Según la FGR, el joven veracruzano murió por neumonía en el hospital general José Agustín O’Horán, si bien contaba con lesiones que presuntamente le infligieron policías municipales a quienes la Fiscalía General del estado (FGE) acusó de violarlo y torturarlo.
Y adelantó que inició el proceso para judicializar a tres servidores públicos de la FGE que falsearon dictámenes periciales para inculpar a los uniformados.
En su posicionamiento, emitido este viernes, el alcalde dijo que desde que se tuvo conocimiento del caso, el ayuntamiento “reiteró su compromiso con el estado de derecho en espera de que, a través de un detallado proceso de indagatorias e investigaciones, las autoridades competentes dieran a conocer el resultado”.
Barrera Concha recordó que en su momento dijo que desde su ámbito, al ayuntamiento no le correspondía investigar ni juzgar el caso.
“Que no adelantábamos juicios y esperaríamos a que las investigaciones continuaran su curso y concluyeran en su momento. Sí, en cambio, nos tocaba proporcionar toda la información disponible y solicitada”, añadió.
En el ayuntamiento –insistió-- “no hay espacio para la impunidad ni para la corrupción”, y por eso fueron “los primeros interesados en llegar a la verdad, en que sean encontrados los culpables y se proceda a juzgarlos conforme a la ley”.
Prosiguió: “La búsqueda de la justicia y la objetividad en este hecho doloroso para Mérida, nos mantuvo atentos de manera puntual en cada una de las diligencias realizadas en las investigaciones, porque los meridanos merecían conocer absolutamente los acontecimientos ocurridos”.
Asimismo, resaltó el comunicado 438/21 de la FGR, que atrajo la investigación del caso, en el que concluye: “En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”.
De acuerdo con el alcalde, “este posicionamiento de la FGR reivindica la confianza en nuestra policía municipal como una institución comprometida con la seguridad pública de quienes habitamos en este municipio, en donde absolutamente todos tenemos el derecho y las garantías para convivir de manera respetuosa y armónica”.
Destacó que en su momento se reunió con la familia de José Eduardo y expresó su más profundo pesar a la madre, Dora María Ravelo.
“Siempre tratamos este hecho con genuino respeto y con la importancia a la dignidad de las personas, acompañándolos en su dolor y reiterándoles durante todo este proceso nuestro apoyo y asistencia”, aseguró.
Y admitió que el desafortunado hecho llevó a revalorar la paz y seguridad pública y a reflexionar sobre los protocolos policíacos para elaborar y presentar en su momento una propuesta que renueve la estructura y actuación de la policía municipal en el marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
“Un programa de modernización, equipamiento y, sobre todo, capacitación para todos sus elementos. Una policía con mayor cercanía social y comunitaria que continúe operando de manera responsable y eficiente en su jurisdicción del centro histórico”, explicó.
“Creemos firmemente que las instituciones, sobre todo las relacionadas con el ámbito de la seguridad pública, deben seguir buscando la transparencia en su actuar y la correcta aplicación de sus procedimientos, basados en un estado de derecho en aras de ser mejores organismos comprometidos con la ciudadanía”.
Finalmente, garantizó a los meridanos que “nunca ha tenido ni tendrá cabida en Mérida la discriminación motivada por el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Lo que se procura es “generar condiciones de convivencia armónica, paz y seguridad”, remató barrera Concha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
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