Según su relato, el 29 de enero, una semana después del hallazgo de los cuerpos, fue citada junto con varios compañeros para declarar como testigos, pero se les obligó a entregar sus celulares y sus armas, que se convertirán luego en prueba contra ellos. Actualmente se encuentra en prisión vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
Animal Político tuvo acceso a las audiencias celebradas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los días 2 y 8 de febrero. En ella, los acusados denunciaron irregularidades en el proceso y aseguraron haber sido conducidos con engaños a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGE) y sufrir presiones para sus declaraciones.
Vázquez Santillana estaba adscrita a la dirección de operaciones de la Policía estatal de Tamaulipas y era la oficial de mayor rango cuando tuvo lugar la masacre. No entró en detalles sobre dónde se encontraba el día de la masacre ni quiso rechazar las acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Se centró en denunciar las presuntas irregularidades practicadas por los investigadores para sentarles en el banquillo de los acusados.
En aquellas audiencias solo declararon esta oficial y el comandante Horacio Rocha Nambo, quien el día de los hechos estaba al frente de las unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) que fueron señaladas por participar en la masacre. Su abogado, Jesús Eduardo Govea, insistió en que el modo en el que se obtuvieron las pruebas fue irregular y que no hay pruebas de que cada uno de los imputados tenga responsabilidad en los hechos.
Según el relato de Vázquez Santillana, los policías fueron citados en la sede de Seguridad Pública el día 29 por la mañana. Una vez allí les instruyeron para desplazarse a Fiscalía General del Estado (FGE) donde debían declarar en calidad de testigos. Sin embargo, fueron interrogados y obligados a entregar sus teléfonos celulares y sus armas.
“Nos retuvieron ahí, no nos dejaron agarrar el teléfono ni hacer llamadas. Nos tuvieron desde las 6 de la tarde del 29 hasta el 30, hasta las 7, 8 de la mañana”, dijo, con voz temblorosa, la oficial. Durante los interrogatorios, aseguró, los ministerios públicos les presionaban para que sus declaraciones fueran iguales entre sí. “Yo estaba declarando, el licenciado decía que los demás no decían lo mismo, y me estaba presionando”, afirmó la policía. “Nos decían que nos iban a meter de jale si no decíamos la verdad”, aseguró, ya entre lágrimas.
Una vez tomada la declaración de todos los policías quedaron en libertad, aunque sin armas y sin teléfonos celulares.
Posteriormente, el 2 de febrero fueron nuevamente citados en Fiscalía, donde ya les comunicaron su condición de imputados. Ese mismo día comenzó la audiencia inicial en la que fueron vinculados a proceso.
La ubicación de los celulares es clave
Para el abogado defensor Govea, la forma en la que se incautaron los celulares fue irregular, ya que no contaba con la autorización de un juez. Esto fue rebatido por la Fiscalía, que asegura que el proceso se dio con todas las garantías. El modo en el que se obtuvieron los teléfonos será una clave en el proceso. Las sábanas de llamadas y la geolocalización de los aparatos constituyen una prueba clave que explica la vinculación a proceso de los policías.
Como adelantó Animal Político, los teléfonos sitúan a los policías entre las 10 y las 11 de la mañana en las inmediaciones de la brecha de Camargo en la que aparecieron los cuerpos y las camionetas calcinadas.
El relato del comandante Nambo, el segundo en declarar en aquella audiencia, es coincidente con el de Vázquez Santillana. El oficial de los GOPES aseguró que el 29 de enero fueron citados en Fiscalía, donde les comunicaron que debían rendir entrevista como testigos. “Accedí, ya que se me dijo que iba como testigo. Estuvimos toda la noche, se me pidió mi teléfono, así como mi armamento”, explicó.
Esto motivó las sospechas del policía, quien preguntó por los motivos de este trato. “Pregunté si estaba detenido, me dijeron que algo así”, explicó. “Me hicieron sentir como un testigo, pero me custodiaban, me sentía privado de mi libertad”, afirmó. Horas después pudo regresar a su base aunque sin armas y sin teléfonos. Días después, el 2 de febrero, fue requerido nuevamente para trasladar los blindados de los GOPES ante el Ministerio Público. Al llegar le se leyeron sus derechos y quedó detenido, situación en la que permanece hasta la actualidad.
No ha trascendido al público el contenido de las entrevistas que los policías mantuvieron en la Fiscalía antes de ser detenidos, que ambos policías aseguran haber firmado sin leer.
“Se pretende utilizar sus entrevistas, a partir de su contenido, como declaración en la que se autoincriminen como partícipes”, denunció Govea, el abogado defensor.
Por ahora la única versión sobre cómo ocurrieron los hechos según los oficiales aparece en el informe policial homologado firmado por Vázquez Santillana. En él se asegura que llegaron al lugar de los hechos pasadas las 14.00 horas después de ser alertados sobre un tiroteo por parte de una persona que no quiso identificarse. Sus teléfonos celulares, sin embargo, los ubican en la zona cuatro horas antes, justo en el momento en el que los migrantes fueron asesinados y calcinados.
Las líneas de la defensa
La línea que marca el abogado defensor: las pruebas fueron obtenidas de forma irregular y, además, actualmente no hay modo de saber qué estaba haciendo cada uno de los imputados durante aquella patrulla. La Fiscalía, por el contrario, asegura que los policías persiguieron, tirotearon y calcinaron a las 19 víctimas, para posteriormente intentar ocultar las pruebas. La jueza por el momento ha dado credibilidad a la versión del Ministerio Público, ya que ordenó la prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones complementarias. Está previsto que el próximo 8 de octubre tenga lugar la audiencia intermedia en la que deberá realizarse el desahogo de las pruebas de cara al juicio, ya que se amplió el proceso de investigación en dos ocasiones.
La masacre de Camargo fue perpetrada el pasado 22 de enero. En ella, 17 migrantes (16 guatemaltecos y 1 salvadoreño) y 2 mexicanos que trabajaban cruzando indocumentados a EU fueron asesinados y sus cuerpos quemados.
Actualmente existen dos investigaciones sobre el caso. Por una parte, la FGE de Tamaulipas mantiene la acusación contra 12 policías estatales, Jorge Chavarria Bárcenas, Hector Javier Alfaro Acuña, Ismael Vázquez León, Carlos Rodríguez Rodríguez, Jorge Alfredo Castillo Miranda, Williams Figueroa Medellin, Jose Luis Lopez Morales, Cristian Eduardo Gonzalez Garcia, Horacio Quirós Sanchez, Mayra Elizabeth Vazquez Santillana, Horacio Rocha Nambo y Edgar Manuel Antonio.
Por otra, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta en la que analiza una trama de corrupción derivada del hallazgo de un vehículo que había sido asegurado meses atrás en otro operativo contra la migración irregular. Por este caso hay vinculados a proceso 2 funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y 8 policías de Escobedo, Nuevo León.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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