La carta, firmada por los senadores Patrick Leahy de Vermont, Cory Booker de Nueva Jersey, Jeff Merkley de Oregon y Dick Durbin de Illinois fue firmada el pasado 14 de septiembre y es la continuación de una primera carta enviada el 12 de marzo, que fue respondida por Blinken el 22 de abril de este año.
Los legisladores manifiestan su preocupación al funcionario, porque no ha consultado con la embajada de Estados Unidos en México sobre casos relacionados con las fuerzas policiales mexicanas como usuarios finales de las armas de fuego exportadas por su país, cuya supervisión fue transferida al Departamento de Comercio.
En particular, se dicen preocupados por un pedido de la Secretaría de Marina mexicana para adquirir rifles automáticos Sig Sauer por valor de 5,5 millones de dólares. Señalan que los marinos están implicados en desapariciones forzadas y torturas y que no existen controles adecuados sobre los usuarios finales de las armas.
“Dada la extensa documentación de la infiltración generalizada de las fuerzas policiales mexicanas por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades, esperábamos que los Departamentos de Estado y Comercio establecieran mecanismos para garantizar que las armas de fuego estadounidenses no contribuyan a estos delitos”, aseguran.
“También nos preocupa la evidencia de que las armas de fuego exportadas por Estados Unidos continuaron siendo transferidas a las fuerzas policiales estatales en los estados mexicanos de Guerrero y Tamaulipas, después de que esas fuerzas estuvieran implicadas de manera creíble en desapariciones forzadas y masacres”, precisan los senadores.
Si bien señalan que en su respuesta Blinken les dijo que las licencias para la exportación de armas de fuego a México deberían identificar a los usuarios finales, no especificó si fue el caso de las armas enviadas en 2015 a las policías de Guerrero y Tamaulipas.
“Tenemos entendido que la Oficina de Asuntos Político-Militares fue informada en 2017 que armas de fuego de origen estadounidense estaban en posesión de las fuerzas policiales en el momento de las desapariciones de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero”, en alusión a los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En ese sentido, recriminan al Departamento de Estado no haber notificado al Congreso estadounidense sobre una posible infracción del uso final, que hubiera podido derivar en que las sucesivas transferencias a México requirieran una exención presidencial.
“Lo instamos a comenzar de inmediato una revisión de todas las licencias existentes para la exportación de armas de fuego a México para uso de la policía y la Armada de México, emitidas por la Dirección de Controles de Comercio de Defensa (DDTC) antes y desde marzo de 2020”, así como suspender las licencias en las que se identifiquen como usuarios finales a la policía o las fuerzas navales implicadas “de manera creíble” en violaciones graves a los derechos humanos, en la colusión con organizaciones criminales o en las que se no identifique con precisión a dichos usuarios.
Los senadores incluyen en su petición una licencia para la exportación de más de un millón de dólares en rifles automáticos notificada al Congreso a fines de diciembre de 2020 y otra similar para uso del Ejército y la Marina de México notificada en julio de 2021.
Preguntan si el Departamento de Estado avisó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) sobre las restricciones a la policía y a los usuarios finales de unidad militares en materia de armas de fuego.
También preguntan cuándo se enteró la embajada estadounidense y otros funcionarios sobre la venta de armas de fuego para las policías de Guerrero y Tamaulipas y si se tomaron medidas para evitar que el armamento terminara en sus manos.
“En un estudio de 2019, más del 65% de los detenidos durante un período de diez años dijeron que sufrieron torturas mientras estaban bajo custodia de la Marina, incluidas asfixia, descargas eléctricas, quemaduras y violación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió el año pasado un hallazgo de la responsabilidad de la Marina por 27 desapariciones forzadas en 2018″, mencionan.
Critican que el Departamento de Comercio emitiera un cambio de regla en diciembre de 2020 para facilitar las exportaciones a México, bajo una Autorización Comercial Estratégica de Excepción de Licencia (STA) que eleva al país como socio comercial de bienes sensibles y lo exime de identificar a los destinatarios finales de los envíos de armas de fuego con licencia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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