Rosales reveló que en la última reunión que sostuvieron el pasado 24 de septiembre con el presidente López Obrador, “nos la dio a conocer, pero obviamente nosotros no la hicimos pública, porque consideramos que son elementos que pueden contribuir. Ahí se mencionan nombres que todavía no están procesados; se está dando información que se puede cruzar, que se puede hilar con otros elementos de prueba que haya. Una información que haces pública ya se compromete y pone en riesgo total la investigación”.
El también abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresó: “en el ocultamiento de esta información, porque se creó la Covaj en 2018, se emitió un decreto por el Presidente (López Obrador) que obliga a todas las instituciones en el marco de su competencia, a colaborar con la investigación, y estamos hablando ya de este gobierno, porque la primera omisión que se tuvo se dio en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto”.
“¿Qué interés puede tener la institución armada para no haber dado esa información, cuando era su obligación darla? Está cometiéndose un delito; debieron actuar, ellos (los soldados) tuvieron la información el día 26 de septiembre (de 2014) cuando estaban persiguiendo los hechos. Su obligación constitucional los obliga ante la comisión de un delito flagrante a actuar, pero no se hizo.”
Es probable que el Ejército “tenga mucha más información de la que hoy nos está dando. Debe abrirse una investigación seria, objetiva, exhaustiva contra elementos del Ejército Mexicano en todos sus niveles; ya no sólo estamos hablando del 27 Batallón de Infantería, sino de otros niveles del Ejército, y saber por qué se ocultó esta información importante y por qué se omitió el día de la desaparición de los jóvenes”.
AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA.
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