En Hidalgo, por ejemplo, en enero pasado se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, según consta en el expediente con folio 2127/2021/PPC/BIENESTAR/DE53, que recibió el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar a través de la plataforma SIDEC (Denuncia Ciudadana de la Corrupción).
“En la Delegación Regional de la zona VII en Tulancingo Hidalgo, la Delegada y Coordinadora de Programas Federales en la Secretaría de Bienestar, Mili Estefani Batalla Castillo, junto con su esposo Carlos Alberto Belmonte Velázquez, han contratado a la mayoría de los Siervos de la Nación, bajo la condicionante de que apoyen las aspiraciones políticas de Belmonte”, según se advierte la denuncia obtenida por Animal Político.
Carlos Alberto Belmonte Velázquez fue aspirante a la candidatura de presidente municipal de Tulancingo con el partido Morena.
No es el único caso.
En febrero de este año, otros becarios que atendían los Centros Integradores de Desarrollo, encargados de operar los programas sociales, fueron citados por sus coordinadores para una reunión.
Al llegar, les entregaron unos formatos para que registraran el nombre, teléfono y firmas de 30 personas. “Nos dijeron que hiciéramos lo posible para que dieran el voto, que fueran votos seguros”, a favor del candidato del PRI a presidente municipal de Acaxochitlán, Salvador Neri Sosa.
Según los testimonios recabados por Animal Político, a los becarios les dijeron que “las comunidades ya les tienen la confianza, ya la gente los identifica, a donde ustedes les digan, la gente se va a ir”. Por eso, debían “convencer a la mayor cantidad de gente” y a cambio les prometieron que al terminar la beca tendrían “un trabajo seguro” como Servidor de la Nación.
“Pensé ‘si no lo hago, tal vez sí te dan de baja. Sí te da temor. O si no lo haces encuentran la manera de hostigarte”, narra Teresa, una de las becarias. Georgina, otra más, comenta que “la gente se quedaba sorprendida, decían ‘pero si eres de Morena por qué estás apoyando al PRI’”.
Ambas becarias estaban también bajo la coordinación de la delegada regional Mili Batalla, quien, junto con su esposo, Carlos Belmonte, organizaban a los Servidores de la Nación y contra quienes se presentó la denuncia ante la SFP.
Las verificaciones: empresas existentes o sin rastro
Animal Político obtuvo el padrón de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tras una solicitud de transparencia, y con la organización Data Cívica se enlistó a los centros de trabajo con más becarios registrados en 2019.
Con ello, se buscó a cada centro en fuentes públicas como el registro de organizaciones sociales del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), directorios empresariales, sus páginas de redes sociales y se verificó la validez de su RFC.
De una lista de 20 personas físicas y morales, siete resultaron ser asociaciones civiles debidamente registradas y que participaron en el programa para organizar talleres y capacitaciones, e inclusive respondieron a las entrevistas para contar su experiencia.
Se trata de la Fundación Esperanza de los Niños AC (con 1,377 becarios), Movimiento Urbano Por ti (797); Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo AC (581); Consejo de Organizaciones Campesinas y Empresas Rurales (564); Lalana en Acción AC; Frente Estratégico de Desarrollo Social y Agroecológico de Chiapas FEDESACH (368) y el Colegio de Agrónomos Unidos por el Desarrollo Sustentable de Chiapas A. C. (338).
Pero hubo otras siete empresas a las que no fue posible localizar, como Crecimiento Estratégico Global con Calidad S. A. de C. V., que registró 384 becarios, Jóvenes por un Veracruz Digno (377 becarios), Kuj Lajuk Ja Tijumotik Assi AC (346), Hermanos Hernández (231), Producción el Café Monte Verde (227); de las que no existe información pública en ninguna fuente, ni siquiera en redes sociales.
Mientras que las direcciones de Coordinadora Juventud y Cultura, con 358 jóvenes registrados, y Planta Purificadora de Agua San Pedro, con 221 becarios, son erróneas porque las calles no existen en las colonias o los municipios.
De hecho, la Auditoría Superior de la Federación señaló como un “riesgo” no asegurar la formalidad de los centros de trabajo, pues de 1 millón 120 mil empresas registradas en 2019, el 29% (57 mil) no presentaron RFC, al tratarse de un requisito opcional.
“(Esto) podría originar que el programa incorporara empresas informales que operan con bajos salarios, falta de cobertura de seguridad social y ocasionan inestabilidad laboral”, se alertó en la auditoría de cumplimiento forense número 374-DE.
Aunque en teoría, desde que una empresa solicita el registro para ser parte del programa, la Secretaría del Trabajo confirma su identidad y verifican su operación en tierra, pero dado el número de centros de trabajo, el desafío es mayúsculo.
En el organigrama del programa existe la figura de ‘mentores’, que son los encargados de verificar en tierra a cada uno de los centros de trabajo y pasar el reporte a sus superiores a nivel municipal que, a su vez, deben enviarlo a los encargados estatales y finalmente a la Secretaría del Trabajo que valida la información.
Según la dependencia, hay 119 ‘mentores’ en la zona norte; 116 en la región centro 1; 82 en la centro 2; 137 en la zona sur 1 y 80 en la sur 2. Es decir, 534 mentores para verificar 195 mil centros de trabajo, por lo que cada uno tiene que revisar 365 inmuebles.
Y, según los lineamientos, cada centro debe ser verificado tres o cuatro veces al año.
Estos mentores también son Servidores de la Nación, la figura creada en esta administración que lo mismo se encargó de realizar el llamado Censo del Bienestar, buscar beneficiarios de programas sociales o incluso ayudar en las brigadas de aplicación de vacunas contra COVID-19, sin que les requieran un perfil específico o capacitación para cada labor.
Francisco Briones trabajó como Servidor de la Nación para contribuir con su comunidad y al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, pero las complicaciones operativas, el uso electoral y el reforzamiento de cacicazgos locales lo hizo desertar a los pocos meses.
Explicó en entrevista que la verificación en terreno de las empresas de Jóvenes Construyendo el Futuro funciona desde una aplicación de la Secretaría del Trabajo que despliega las direcciones que deben buscar, aproximadamente 25 a la semana.
Sin embargo, la carga de trabajo es mayor cuando los municipios son de difícil acceso y con transporte público deficiente, pues para esta labor la dependencia no les da vehículo ni les paga viáticos.
Una vez llenado el formato de verificación en la aplicación, no tienen manera de ver la dirección otra vez ni corregir información, porque desaparece de su listado. En su experiencia, de sus revisiones semanales localizaba 70% y el resto no existían.
Por eso ocurren equivocaciones al verificar, como publicó Animal Político este martes, pues organizaciones no gubernamentales constituidas legalmente denunciaron haber sido sacadas del programa debido a los reportes erróneos en las verificaciones.
Explicaron que fueron dados de baja porque los mentores no encontraban a los jóvenes en el momento de la verificación, pero en varios casos éstos se encontraban haciendo actividades en el campo o en las comunidades. Y aunque entregaron documentación a la Secretaría del Trabajo para demostrar su existencia, no lograron reingresar al programa.
Otras irregularidades
Roberto, de 26 años, eligió un pequeño negocio de criadero de cerdos para ser becario en Oaxaca, pero a los dos meses de estar en el programa, la persona de la comunidad que asesoró a los jóvenes para hacer el trámite por internet —porque la mayoría no tiene computadora ni sabe utilizar la plataforma de registro—, les exigió una cooperación de 200 o 300 pesos mensuales por supuestos gastos de ayuda.
De no entregar el dinero, les dijo que los daría de baja del sistema, pues ella tenía usuarios y contraseñas, los datos indispensables para ingresar a la plataforma digital del programa, el único mecanismo de contacto con la Secretaría del Trabajo y en la que se evalúa a los centros de trabajo, se solicita cambio de ubicación o se reportar cualquier contrariedad o anomalía.
—¿Alguien denunció que les exigían dinero? —se le pregunta a Roberto.
—Los jóvenes acá están manipulados y tienen miedo de hacer una demanda o decir la verdad porque si alguno de nosotros nos quejábamos nos iban a dar de baja.
El joven pidió no publicar su nombre ni el de su comunidad porque la persona a la que se refiere es vecina y sigue pidiendo el monto para ayudar a los becarios. “No quiero hacer más grandes las cosas porque temo que me vaya a pasar algo. No cuento con recursos y no quiero salir perjudicado”.
La organización Lalana en Acción también denunció irregularidades. Envió una carta al presidente el 8 de julio de 2019, meses después de haber iniciado el programa, aunque no ha tenido ninguna respuesta después de dos años.
“Los jóvenes inscritos en otros centros de trabajo reciben sus apoyos sin recibir ninguna capacitación, hay acuerdos entre el tutor y el becario pues la mayoría son familiares. Solo van a tomarse la foto el día de la evaluación, otros son utilizados como trabajadoras del hogar, y muchos más sin ninguna clase de actividad”, señalaron en la carta.
La intención de denunciar, según explicaron en el documento, era que atendieran y corrigieran la mala utilización del programa, pues los jóvenes estaban de por medio.
“De por si tenemos una situación bastante complicada en la región por los conflictos entre cárteles, no ha habido semana que no aparezcan descuartizados, balaceados y desparecidos en nuestros pueblos, por ello nuestra preocupación con los jóvenes pues son presa fácil de actividades del crimen organizado y venta de drogas. Tienen dinero fácil ahora por el apoyo del programa, pero ¿cuando ya no lo tengan que será de ellos y de nosotros los ciudadanos?”.
La presidenta de la organización Lalana en Acción también denuncia que en octubre de 2019, cuando más de 500 jóvenes estaban a unos meses de terminar su primer año de beca, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Santiago Jocotepec, Oaxaca, la buscó para pedir “su apoyo” en la elección.
“Me dijo que condicionáramos a los jóvenes para que votaran por él. Si le echaba la mano con los jóvenes que teníamos, después nos iba a dar un apoyo”, relata Elena en entrevista. Ella rechazó la propuesta.
Al poco tiempo empezaron a tener problemas con su registro en la plataforma del programa. “Nos dejaron un aviso de que pasaron al domicilio y que no estábamos. Envié un correo a la Secretaría del Trabajo para que volvieran a venir, pero no volvieron”.
Desde entonces, Lalana no está habilitada en la plataforma para que los jóvenes pudieran escogerlo como centro de trabajo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/DATA CÍVICA.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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