En la troca de una de ellas, aterrorizados, hay un puñado de migrantes, casi todos guatemaltecos. Detrás, pisándoles los talones, un convoy de policías formado por un pick-up de la secretaría de Seguridad del Estado, tres blindados de los GOPES (Grupo de Operaciones Especiales) conocidos como Mamba Negra y otros dos pick up. Los agentes hacen uso de sus armas y alguno de los perseguidos alcanza a llamar a sus familiares: “nos están disparando”, relatan.
Será la última comunicación de su vida. Es 22 de enero y pasan algunos minutos de las 10 de la mañana. Estamos ante el inicio de la masacre de Camargo, la mayor matanza de migrantes perpetrada en México en los últimos años.
Poco después de la persecución aparecen calcinados los cuerpos de 19 personas: 16 son migrantes guatemaltecos, otro es salvadoreño y otros dos son mexicanos que trabajan ayudando a los indocumentados a cruzar la frontera. Entre las primeras víctimas identificadas están los mexicanos Jesús Martínez Guerrero y Daniel Pérez Quirós, quienes trabajaban cruzando migrantes irregularmente a EU. También dos guatemaltecos, Elfego Roliberto Miranda Díaz, de 24 años, y Marvin Alberto Tomás López, de 22. En los días posteriores se harán públicos los nombres del resto de fallecidos. El estado en el que quedó la Chevrolet Silverado es ejemplo de la violencia desatada, ya que presentaba 113 impactos de bala (8 en el costado derecho, 74 en la parte posterior de la caja, 8 en el costado izquierdo, 6 en el capacete y 17 más en el área de la cabina). Los dos vehículos fueron completamente quemados.
La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, que investiga los hechos, está segura de que los policías estatales los persiguieron, tirotearon y calcinaron, para luego intentar ocultar las pruebas. Para llegar a esta conclusión se basan en diversos indicios: los relatos de 4 testigos, 8 casquillos de bala encontrados en la zona, la geolocalización de uno de los vehículos policiales y de los celulares de cada uno de los imputados y pruebas de que las armas asignadas a los agentes habían sido utilizadas.
Este es el relato de los hechos que los investigadores presentaron ante el juez. Animal Político tuvo acceso a las audiencias iniciales celebradas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los días 2 y 8 de febrero, de la que Vice News ya adelantó parte de su contenido. En ellas, los agentes fueron vinculados a proceso y enviados a prisión hasta que se retomen las sesiones el próximo 8 de octubre. Los policías no han admitido su participación y en aquellas audiencias rehusaron hablar sobre el día de la masacre. La investigación se centra por ahora en el quién, pero no aborda una cuestión fundamental: por qué hombres y mujeres vulnerables que buscaban una vida mejor fueron asesinados cuando estaban cerca de cruzar la frontera.
Jorge Chavarria Bárcenas, Hector Javier Alfaro Acuña, Ismael Vázquez León, Carlos Rodríguez Rodríguez, Jorge Alfredo Castillo Miranda, Williams Figueroa Medellin, Jose Luis Lopez Morales, Cristian Eduardo Gonzalez Garcia, Horacio Quirós Sanchez, Mayra Elizabeth Vazquez Santillana, Horacio Rocha Nambo y Edgar Manuel Antonio son los agentes vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. De ellos, Vázquez Santillana, Quirós Sánchez y Castillo Miranda están adscritos a la dirección de operaciones, mientras que el resto forman parte de los GOPES (Grupo de Operaciones Especiales), un cuerpo de élite que contó con entrenamiento de Estados Unidos y la secretaría de Marina y que ha sido señalado por diversas vulneraciones a los derechos humanos. Otros 9 oficiales del mismo cuerpo policial están en busca y captura por los mismos hechos. Además, dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete policías del municipio de Escobedo (Nuevo León), están vinculados a proceso dentro de otra carpeta, que investiga la FGR, y que está centrada en la trama de tráfico de personas.
Lo que dicen los testigos
Los cuerpos calcinados aparecieron el 22 de agosto en una zona apartada del municipio de Camargo. Las investigaciones, sin embargo, parten de las denuncias presentadas por familiares de Jesús Martínez Guerrero y Daniel Pérez Quirós, las víctimas mexicanas. El segundo habló con un primo horas antes de la masacre y le dijo que estaba cerca de Camargo pero que “había mucha ley”. Posteriormente, en mitad del tiroteo, llegó a llamar a su esposa y le dijo “que los policías estaban tirando balazos”. Al día siguiente vieron la camioneta calcinada y supieron que había muerto.
Los testimonios son una pieza clave de la acusación armada por la FGE contra los 12 policías. Hasta 4 personas declararon ante las autoridades haber visto las camionetas azules persiguiendo a los migrantes o disparar contra ellos, escuchar las detonaciones o ver posteriormente los incendios provocados por los vehículos ardiendo. Todos estos testimonios fueron citados por la fiscal Artemisa De Jesús Castillo García, aunque ninguno tuvo que ratificar sus palabras en la audiencia. Animal Político conoce las identidades de todos ellos pero decidió no publicarlas por motivos de seguridad.
El primer relato refiere haber escuchado una detonación y observa dos camionetas, una azul y otra blanca, perseguidas por el convoy policial. “En una de estas iban personas indocumentadas que querían escapar porque estaban asustadas. Después, bajó una camioneta azul y decían que ahí venía la ley. Salieron rápido, pero las camionetas de los azules ya iban atrás de ellos tirando balazos. Las camionetas en las que venían los mojados era una blanca de caja y otra azul, pero solo le disparaban a la blanca”, dijo el testigo, según la fiscal.
Un segundo testigo asegura haber visto las camionetas y los blindados de la policía estatal para después escuchar detonaciones por alrededor de media hora. Uno de los policías, encapuchado, llegó a preguntarle si estaban en Tamaulipas o en Nuevo León.
El tercero de los testigos relató que, tras escuchar disparos, se escondió en su casa, donde se encerró. Desde ahí observó mucho humo, hasta que llegó una mujer policía, cubierta con cubrebocas, que le preguntó si alguien había ido a esconderse en su casa.
El último relato señala haber visto el convoy de policías dirigiéndose al lugar, sin haber presenciado los disparos o la persecución.
Para la fiscal, el “valor probatorio” de estos testigos es que “son coincidentes entre sí”. “Lograron apreciar una persecución entre policías y civiles, más precisamente entre camionetas blindadas color azul, camionetas blancas con azul y camionetas con civiles a bordo, una de ellas una camioneta blanca que llevaba indocumentados. Lograron ver también los disparos de arma de fuego que realizaron los policías uniformados y posteriormente apreciaron el fuego de estas camionetas. No lo refiere solo uno. Lo refieren dos, lo refieren tres”, dijo.
Lo que dice la geolocalización
La geolocalización de los vehículos y las sábanas de llamada de los agentes es otra prueba clave para la fiscal. Por una parte, solo una de las seis unidades, la 1295, disponía de aparato que permite su seguimiento. Y el mapeo de coordenadas lo ubica entre las 10.19 y las 10.39 en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, colindante con Camargo, justo el lugar en el que se desarrollaron los hechos. Posteriormente, el vehiculo permaneció estático durante 39 minutos, para luego desplazarse hacia Reynosa, municipio ubicado a 47 kilómetros al este. “Este registro es a escasos metros del lugar donde se ubicaron los cuerpos sin vida”, dijo la fiscal. Por último, la unidad regresó a Díaz Ordaz a las 14.00 horas, y allí permaneció hasta las 21.00. El vehículo estaba ocupado por dos oficiales: Mayra Elizabeth Vázquez Santillana y Jorge Alfredo Castillo Miranda. En su informe policial homologado, la funcionaria aseguró que los elementos llegaron al lugar de los hechos sobre las 14.00 horas, alertados de un posible enfrentamiento. Para la Fiscalía resulta sospechoso que omitiera que, según la geolocalización de su propio auto, ella había estado ahí cuatro horas antes, justo en el momento en el que se desató el tiroteo.
La sábana de llamadas de los celulares de los doce policías son también un indicio clave para la FGE. Según detalló en la audiencia, los teléfonos de todos los agentes emitieron señales entre las 10 y las 11 desde el repetidor de Lucio Blanco, ubicado en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz.
Lo que dice la balística
La balística es también otro indicio que la FGE esgrime contra la policía. Según señaló la fiscal en la audiencia, en una inspección realizada el 24, dos días después de la masacre, encontraron nueve casquillos de bala: una de arma corta y otras ocho de arma larga. Esto lleva a pensar a los investigadores que los policías hicieron desaparecer los restos de la balacera para dificultar las pesquisas, ya que solo uno de los vehículos tenía 113 impactos de proyectil.
Las pruebas realizadas a las armas adscritas a cada uno de los elementos acusados señalaron que todas ellas habían sido percutidas recientemente.
Destrucción de pruebas
La FGE cree que los policías persiguieron, asesinaron y quemaron a los migrantes. También, que intentaron ocultar las pruebas. Para ello se basa en el informe policial homologado firmado por Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, que es quien se encontraba al mando. En él se asegura que los oficiales llegaron a la zona a las 14.00 horas alertados por un enfrentamiento. Según esta versión, un hombre de unos 50 años que no quiso identificarse fue quien dio el aviso de que se había producido un tiroteo. Además, se señala que en uno de los vehículos de las víctimas se encontraron dos armas calcinadas.
“Los ahora imputados alteraron, modificaron, destruyeron, perdieron indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados en este caso con el hecho delictivo, con la privación de la vida de las 19 personas”, dijo la fiscal Artemisa De Jesús Castillo García.
Las audiencias se celebraron los días 2 y 8 de febrero y las investigaciones han avanzado desde entonces. Los policías siguen en prisión y tendrán que defender su inocencia en las sesiones que se celebren a partir del próximo 8 de octubre. Hasta el momento, ninguno ha reconocido su participación en los hechos y sus abogados defensores insisten en que las pruebas no se sostienen o fueron obtenidas por medios irregulares.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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