El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio pasado, Tomás Zerón de Lucio, mostró a FRS alias ‘El Cepillo’ -a quien presentó como el grupo que asesinó e incineró a los 43 estudiantes de Ayotzinapa- videos con declaraciones hechas dos meses antes por otros acusados en el caso, con el fin de hacer coincidir los testimonios.
Así lo revela este martes el diario Milenio a través de un reportaje del periodista independiente Témoris Grecko, en el que enfatiza que durante el interrogatorio y tortura del presunto líder criminal del cártel Guerreros Unidos, Zerón de Lucio “dictó” la llamada “verdad histórica” del exprocurador general, Jesús Murillo Karam.
El gobierno de Enrique Peña nieto le dio ‘carpetazo’ al caso en 2015, con la instauración de la llamada “verdad histórica” que limitaba la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda y al cártel Guerreros Unidos. Ello, sin tomar en consideración las evidencias que apuntaban al involucramiento de las fuerzas estatales, federales y el Ejército en los hechos, ya sea por acciones directas u omisiones deliberadas.
Grecko reseña este martes que tuvo acceso a varios videos en los que aparece ‘El Cepillo’, ‘El Chereje’ y otros testigos que rindieron sus declaraciones bajo amenazas. En las capturas de pantalla dadas a conocer, se demuestra que al menos a cinco imputados con los ojos y oídos vendados lo que constituye “privación sensorial” o “tortura blanca”.
Este método fue utilizado con los presos de la cárcel que Estados Unidos instaló en su base de Guantánamo, Cuba. La Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado esta práctica.
El pasado 23 de septiembre, el diario dio a conocer que el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa en las que se puede observar torturas por parte de funcionarios públicos.
En julio del año pasado, se dio a conocer un video en el que se observa cómo Zerón interrogó y torturó a FRS, alias ‘El Cepillo’, para que apuntalara la llamada “versión histórica” en torno a que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan.
En el vídeo de la tortura, ‘El Cepillo’ aparece con la cara tapada, sentado y esposado. En un momento dado Zerón le espeta: “A la primera mamada que me digas, te mato güey“.
Por esto, el 23 de abril de este año la Fiscalía General de la República (FGR) giró una nueva orden de aprehensión contra el extitular de la AIC, por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
El exfuncionario se encuentra en Israel, por lo que el presidente López Obrador envió una carta al primer ministro de ese país, Naftali Bennett, con el fin de lograr la extradición de Zerón, quien fue encargado de las investigaciones y es señalado por haber participado en el encubrimiento del caso a cambio de un pago que le permitió robarse más de mil millones de pesos de la extinta PGR.
En su reporte de este martes, Grecko revela que al final de esta sesión de interrogatorio/tortura, ‘El Cepillo’ fue llevado a otra oficina donde, con la misma vestimenta y un chaleco rojo, respondió “dócilmente a las preguntas de una mujer para prestar la confesión como se la piden”.
Menciona que el caso de AGR, alias ‘El Chereje’ tiene relevancia particular. El 28 de octubre de 2014, Zerón sacó de manera ilícita de los separos a este testigo, lo trasladó en helicóptero, lo torturó, y en las orillas del río lo obligó a señalar una serie de bolsas, sin que se siguieran los procedimientos que ordena la ley.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el periodista señaló que este miércoles se publicará la tercera parte de la investigación, que demuestra cómo se fue fabricando la llamada “verdad histórica”, calificada por las madres de los normalistas como “mentira histórica”.
“Simular una investigación, simular que había interés por encontrar a los estudiantes desaparecidos y en realidad crear un artefacto de complicidad, de encubrimiento, de qué es lo que pasó en esos días. Por eso, lo más importante es saber que pasó con los estudiantes, pero también es muy importante castigar a los funcionarios públicos que traicionaron sus obligaciones, que traicionaron la confianza que depositamos los mexicanos en ellos para hacer esta simulación”, mencionó.
Destacó que el expediente “es un gran testimonio de la corrupción en México”, de un sistema de justicia que garantiza impunidad a aquellos que la puedan comprar. “Había agentes del Cisen en cada una de las sesiones de interrogatorio, había militares, marinos, gente de la PGR”, comentó, al tiempo que destacó la tranquilidad con la que realizaban delitos graves como la tortura, que no prescribe.
Sin embargo, mencionó que en las declaraciones forzadas de los testigos hay muchas incoherencias.
Consideró que la participación de los militares en los hechos es una asignatura pendiente que se debe atender de inmediato, porque si bien ya han sido interrogados algunos soldados y fue aprehendido el capitán Martínez Crespo, se trata de la “pieza más débil” de la cadena.
De acuerdo con el periodista, las declaraciones del testigo llamado “Juan”, que presuntamente formó parte del grupo de civiles armados que intervino, señalan que los estudiantes fueron interrogados en el cuartel del 27 Batallón y que a “algunos de ellos los mataron ahí mismo”. Posteriormente fueron entregados a policías municipales que los llevaron hacia su desaparición.
“Esta es una acusación extremadamente grave contra el ejército mexicano, pero el jefe del 27 Batallón, que entonces era coronel ahora es general, José Rodríguez Pérez, y su superior inmediato, que era el comandante de la zona militar 35, el general Saavedra Hernández, no sabemos si han sido llamados a declarar”, dijo.
Témoris Grecko considera que la resolución del caso es una prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque se pregunta si “tiene el poder para forzar a los militares a aceptar la supervisión que por mandato constitucional es prerrogativa del fuero civil sobre sus altos oficiales”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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