Documentos incluidos en la carpeta de investigación 406/2019 a los que tuvo acceso Animal Político señalan que se trató de un despliegue más amplio que inició el 18 de agosto, contó con la presencia de elementos de las fuerzas especiales de la policía estatal y del Ejército y que fue “instruido” directamente por Cabeza de Vaca.
Esto queda acreditado a través de un oficio firmado por el exsecretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el vicealmirante Augusto Cruz Morales, en el que pide apoyo al general de brigada Carlos Arturo Pancardo Escudero, comandante de la 8va Zona Militar, para que de seguridad en diversos operativos de control en Nuevo Laredo y le explica que la orden llega desde el propio gobernador.
Este informe fue aportado por la Secretaría de la Defensa cuando el Ministerio Público le solicitó documentos que explicaran cuál fue el papel de los soldados aquel 5 de septiembre.
La Secretaría de Seguridad Pública, a preguntas de Animal Político, respondió que aquella petición de apoyo se explica por los operativos permanentes implementados en Reynosa, Matamoros, Frontera Chica, San Fernando, Ciudad Victoria, Zona Conurbada Sur y Nuevo Laredo.
Según esta versión, el despliegue en la ciudad fronteriza estaba previsto para agosto de 2019, pero sus elementos registraron dos ataques por parte de la denominada “Tropa del Infierno”, sicarios pertenecientes al Cártel del Noreste. Debido a esta situación de riesgo, se solicitó la colaboración del Ejército que viene reflejada en la carpeta de investigación.
Este medio también buscó conocer la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Los documentos a los que accedió Animal Político permiten conocer más el contexto y la cadena de mando en relación a la masacre ocurrida el 5 de septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac. Ese día se produjo la muerte a tiros de ocho personas (cinco hombres y tres mujeres), que en un primer momento fue presentada por el gobierno de Tamaulipas como un enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Noreste y policías que los abatieron.
Las familias de las víctimas, que presentaron más de diez testigos presenciales, denunciaron que los agentes sacaron de madrugada a varias de las víctimas de dos domicilios y los trasladaron a un tercero, donde los torturaron, ejecutaron y disfrazaron con equipamiento táctico y armas largas.
Además, ha quedado acreditado que los policías trasladaron un vehículo blindado que pertenecía al grupo delictivo y lo dejaron frente al tercer domicilio, tiroteado, para simular un enfrentamiento. Las víctimas son Enrique Pérez Chávez, Luis Fernando Hernández Viezca, Wilbert Irraestro Pérez, José Daniel Saucedo Martínez, Juana Yatzel Graciano Magaña, Jennifer Hazel Romero López, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa y Severiano Treviño Hernández.
Actualmente hay siete policías integrantes del extinto Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.
De ellos, dos (José Rafael Pérez Villapando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre) están en prisión desde hace casi dos años, mientras que otros dos (Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal) se encuentran en busca y captura y tres (Juan Carlos Vicenzio Zuvirie, Zayra Concenpción Guevara Garza y Azariel Urbina Arguelles) siguen en libertad tras ofrecerse como testigos protegidos.
“La instrucción inmediata del Gobierno de Tamaulipas fue que se iniciaran las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y actuar contra los responsables. Es así como la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado, con la colaboración de la Propia Secretaría de Seguridad Pública, inició una carpeta de investigación y obtuvo 7 órdenes de aprehensión en contra de policías y de fuerzas especiales”, dijo la secretaría.
La cadena de mando
Los documentos incluidos en la carpeta de investigación muestran cuál fue la cadena de mando de la policía estatal durante aquel operativo, que se alargó por espacio de al menos tres semanas.
En la cúspide se encuentran el gobernador Cabeza de Vaca, que es quien lo ordena y, tras él, el vicealmirante Cruz Morales, antiguo secretario de Seguridad Pública. Se da la circunstancia de que su sustituto, el capitán José Jorge Ontiveros Molina, también aparece mencionado en la investigación.
Él fue, según testimonios recogidos por los investigadores, el oficial que solicitó una grúa para trasladar un vehículo blindado que fue aparcado en el lugar de la masacre y al que los policías dispararon para simular un enfrentamiento, según ellos mismos declararon. A pesar de estos señalamientos, ninguno de los dos ha sido citado a declarar y Ontiveros Molina, que ejercía como subsecretario de Operación Policial, en el momento de los hechos, fue ascendido como jefe máximo de la Seguridad Pública en julio de 2020.
Tras los dos responsables políticos estaría Félix Alberto Rodríguez Rodríguez, que en aquel momento estaba al frente del CAIET y actualmente dirige el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la policía estatal.
En realidad, se trata del mismo cuerpo que fue rebautizado menos de un año después de la masacre de Nuevo Laredo, pero que ejerce como grupo de élite y que recibió entrenamientos tanto de policías en Estados Unidos como de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, acusada también de perpetrar desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018.
En la investigación no ha sido citado a declarar ni tampoco se ha explicado si tuvo algún papel en los hechos, aunque es la persona al mando del grupo de operaciones especiales.
Por último, ya en terreno, el principal oficial es José Rafael Pérez Villalpando, que actualmente está en prisión por los hechos de Valles de Anáhuac.
Los documentos
El oficio clave para comprender mejor el operativo que derivó en la masacre es el SSP/00673/2019, que fue emitido el 16 de agosto y viene firmado por el vicealmirante Cruz Morales. En él solicita el apoyo del Ejército para brindar seguridad en la instalación de 3 filtros de sellamiento en las principales salidas de Nuevo Laredo, acompañamiento de unidades de reacción “para realizar operativos rastrillo” en colonias “identificadas como conflictivas” y apoyo a operativos de la secretaría de Salud, Finanzas, Protección Civil y otras dependencias.
El operativo debe comenzar dos días después y no tiene fecha de conclusión, según el documento. Además, pide que las instalaciones militares preparen un lugar para su alojamiento en los días en los que supervise directamente el operativo, así como espacio para el aterrizaje de un helicóptero y la pernocta de sus pilotos. Ese es el oficio en el que se señala que la instrucción viene directamente de Cabeza de Vaca.
Una semana después de la masacre, el gobernador anunció que pediría apoyo al FBI y a otras agencias internacionales “para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”, sin mencionar que los hechos se produjeron en un operativo que él mismo había ordenado.
La clave está en que este documento forma parte de las pruebas presentadas por la secretaría de la Defensa (Sedena) ante los requerimientos de la FGE para que el Ejército explicase su papel en aquellos operativos. Al ser interrogado sobre cuál fue su rol en los hechos del 5 de septiembre y sobre cuántos elementos castrenses estuvieron desplegados, el mando militar presentó el oficio de la Secretaría de Seguridad Pública como prueba de que ellos estaban ahí por haber sido requeridos al más alto nivel estatal.
El papel de los soldados sigue siendo una incógnita, ya que ellos siempre han alegado que solo brindaron protección perimetral a los policías pero que jamás vieron el operativo. Sin embargo, imágenes aportadas a la causa muestran que los soldados llegaron a patrullar codo con codo junto a los policías estatales.
Seguridad Pública recuerda ataques contra sus efectivos
La secretaría de Seguridad Pública explicó que la petición de apoyo al gobierno tiene que ver con los operativos permanentes implementados desde octubre de 2018 y “cuyos resultados han sido favorables para disminuir la incidencia delictiva en el estado”.
Según explicó, el primer operativo, denominado Monarca, se estableció en octubre de 2018 en Reynosa, y fue seguido por el denominado Monclova en Matamoros y Yankee en San Fernando. En agosto de 2019, fecha en la que se remite el oficio, debía iniciar el operativo Ribereña en Nuevo Laredo, con la instalación de un filtro en la carretera hacia Piedras Negras, Coahuila. Aquel día, sujetos armados identificados como miembros de la Tropa del Infierno, atacaron a los policías, matando a una oficial y provocando heridas a otro elemento.
“Una semana después de esa situación, cuando personal del grupo de operaciones especiales de la Policía estatal realizaban recorridos, como parte del operativo permanente, fueron agredidos desde una camioneta por sujetos armados. Varios de los agresores murieron en el hecho”, señaló la dependencia del gobierno de Tamaulipas. Fue a partir de entonces que comenzaron los patrullajes conjuntos.
Sobre los hechos concretos ocurridos el 5 de septiembre, la vocería de Seguridad Pública se limitó a destacar que fue la iniciativa de su gobierno la que logró que siete policías estén imputados. Además, destacó los “resultados positivos” del despliegue, que han logrado que “Tamaulipas se encuentre entre las 10 entidades del país con menor incidencia delictiva, cuando antes de 2016 estaba en los primeros lugares nacionales”.
Sin claridad sobre el operativo
Por el momento sigue sin haber claridad sobre qué ocurrió aquel 5 de septiembre y cuáles fueron las órdenes y la actuación de cada uniformado. Los documentos en poder de Animal Político muestran que los mandos se pasan la responsabilidad unos a otros y que ni siquiera llegan a decir cuántos policías estuvieron desplegados el día de la masacre.
En un oficio, el vicealmirante Cruz Morales dice a los investigadores que no puede detallar los vehículos y el armamento que usaron los integrantes del CAIET porque este es “un órgano desconcentrado con rasgos de autonomía funcional y administrativa” y que, en todo caso, será su director general quien pueda responder a estas preguntas.
Sobre quién estuvo desplegado en el lugar de los hechos, Félix Alberto Hernández Hernández, jefe del grupo de operaciones especiales señala en un primer momento a los siete oficiales que están actualmente imputados, aunque un mes después dice que no puede entregar las bitácoras o el rol que cada uno cumplía ya que los agentes “no se encuentran a disposición de este centro; así como tampoco ha sido posible su localización”.
No queda claro a quién se refiere el oficial, aunque la documentación que aparece en la carpeta de investigación prueba que hay menos policías imputados de los que participaron en los hechos. Al inicio de las pesquisas, el MP que se hizo presente en el lugar de los hechos señala que encontró al agente Pérez Villalpando (uno de los dos únicos encarcelados) al mando de otros 20 hombres. Sin embargo, solo siete fueron citados a declarar y, posteriormente, imputados.
Documentos incluidos en la carpeta de investigación señalan que el 6 de septiembre, solo un día después de la masacre, 77 oficiales de la policía estatal fueron trasladados en autobús de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria. Un día después, el propio Villalpando aparecerá en San Fernando en otro evento armado en el que, según sus informes, murieron cuatro civiles armados.
Más de dos años después de la masacre sigue la impunidad. Hay dos policías detenidos, pero más interrogantes que certezas. No hay claridad sobre las responsabilidades políticas, la cadena de mando ni acerca del papel que pudo tener el Ejército.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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