El uso de explosivos en Guanajuato no ha tomado por sorpresa a las autoridades, quienes han reconocido que desde tiempo atrás la delincuencia organizada incorporó el uso de este arsenal para infundir temor entre la población.
Lo ocurrido en el municipio Salamanca forma parte de una estrategia del crimen organizado para enfrentar al Estado y para demostrar a la población civil la violencia que pueden ejercer sobre un territorio.
La primera vez que el crimen organizado empezó a utilizar explosivos a distancia ocurrió en el año 2010 cuando un coche bomba explotó en Ciudad Juárez, Chihuahua, un atentado que cobró la vida de cuatro personas y que dio pauta a un caso de violaciones a derechos humanos cuando cinco jóvenes fueron detenidos, torturados y encarcelados para autoincriminarse por ese hecho de “narcoterrorismo”.
No obstante, es en Guanajuato donde recientemente han tenido lugar decomisos de explosivos y atentados de este tipo. La explosión en el restaurante de Salamanca que dejó dos hombres muertos, se suma al fallido atentado en contra de la Refinería, registrado en ese mismo municipio en junio del año pasado.
El uso de explosivos en Guanajuato no ha tomado por sorpresa a las autoridades, quienes han reconocido que desde hace tiempo la delincuencia organizada incorporó el uso de este arsenal a sus tácticas para infundir temor en la población.
El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este lunes que, en Guanajuato, como en ningún estado de la República, se utilizan explosivos para provocar miedo y terror, lo que calificó como “un asunto delicado”.
Desde abril pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alertaba por la utilización de drones con explosivos en Guanajuato y Michoacán por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización delincuencial que se ha caracterizado por su rápida expansión por su capacidad armamentística y uso desmedido de la violencia.
“En cuanto a la utilización de drones, como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, en Michoacán”, señaló el General Luis Cresencio Sandoval durante esa conferencia del 21 de abril.
Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cofundador de México Social, indicó en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela que el ataque de este fin de semana en Salamanca representa la inacción permanente por parte del Gobierno de Guanajuato, ahora encabezado por Diego Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para combatir la violencia.
“Lo preocupante del tema es que el Gobernador ha tomado muy pocas cartas en el tema de seguridad […] No es la primera vez que hay un problema de artefactos explosivos en la entidad. Hay que recordar que el Marro había amenazado con colocarle al Presidente, Andrés Manuel López Obrador de ponerle una bomba […] ya ha habido muchas amenazas y el Gobierno no está haciendo las investigaciones pertinentes”, dijo el especialista en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
El experto en seguridad destacó que este atentado escala el nivel de conflicto en el Bajío, además de ser un mensaje entre grupos antagónicos y para las autoridades en cuanto a que “los grupos ya le tienen tomada la medida al Gobierno, que ya saben que la impunidad es total y que a quienes tienen como rehén es a la ciudadanía”.
Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ha explicado a su vez que aplicar nuevas tecnologías para generar más violencia y terror demuestra que estos grupos siguen profesionalizándose y eso hace que cada vez se vuelvan más complejos.
“Eso es preocupante porque no solamente nos habla de que la violencia está cada vez más escalada y hay una manera distinta de ejercer el poder y la comunicación de la violencia. Nos habla también que estos grupos al final se han venido profesionalizando y creo que eso es no menor porque evidencia que es una organización que va creciendo, que cada vez se está haciendo más fuerte, más armada y con nuevas tecnologías”, ha comentado a SinEmbargo en entrevistas previas.
HISTORIAL DE EXPLOSIVOS
Aunque las amenazas de bomba y la localización de artefactos explosivos ya se han registrado a lo largo de los últimos años en todo el territorio mexicano, la primera vez que se detectaron drones con explosivos —que implica una nueva y más sofisticada tecnología— habría sido en Guanajuato en el 2017, de acuerdo con información demográfica.
Un dron marca Fly 3DR que tenía acoplado un artefacto explosivo con un detonador de radiofrecuencia fue localizado tras la detención de cuatro personas en la carretera Morelia-Salamanca el 20 de octubre de 2017.
En ese momento el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, confirmó que el artefacto explosivo era trasladado “con un detonador remoto y con una gran carga explosiva”; además de detallar que no era la primera vez que se localizaba un artefacto así, reportó en aquel entonces el medio local Informativo Ágora.
“Ya en otras ocasiones en donde lamentablemente se han encontrado este tipo de artefactos, lo más importante es que se pudo detectar y detener”, destacó la prensa del estado en aquel entonces.
Días antes, el 24 de octubre de 2017, un artefacto explosivo fue localizado en el municipio Apaseo el Alto. El material se encontraba dentro de una bolsa negra de plástico que fue dejada sobre la banqueta entre las calles Pedro Moreno y Constituyentes, según consignaron medios locales.
Para el año 2019 se encontraron artefactos explosivos en diferentes momentos y ciudades: El 20 de marzo se localizó una maleta con explosivos dentro de una camioneta en la carretera Celaya-Salvatierra. La noche del 15 de octubre se halló un artefacto dentro de una camioneta Nissan t Xtrail color rojo que estaba sobre la carretera Celaya-Querétaro. El 8 de noviembre de 2019, se localizó una camioneta Chevrolet Equinox color plata con este arsenal en la colonia Santa Elena el Norte en Apaseo El Alto.
El 8 de marzo de 2020, un auto bomba explotó afuera de la base de la Guardia Nacional ubicada en Celaya, Guanajuato. La detonación registrada cerca de las siete de la noche dejó al menos dos efectivos con lesiones leves por las esquirlas.
El 24 de junio de 2020 se registró un intento de ataque contra la refinería “Antonio M. Amor”, en Salamanca. Ahí elementos castrenses aseguraron un vehículo con 12 artefactos explosivos que fueron abandonados por sujetos que atacaron al personal de seguridad.
El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, confirmó en ese entonces que se trató de un intento de ataque por parte del Cártel Santa Rosa de Lima. Pero ese no fue el único incidente con explosivos que se registró en las zonas aledañas a la refinería; año y medio antes, en enero de 2019, el Gobierno federal abrió una investigación sobre un supuesto explosivo abandonado en una camioneta en la puerta 4 de la Refinería.
En abril de este 2021, dos presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, del Cártel de Santa Rosa de Lima, Diego “N” y Rogelio “N”, fueron detenidos y vinculados a proceso tras ser acusados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por ser presuntos pioneros en fabricar drones con explosivos, según reportó Proceso.
LA VIOLENCIA SIGUE… AL IGUAL QUE EL FISCAL
El recrudecimiento de la violencia que se observa en Guanajuato, feudo del Partido Acción Nacional (PAN), se acentuó a partir del año 2018 (el último de Miguel Márquez Márquez como Gobernador) por la pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima. en ese año los homicidios dolosos crecieron 140.68 por ciento con respecto al 2017.
Y aunque el líder de la organización criminal dedicada al huachicol que más notoriedad ha tomado a pesar de ser una banda regional, José Antonio Yepez “El Marro” fue detenido hace dos años por el Gobierno federal, la violencia no ha cesado.
Para el año 2020 se contabilizaron 4 mil 490 víctimas de homicidio doloso, ante las cuales se abrieron 3 mil 359 carpetas de investigación. En tanto que de enero a julio del presente año, al menos 2 mil 98 personas fueron asesinadas en aquella entidad, ante las cuales, se abrieron 1 mil 711 carpetas de investigación.
No obstante, Saúl Arellano relevó que la Fiscalía de Guanajuato se ha caracterizado por subregistrar la información de la violencia, pues explicó que en el año 2020, reportó más de 4 mil homicidios dolosos, pero el Inegi corrigió y señaló que fueron al menos 5 mil registros.
“Es decir tenían casi 800 cadáveres sin contabilizar. Se puede afirmar de una deliberada intensión de ocultar dato. No se pueden perder 800 registros de homicidios dolosos en un escritorio o en carpetas de investigación”.
El especialista indicó que aunque se ha criticado mucho la permanencia de Zamarripa y el Secretario de Seguridad, Alva Cabeza de Vaca, el verdadero problema es el Gobernador Diego Sinue, quien fue el que los ratificó en los cargos, los mantiene y los ha defendió.
No obstante, Arellano Almanza descartó que en lo inmediato el Gobernador vaya a destituir al Fiscal Carlos Zamarripa, por lo que indicó que el funcionario debería de presentar su renuncia “por dignidad y vergüenza propia”.
De acuerdo con denuncias de organizaciones y del propio Presidente López Obrador, la violencia en Guanajuato, también se debe a la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Desde el pasado mes de julio, el mandatario federal lanzó un abierto reclamo al Gobierno de Guanajuato, en particular a su Fiscal, por la falta de resultados en el combate al crimen. Además, el pasado 31 de agosto, también acusó de una alianza política con la delincuencia.
“Es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado, porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre”, declaró.
Por su parte, especialistas en seguridad y crimen organizado también han denunciado que la crisis de violencia en esta entidad se debe en gran parte a la omisión de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el cumplimiento de su deber y responsabilidad.
Sin embargo, a el actual Fiscal ha recibido el apoyo del sector político, del empresarial e incluso del eclesiástico.
“Yo creo que estamos viendo el surgimiento de algo que no habíamos visto antes; figuras de hombres poderosos que reúnen un gran un gran período de tiempo por delante (para sus cargos) y un monopolio en el tema de la procuración de justicia”, señaló en una entrevista previa el periodista y analista político Arnoldo Cuéllar.
En los 12 años que Carlos Zamarripa ha estado al frente de su cargo, el número de homicidios dolosos ha crecido un 711 por ciento, pues de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009 —cuando tomó el cargo como Procurador— para el año 2020 la cifra de este tipo de crímenes se situó en 3 mil 359.
Desde el año 2009 a junio de 2021, se han registrado al menos 16 mil 682 homicidios dolosos y se han abierto 1 mil 989 y 256 carpetas de investigación por extorsiones y secuestros, respectivamente, de acuerdo con cifras oficiales.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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