En la segunda entrega de auditorías a la Cuenta Pública 2020, la ASF señaló que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), encargada de implementar el programa, no aclaró el ejercicio de 134 millones 488.7 mil pesos en acciones de reconstrucción.
Pero no solo eso. En la auditoría de cumplimiento 256-DS, la ASF señaló que la Conavi, que es un órgano descentralizado de la Sedatu, tampoco ha solventado el destino de 225 millones 294.5 mil pesos que fueron observados en la auditoría anterior, correspondiente a la Cuenta Pública 2019.
Esto significa que, a la fecha, el Programa de Reconstrucción, que se debía implementar en Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, acumula un ejercicio irregular de 359 millones 783.2 mil pesos, según los documentos de la Auditoría.
En esta segunda entrega de revisiones a la Cuenta Pública 2020, la ASF señaló que, para el ejercicio fiscal 2020, la Conavi llevó a cabo 12 mil 412 “intervenciones de vivienda” por un monto de 2 mil 040 millones 062 mil pesos. Las intervenciones incluyen acciones de reconstrucción total o parcial de una vivienda o reubicación (vivienda nueva).
De ese total, en 428 casos no se acreditó que se hayan concluido las intervenciones de vivienda, o bien que, tras su cancelación, se hayan recuperado los recursos, se hayan reasignado a nuevos beneficiarios o se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). El monto de estas irregularidades asciende a 130 millones 046.5 mil pesos.
La ASF encontró que hubo intervenciones en las que la Conavi hizo pagos en exceso, así como intervenciones que siguen en proceso cuando se debían concluir en julio de este año (es decir, que están en plazo vencido), o que carecen de plazos de ejecución.
Otra irregularidad detectada por la Auditoría es que, de manera injustificada, la Conavi decidió en 2020 pagar más que en 2019 a las cinco empresas contratadas para realizar la verificación de las obras de reconstrucción en 11 mil 350 viviendas de los beneficiarios.
La ASF expuso que la institución pagó a los proveedores un sobreprecio de 87.5%, al pasar de un costo unitario de 464 pesos por verificación en 2019 a uno de 870 pesos en 2020, no obstante que el precio actualizado con la inflación (que fue de 3.15%) debía ser de 478.62 pesos.
La Conavi intentó justificar que, para 2020, los proveedores tenían que hacer más trabajo durante el proceso de verificación, pero la ASF detectó que los términos de los contratos eran los mismos que el año anterior, esto es, no se justificaba el incremento de precio.
Para la Auditoría, esta irregularidad representó un daño al erario por 4 millones 442.2 mil pesos.
Las empresas implicadas son Consorcio Profesional de Vivienda S.A. de C.V.; Delta, Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V.; Groundbreaking Technologies S.A.P.I. de C.V.; Onis Vida S. de R.L. de C.V. y Grupo Portoviedo S.A. de C.V..
Estos proveedores tampoco entregaron a la Conavi las facturas que permitieran identificar a los beneficiarios de las verificaciones o el número de verificaciones realizadas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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