Reunidos en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, los comuneros recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó a finales del 2020 que la minera iniciara su fase de explotación y que el proyecto no cuenta con las autorizaciones del gobierno «ni mucho menos» con el consentimiento de los pueblos.
«No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades», aseguró la Unión junto con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Señalaron que «la única y válida» EIDH es la que las comunidades realizaron durante cuatro años y presentaron en 2017 a parlamentarios y aliados canadienses, a quienes informaron las violaciones a los derechos al medio ambiente, el agua y la salud, los potenciales riesgos de desplazamiento forzado y la falta de consulta previa, libre e informada por parte de la minera.
En respuesta a la EIDH pagada por la empresa, las comunidades anunciaron que nuevamente entregarán a los inversionistas «la única, válida e independiente» evaluación liderada por los afectados del proyecto minero, para reiterar que sus derechos «no son negociables ni tienen precio».
El comunicado completo:
- Es una patraña realizar un estudio pagado por la empresa; el proyecto de minera canadiense Almaden Minerals es rechazado por las comunidades
- Una EIDH financiada y elaborada por empleados de la empresa no puede ser independiente
Ixtacamaxtitlán, Puebla, a 21 de octubre de 2021. En relación a la supuesta elaboración de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) pagada y anunciada ayer por la Minera Gorrión S.A. de C.V., subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd., la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) reiteramos lo siguiente:
1. El proyecto Ixtaca es rechazado por las comunidades, no cuenta con autorización ambiental del gobierno y es inútil que insistan en su realización. La única y válida Evaluación de Impacto en Derechos Humanos es aquella que es liderada por las comunidades. Dicho análisis lo realizamos a lo largo de cuatro años y lo presentamos en 2017, tras un proceso participativo, transparente y, sobre todo, dirigido por las personas afectadas en las comunidades. Esta EIDH la entregamos a parlamentarios y aliadas canadiensesen 2017.
2. La EIDH identificó impactos negativos a los derechos al medio ambiente, el agua y la salud durante la etapa de exploración. Además, encontró potenciales riesgos de desplazamiento forzado y la falta de cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo en relación a obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades afectadas. Es por eso, entre otras razones, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó a finales del año pasado la solicitud de permiso de la minera para iniciar la fase de explotación.
3. Llama la atención que la empresa, con antecedentes de violaciones a derechos humanos y de informar con imprecisiones a sus inversionistas, se refiera en su comunicación a que en el supuesto proceso se “involucrará” a diversos actores, entre ellos a comunidades indígenas, mismas cuya existencia negaron cuando presentaron su Manifestación de Impacto Ambiental en 2020.
4. De ninguna manera aceptaremos “compensación” alguna por las violaciones a los derechos humanos que quieren cometer con su proyecto y como lo señalan en su comunicación pública.
5. Una EIDH elaborada por la empresa no puede tener un “comité independiente” si es financiado por la misma empresa y tampoco si sus empleados participan en él. No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades.
6. Ahora sí explicarán ¿por qué no recibieron al equipo implementador de la EIDH ni quisieron comentar la EIDH que realizamos en 2017? ¿Darán a conocer los resultados de la supuesta Evaluación de Impactos Sociales (Evis) que realizaron y prefirieron mantener ocultos?
7. Reiteramos que nuestros derechos humanos no son negociables ni tienen precio. Así se lo haremos saber a las y los inversionistas cuando les entreguemos a la brevedad y nuevamente la única, válida e independiente EIDH liderada por las afectadas y afectados por el proyecto Ixtaca. No cuentan con el permiso de las autoridades por más Manifestaciones de Impacto Ambiental que presenten ni mucho menos con nuestro consentimiento.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario