afecto a cierto punto fraternal, a partir del padre del consejero, el periodista don Julio Scherer García, amigo cercano que fue del presidente de la República.
Scherer Ibarra hizo, en muchas de las encomiendas presidenciales, labores de secretario de gobernación, al encargarse de la política interna del país, y la relación con las instituciones, más allá de la labor en la elaboración de las iniciativas de López Obrador. Al retirar a Scherer y allegar a López, el presidente está ajustando su círculo de confianza.
Seguramente en los próximos días y semanas, vendrán más cambios en la estructura del gobierno de la República, pero no se avista ninguno, en materia de seguridad. Con una secretaria de seguridad disminuida, y una institución preventiva desmantelada, de poco o nada sirve ya esa ala del gobierno. En la fiscalía general de la República, López Obrador tiene en Alejandro Gertz Manero, a un fiscal a modo, a su servicio para la persecución ministerial de los “adversarios” del presidente, dejando con ello vivir en la impunidad a narcotraficantes y criminales organizados.
En la comezón del tercer año, más que en política, los cambios deberían darse en materia de seguridad, porque con 93 mil 810 ejecutados al 25 de agosto, esa sigue siendo, por mucho, la asignatura pendiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, a menos claro que con la integración de la nueva cámara de diputados, el presidente sienta que se le va el control sobre el legislativo, y pretenda hacerse de allegados para negociar con la oposición y con quien sea necesario, para continuar sus reformas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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