Este viernes, la FGR informó la vinculación a proceso de dos exmandos policiacos estatales que participaron en el operativo cuyas acciones y omisiones “produjeron el homicidio de seis y las lesiones de 28 civiles, que fueron perpetrados por los elementos policiales que acudieron armados”.
Aunque la Fiscalía sostiene en el comunicado que hubo seis personas asesinadas, en realidad se trata de ocho víctimas, como documentó Animal Político en la cobertura y como se reconoció oficialmente en las indagatorias posteriores.
Entre las víctimas están un joven de 19 años que quería ser sacerdote, un taxista y Anselmo Cruz, un comerciante de 33 años, que murió en los brazos de su hermano. “No sé cómo pudo hablar, pero me alcanzó a decir ‘te encargo a mis hijos’ y se desmayó”. Los doctores intentaron salvar su vida, pero no pudieron”, narró José Luis Cruz.
Los exmandos vinculados a proceso, es decir, que enfrentarán un juicio, son Juan N, ex Director de la División de Fuerzas Estatales de Oaxaca, quien ordenó que los elementos participantes en el operativo acudieran armados; y Carlos N, ex Director del 9° agrupamiento de la Coordinación de Alerta y Reacción Inmediata, por las omisiones en que incurrió durante el operativo, al no girar instrucciones adecuadas.
En 2016, como parte de las protestas contra la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, maestros y pobladores afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un bloqueo en la carretera de Nochixtlán Oaxaca el 14 de junio y cinco días después, policías estatales y federales emprendieron un operativo para “liberar la carretera”.
Según la versión oficial presentada entonces por el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, sostenía que los policías habían actuado siempre de forma “pacífica y dialogada”, y que un grupo de los policías vivieron “prácticamente una emboscada” por parte de “grupos radicales”, que dispararon lo mismo a policías que a habitantes de Nochixtlán, pero sin ofrecer pruebas.
Animal Político hizo una cobertura periodística en el lugar que reconstruyó lo ocurrido en las horas del operativo, a través de más de una veintena de testimonios de testigos presenciales, documentos y material videográfico y pudo demostrar que los pobladores llevaban solo palos y piedras durante el desalojo, mientras que los disparos habían provenido del lado de los policías.
Incluso, los testimonios también desmintieron la versión oficial sobre los primeros 23 detenidos el día del operativo, pues 18 de ellos fueron sacados de un entierro que se realizaba en el panteón a un lado de la carretera donde ocurrió el enfrentamiento.
Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ningún tipo de reparación de daño contra los agraviados pese a los cabildeos en la Secretaría de Gobernación y con senadores que tuvieron en los meses siguientes.
En julio de 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y determinó que el operativo estuvo integrado por 850 elementos (400 de la Policía Federal, 400 de la Policía estatal y 50 de la Agencia estatal de investigaciones de Oaxaca). Al frente iban “seis policías estatales a bordo de una patrulla”, portaban “5 armas largas calibre .223 milímetros y 6 armas cortas, tipo pistola calibre 9 milímetros”.
Sin embargo, los mandos estatales a quienes se les iniciará juicio son los primeros en enfrentar la justicia, luego de la investigación coordinada por agentes del Ministerio Público Federal, peritos, policías y analistas de información, obtuvieron el estudio balístico de centenares de armas de fuego, de entrevistas a elementos policiacos, y de dictámenes periciales, entre otros cientos de diligencias, informó la Fiscalía.
Pero aún falta, por ejemplo, determinar las responsabilidades del agrupamiento federal que participó, la desaparecida Gendarmería, entonces a cargo de la Policía Federal, pues la PGR informó entonces, que analizaba las armas de todos elementos que participaron en el operativo: 5 largas y 6 cortas de la policía estatal; 22 armas largas y 32 cortas de la División de Gendarmería y las 15 armas cortas y 9 armas largas de la División Vial de la policía estatal.
La investigación fue iniciada en lo local, a través de Javier de la Fuente, fiscal especial para el caso Nochixtlán, pero el peritaje inició cinco días después del enfrentamiento, por lo que las evidencias quedaron sin resguardo y, en algunos casos, fueron sepultadas, arrastradas o borradas por la lluvia.
Debido a ello, los peritos de la Fiscalía de Oaxaca que acudieron a Nochixtlán el 24 de junio solo pudieron recuperar una bala 9 milímetros (sin casquillo), y tres casquillos calibre .223, para armas largas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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