«El despojo lo pretenden los denunciantes», aseguró la Red para la Defensa de los Territorios en Tarahumara frente al anuncio de que el juez de control radicado en Cuauhtémoc citó al primer gobernador de la comunidad de Bosques San Elías Repechique para la audiencia, así como a 15 habitantes de la comunidad de Mogótavo para revisar el No ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
«Los dos casos tienen antecedentes en el despojo originario que se hizo a estas comunidades, en donde a pesar de ser territorios habitados por comunidades indígenas, durante el reparto agrario éstos fueron entregados en papeles a personas mestizas que nunca han vivido ahí», explicó la Red.
Los integrantes de la Red exigieron a las autoridades estatales detener la criminalización y hostigamiento contra los pobladores de Repechique y Mogótavo, pues recordó que «no hay elementos jurídicos objetivos que configuren el delito de despojo» al ser los rarámuri quienes tienen la posesión del inmueble, y no los que acusan a los defensores.
Señaló que en el caso de Repechique, los nuevos «propietarios» explotaron el bosque, mientras que en Mogótavo explotaron el turismo, por lo que inició la resistencia de los rarámuri. Tanto Repechique como Mogótavo iniciaron procesos judiciales «ante la amenaza por escrito de los particulares de que desalojaran el territorio», entregado por el Estado a los «extraños», acusó la Red.
Por ello, exigió a las autoridades a cesar la criminalización contra las comunidades rarámuri y a no emplear el derecho penal «para violentar a las personas indígenas defensoras del territorio».
El comunicado completo:
AUTOR: REDACCIÓN.
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