Hasta el momento hay emitidas 22 Alertas de Violencia de Género contra las mujeres en el país. Los estados en los que se inició han sumado más municipios y, en otros casos, se han hecho especificaciones. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la herramienta es necesaria, pero persisten carencias en su implementación.
En total son 40 municipios en los que se ha establecido la Alerta de Violencia de Género, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Gobernación (Segob). Se trata de un mecanismo que fue impulsado por mujeres organizadas para proteger sus derechos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con una revisión realizada por SinEmbargo, en esos 40 municipios, desde 2015, se tienen contabilizados 885 feminicidios. Los datos, revisados a nivel municipal con corte a septiembre de 2021, muestran que no hay una tendencia a la baja en este tipo de agresión.
Sólo en seis municipios, Monterrey, Ecatepec, Veracruz, Xalapa, Morelia y Chimalhuacán se concentraron 300 casos de feminicidios en seis años.
Estos son los datos por municipio, aunque pueden ser más, ya que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio detectó, justo en la supervisión de la implementación de la Alerta de Género, que la carencia de protocolos tiene como consecuencia, por decir un solo ejemplo, que muertes catalogadas como suicidios sean en realidad feminicidios.
En la implementación de la Alerta intervienen los tres niveles de Gobierno: la Segob es la encargada de dar un seguimiento a las acciones y revisar que se hagan investigaciones adecuadamente focalizadas. Otras medidas recaen en las fiscalías y procuradurías. Al gobierno de la entidad le corresponde establecer las medidas de prevención que van para los municipios y ahí se planean las medidas de seguridad, ya que es de ahí donde se ubican los puntos en donde se agrede a las mujeres o en donde desaparecen.
Pero no son sólo esas tareas, sino también crear acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio, comentó en entrevista que hay medidas que se establecieron en esos seis estados que hasta el momento no se han establecido y no se ha fijado ni una sola sanción o llamada de atención de parte del Gobierno federal.
Con una Alerta de Género mal implementada se carece de una atención integral a víctimas de violencia sexual, en donde no se les permite la interrupción del embarazo; hay procesos de dilación y terminan convirtiéndose en casos de embarazos forzados.
Pero ocurre otro fenómeno con las Alertas, de acuerdo con Luz Estrada, ya que mientras las y los gobernantes no supervisan las medidas que están obligados a trabajar, funcionan para rendir cuentas sobre lo que hacen para proteger la vida de las mujeres.
“Se debe atender la gravedad de las violencias y las alertas las descalifican, dicen que no sirven. Pero las alertas de violencia son un cuestionamiento a la ineptitud de los gobiernos para garantizar una vida libre de violencia y entonces a ningún gobierno le gusta que le digas ‘ no están previniendo’ o ‘no están investigando’; no hemos podido quitar ese estigma”, comentó.
De acuerdo con el trabajo del Observatorio, lo que se ha encontrado es que los funcionarios no viajan siquiera a los municipios y no entrevistan a víctimas y hay deficiencias en los grupos de investigación integrados por académicas que no tienen experiencia.
LOS DATOS POR ESTADO
Estado de México
El Estado de México fue el primero a quien se decretó la alerta; en total fueron 11 municipios, siendo Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán los más letales para las mujeres.
De acuerdo con los datos de incidencia delictiva del fuero común de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), en 2015, que es cuando inicia la Alerta, se registraron 33 feminicidios y para 2019 la cifra subió hasta 67 delitos; el año con el menor número de casos fue 2017, con 29, pero esa cifra no logró mantenerse. Para lo que va de 2021 se tiene un registro de 42 feminicidios.
Los municipios más peligrosos son Ecatepec (62 feminicidios) y Nezahualcóyotl (36 feminicidios).
Morelos
En el caso de Morelos, solo cuatro municipios tienen la alerta. En el lapso revisado se contabilizaron 68 feminicidios, de los cuales, el 50 por ciento ocurrieron en Cuernavaca.
Michoacán
De los seis estados que tienen más tiempo con la Alerta de Género, Michoacán es el que menos feminicidios registra, pero con los años el número es constante: inició en 2015 con 5 feminicidios y 2020 lo concluyó con 11 delitos de este tipo.
Veracruz
La violencia que se ha vivido en Veracruz en los últimos diez años se reflejó también en las agresiones a mujeres. Para 2017 tuvo la cifra más alta de feminicidios, con un total de 40 únicamente en los nueve estados con alerta.
Los municipios Xalapa y Veracruz fueron los que tuvieron los números más severos; el primero con 43 casos de feminicidio y el segundo con un total de 52.
Chiapas
En lo que respecta a Chiapas, son cinco municipios los que tuvieron Alerta de Género desde 2016. Ocurre lo mismo que con Morelia: aunque las cifras son menores en comparación con otros estados, no se observa una clara tendencia a la baja.
Nuevo León
Finalmente está el caso de Nuevo León, que tuvo también desde 2016 siete municipios con Alerta. La tendencia con los años es sorpresiva, ya que en 2015 registró un solo feminicidio en Juárez; en 2016 subió a dos, pero para 2017 la cifra fue de 22 y en 2018 de 51 delitos de feminicidios. La cantidad de delitos se mantuvo en los siguientes años con 44 feminicidios en 2019 y 47 en 2020.
Sin embargo, ante la falta de una correcta implementación de la Alerta y de todo lo que conlleva, las cifras de feminicidios pueden ser aún más alta.
Hasta el momento hay 22 Alertas de Violencia de Género contra las mujeres; los estados que iniciaron han sumado más municipios y en otros casos se han hecho especificaciones de la Alerta para municipios con predominante población indígena. De acuerdo con el Observatorio, la herramienta es necesaria pero persisten las carencias en la implementación.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
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