Actualmente hay dos sospechosos vinculados a proceso y otras cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ser ejecutadas. Además, se han desarrollado diversas jornadas de búsqueda, sin éxito. “Ya están identificadas las personas. Se ha ubicado donde están estas personas. Lamentablemente la inacción en cuanto a órdenes de aprehensión forma parte de la complicidad de las instituciones”, dijo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Hasta el momento hay dos detenidos que ya han sido vinculados a proceso, según explicó el abogado Rogelio Telis García. Se trata de Juan Carlos “N”, alias El Brillo, y Felipe “N”, alias La Yegua. También hay órdenes de aprehensión contra un expolicía ministerial, Baltasar Cardona Clavel, y un comandante de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones Estatales de Guerrero), Pedro Santos Pinos, así como contra Jorge Eduardo García Ramírez, alias El Junior y José Luis Carrera Vázquez, alias El Galleta.
“No entendemos por qué se han ejecutado las órdenes”, se queja Telis García.
Animal Político consultó con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
La historia de esta desaparición es la síntesis de muchos de los conflictos enquistados en Guerrero. Vicente Suástegui fue integrante del Cecop y uno de los principales opositores a la presa La Parota desde principios de este siglo. Su hermano Marco Antonio era vocero de la misma organización y entre 2014 y 2015 estuvo en prisión acusado de un robo que él siempre negó haber perpetrado. De hecho, las organizaciones sociales que acompañan a los comunitarios siempre consideraron que se trataba de un castigo por su activismo social.
Tras años de activismo, Vicente Suástegui se trasladó al Acapulco rural para vivir con su familia alejado de las tensiones de los últimos años. Atrás quedaba, por ejemplo, su detención, junto a su hermano, tras los enfrentamientos entre policías comunitarios, civiles armados y policías estatales ocurridos el 7 de enero de 2018 en La Concepción. Ahora su vida iba a dedicarse al taxi. Sin embargo, no logró la tranquilidad que buscaba con su desplazamiento interno.
Desde que abandonó su comunidad en 2019 hasta su desaparición en el mes de agosto, Suástegui fue hostigado por miembros de la UPOEG, que le acusaban de no dejar ser revisado en los controles. Además, la policía estatal y la Marina le realizaron cateos tras acusarlo de vender droga, algo que nunca llegó ante un juez.
El 5 de agosto Suástegui estaba manejando su taxi cuando fue capturado por hombres armados. Según la versión que aparece en la carpeta de investigación, hay testimonios de un forcejeo y de que sonó un disparo.
Organizaciones apoyan a la familia
“Esto no es un hecho aislado, es debido a las actividades que realiza en las últimas dos décadas, defendiendo bienes naturales”, dijo su hermano Marco Antonio en conferencia de prensa. Junto a él se encontraban organizaciones de Derechos Humanos como Tlachinollan, Fundar o la Red TDT Todos los Derechos para Todos.
La hipótesis que barajan los investigadores es que integrantes de la delincuencia lo capturaron para entregarlo al comandante de la UPOEG cuya captura se ha solicitado.
“Días antes del 5 de agosto, una persona llamada Jorge Eduardo Gracia Ramirez, el Junior, manda citar a Valenzuela, El Balda y el Yegua, tienen que levantar a tres personas, entre las que está Vicente, a las que acusan de venta de drogas o ir de chapulines”, dijo el abogado Telis García. Según esta misma declaración, la víctima habría sido entregada a Santos Pinos, conocido como Comandante Pino, que habría acabado con la vida de Suástegui y lo habría enterrado a 300 metros de Metlapil, en una zona conocida como El deshuesadero. Aunque esto último el testigo dijo no tener constancia directa.
A pesar de que las órdenes de aprehensión están firmadas todavía no se han producido las cuatro capturas pendientes. “Más de 80 personas están reportadas como desaparecidas ante la FGE recientemente”, dijo Barrera, quien denunció que “no hay investigaciones que pudieran contener la avalancha delincuencial”. “Hay actores armados que están interviniendo y no hay acción que los ponga en orden”, dijo.
“Vicente es un defensor de derechos humanos, de campesinos, tiene que aparecer con vida”, dijo Marco Antonio, su hermano, quien consideró que los últimos 60 días han sido “de mucho sufrimiento”. “Estamos viviendo el infierno mismo”, afirmó.
Guerrero tiene registradas 3 mil 613 personas desaparecidas según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda. Recientemente se cumplieron siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este mes también se cumplen dos años de la desaparición y posterior asesinato de Arnulfo Cerón Soriano.
La familia de Suástegui teme que la falta de acción de las autoridades lleve al caso a convertirse en un nuevo ejemplo de impunidad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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