Los ocho defensores y periodistas que dejó desprotegidos la empresa RCU Sistemas -compañía contratada por el Mecanismo en el 2014 para dar seguridad y salvaguardar sus vidas, pero no lo hizo- tienen nombres y apellidos, viven de norte a sur de la República mexicana, y hoy ya no están; su muerte dejó en orfandad a sus hijos, en la viudez a sus parejas, mientras que sus comunidades quedaron con miedo.
Quienes lo conocieron, lo recuerdan como un hombre sabio y que amaba el bosque de la Sierra Tarahumara, en el norte de México. Proteger este espacio natural de saqueadores le costó la vida a Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del territorio. Lo asesinaron a balazos en octubre de 2018, y no lo salvaron ni el mecanismo ni la Alerta Preventiva para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Chihuahua, un modelo estatal creado en el 2016 e impulsado por organizaciones civiles para proteger a defensores y periodistas ante el incremento de las agresiones y asesinatos.
En enero de 2014, Julián ingresó al Mecanismo y cuatro años después lo asesinaron. Este hombre, que caminaba por el bosque con su gorra y su camisa de cuadros, se despidió por última vez de ese sitio arbolado dos días antes de su homicidio, según recuerdan sus amigos. En 2016, mataron también a su hijo, Víctor Carrillo Carrillo. Su homicidio, como el de su padre, se relaciona con la defensa del territorio.
A 2 mil 249 kilómetros de distancia, entre el estado norteño de Chihuahua y el sureño de Chiapas, ultimaron a Noé Jiménez Pablo, otro defensor del territorio y también protegido del Mecanismo.
Noé Jiménez defendió a su comunidad de Amatán, Chiapas, de caciques que buscaban imponer un control social y político. El conflicto generó el desplazamiento forzado de 50 personas. En diciembre de 2018, ingresó al Mecanismo y el 17 de enero de 2019, lo mataron. Antes lo torturaron y le rociaron de ácido en su cuerpo y rostro, según el peritaje oficial.
El activista era integrante del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán, un colectivo que lucha a favor del respeto a los derechos humanos y del territorio. Según la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) a Noé presuntamente lo asesinó el grupo paramilitar de los hermanos caciques de la región Jesús y Wilbert Carpio Mayorga y los padrinos políticos de éstos, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello y el expresidente municipal, de Comitán de Domínguez, Eduardo Ramírez Aguilar.
Por los asesinatos de estos defensores a los que la empresa debía salvaguardar sus vidas, por Julián Carrillo Martínez y Noé Jiménez Pablo, la calidad de protección del mecanismo es cuestionada. Sin embargo, en 2021 la compañía recibió un presupuesto de 240 millones de pesos. Hasta la fecha, RCU sigue a cargo de la seguridad de los defensores. En lo que va del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 46 defensores del medio ambiente y el territorio han sido asesinados, según datos de las organizaciones Cemda A.C., Global Witness y un conteo hemerográfico elaborado por este equipo de investigación; al reportar cifras distintas fue necesario realizar una revisión detallada de fecha, lugar y actividad de cada uno de los defensores liquidados. Los casos fueron contabilizados con la información obtenida en diversas publicaciones de los diarios nacionales, plataformas periodísticas, comunicados de colectivos y organizaciones civiles.
RCU lleva siete años, desde el 2014, como responsable de la seguridad de los defensores y periodistas del Mecanismo. De acuerdo con los informes de CEMDA (de 2014 al 2020), y al conteo hemerográfico realizado en 2021, en esos siete años 96 ambientalistas han sido asesinados en México. Ni RCU ni el Mecanismo han parado esta violencia contra los que defienden la naturaleza en México, pese a las críticas y cuestionamientos, pero sobre todo ante la invisibilidad que la empresa le ha dado a los asesinatos de defensores. Sin embargo, en el informe estadístico de diciembre de 2020 del Mecanismo y el más reciente de abril 2021, no se informa sobre este rubro, sólo hace mención al número de agresiones sin tomar en cuenta a los asesinatos.
Lo que significa que la empresa RCU ha reservado esta información, es decir, que los defensores asesinados bajo la protección del mecanismo son invisibles, no hay estadística oficial que dé cuenta del papel que desempeña esa firma. Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dé un balance financiero e informe de las irregularidades en su operatividad, la compañía de seguridad está vigente y continúa contratada por el Mecanismo que debía resguardar a defensores y periodistas.
De acuerdo con la Plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hay cuatro personas defensoras de los Derechos Humanos que están desaparecidas desde marzo de 1964 a la fecha.
Los cuatro defensores (dos mujeres y dos hombres) son originarios de la Ciudad de México y del estado de Sonora. En esa misma plataforma digital, sin que existan nombres ni mayor referencia aparece la anotación de tres integrantes de organizaciones civiles no localizados desde hace medio siglo. Las tres personas son hombres que fueron vistos por última vez en los estados de Guanajuato, Veracruz y Guerrero.
La Comisión Nacional de Búsqueda invisibiliza a los defensores ambientalistas desaparecidos al no incluirlos en un enfoque diferenciado de su plataforma, no hay registro de ellas ni de ellos; lo que reafirma una vez más, que para el Estado no existen.
Resguardarse por su cuenta
Cuando se sentía apesadumbrada, caminaba por los lechos del bosque y encontraba alivio a sus aflicciones. Escuchaba las aves cantar, veía los venados cola blanca cruzarse entre los senderos y apreciaba los frondosos pinos rojos de ocote y abetos blancos de la montaña “Yuku” que ahí crecían, eso le bastaba para sentirse libre y segura.
Irma Galindo es defensora “Ñuu Savi” (mixteca) del bosque y sobrevive usando camuflajes como una mariposa, pero se esconde como lo hace la mantis religiosa, uno de los insectos más hábiles del mundo.
Los Ñuu Savi -uno de los 68 pueblos originarios que tiene México- se autodenominan como “pueblo de la lluvia” porque tienen una vinculación directa con sus montañas. Junto a su lengua, el territorio es su recurso más importante para seguir preservando su cultura.
En noviembre de 2019, su casa quedó en cenizas cuando un grupo de personas, hasta ahora desconocidas, llegaron aproximadamente a las 18:00 horas, antes de que se ocultara el sol y le prendieron fuego. Irma miró desde el otro extremo, desde ahí vio cómo una fumarola fue todo lo que quedó de su patrimonio.
Como las mantis religiosas, un insecto de color verde que se camufla para sobrevivir entre las hojas de los pinos y árboles del bosque, a Irma le ocurre lo mismo en su hábitat.
Un año antes, en el 2018, la defensora de 38 años de edad denunció a las autoridades agrarias y municipales de su comunidad, por la tala clandestina que predomina en el bosque. Desde entonces, la criminalización, el acoso y la violencia la acechan.
En noviembre de 2019, subió fotografías en sus redes sociales de la tala de árboles en la zona comunal de Yozo Tiza’a. Días después fue cuando le quemaron su casa y tuvo que huir para salvarse.
En el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reportó que 16 ambientalistas fueron asesinados en México y que en ese mismo año hubo alrededor de 90 agresiones contra activistas en 65 ataques distintos.
Pese a que en México, desde el 2012, existe el Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, Irma aún no recibe el amparo de éste, aunque lo solicitó desde noviembre de 2020.
Irma tendrá que esperar de 6 a 12 meses para acceder al Mecanismo creado -durante el sexenio del expresidente, Enrique Peña Nieto- con el objetivo de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.
El riesgo de Irma fue calificado como “ordinario”, lo que significa que “puede esperar” y que “su vida no corre peligro”, como le informaron el 24 de marzo de 2021. Determinar si el peligro de un defensor “es ordinario o extraordinario” es un acto de discriminación, aseguran activistas como Elliot Escobar, defensor de la tierra y el territorio en Oaxaca, e integrante de la asociación llamada “Sol Rojo”.
Irma se encomienda en lengua Mixteca y nombra a sus dioses Ñuu (fuego), Tachi (aire), Ntute (agua) y Ñu’u (tierra). Les pide que la protejan en la defensa de la montaña “Yaku” que está “herida”, como ella le llama a los daños causados por la tala inmoderada y clandestina en esta zona.
Con mesura realiza el ritual para pedir que todo regrese a su estado anterior. Ora por el bosque y la tierra, que dice “está dolida”, pero resiste de todo lo que le hacen.
De aquí se llevan madera para Tlaxiaco y otras zonas de Oaxaca. Las usan para hacer muebles o como techos de casas, aquí hay muchas partes deforestadas, todo se hace con anuencia de las autoridades municipales y comunales de San Esteban Atatlahuca.
Un paisaje desolado y de color café se observa al recorrer la Mixteca de Oaxaca. Simula un desierto. En esta zona, además de desapariciones forzadas documentadas por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), hay sobreexplotación de la madera y alertas por la deforestación de los bosques de tipo mesófilo de montaña donde hay una riqueza florística endémica, pinares y encinares. De estos árboles se obtienen maderas como ocotales, pino, encino, madroño, encino negro y blanco, oyamel, cedro y elite. La madera sigue extrayéndose y genera conflictos internos.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el 10 de noviembre de 2019, tras la desaparición de Irma, se inició una investigación de oficio con el expediente DDHPO/CA/010/TX(25)/OAX/2019 y solicitó a la Fiscalía General del Estado que iniciara una carpeta de investigación para su localización. El 19 de noviembre de 2019, ella apareció y desde entonces vive desplazada y sobrevive como puede, pero sin protección.
Por el saqueo de madera de 2018, Irma presentó denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca y ante la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. La Profepa convocó a reuniones pero nada ocurrió. La Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal (DGIVF) informó que desconoce las denuncias que existen ante los Ministerios Públicos. Ahora ella vive alejada de su hogar pero no deja de luchar por la protección de su bosque.
¿RCU, la empresa que cuida a los defensores?
Cabe en la palma de las manos, es de color negro, en forma rectangular. Así es el botón de emergencia que RCU Sistemas, S.A. de C.V. proporciona como garantía de seguridad. Aunque es fácil de manipular, cuando se necesitó, no cumplió su función, porque hasta la fecha, aún con botón de emergencia, asesinan a los defensores.
Uno de los defensores lo sabe: “Un botón de emergencia no es la respuesta a la violencia que viven los defensores, ese aparato es un privilegio”. Lamenta que este artefacto sólo funcione en zonas urbanas y no sea apto para los defensores comunitarios que habitan en espacios sin señal y en riesgo.
El “Botón de Asistencia” de RCU es la medida que más otorga el Mecanismo. Según su informe 2020, lo usan 1,452 beneficiarios.
En el 2014, RCU fue contratada por el Mecanismo, es la empresa responsable de la instalación de cámaras de seguridad de vigilancia, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, entre otras funciones, pero la más visible es el botón de emergencia.
En los siete años en que RCU ha estado a cargo de la seguridad y la vida de los defensores, de un total de 105, 90 ambientalistas fueron asesinados en México, es decir, el 90 por ciento desde la creación del Mecanismo. Lo anterior, según informes del Cemda. Por citar un ejemplo, 32 defensores fueron asesinados tan solo en un año, en 2019.
Actualmente, el Mecanismo otorga su protección a 1,088 defensores en México, siendo el botón de emergencia el recurso que más otorgan las autoridades para intentar salvar la vida. Sin embargo, desde hace un par de años, este Mecanismo es cuestionado por su ineficiencia en la protección de defensores y en el manejo de recursos.
En el 2018, la Auditoría Superior de la Federación observó que RCU, en su Declaración Anual del Ejercicio 2018, presentó ingresos netos por 331.4 millones de pesos, los cuales son menores que los pagos que recibió por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por dos fideicomisos identificados con los números 10232 y 10233 que equivalen a 368.1 millones de pesos, y también incumplió con los criterios establecidos porque fue contratada por una adjudicación directa, argumentando que su contratación mediante licitación pública hubiera puesto en riesgo la “seguridad nacional”.
La ASF también retoma las quejas de las fallas en el sistema de protección al documentar que “18 defensores de los derechos humanos y 22 periodistas” señalaron haber tenido diversas fallas en los equipos de asistencia, que tienen la aplicación de localización para Sistema de Reacción Inmediata (celular con botón de pánico). Como las fallas que aún siguen presentándose en los botones de emergencia de los defensores consultados para este reportaje.
El mismo subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas, durante una conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,realizada en 2019, reconoció las fallas en el Mecanismo y de la empresa.
Encinas detalló que dichas fallas son “particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal”.
En entrevista, el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, Alberto Xicoténcatl, señala que RCU tiene un contrato exclusivo con la SEGOB y reconoce que la empresa creció junto con el Mecanismo.
Aun cuando han sido asesinados los defensores que estaban a cargo de su protección, no hay amonestaciones contra RCU, dijo Xicoténcatl.
El Mecanismo tiene un área administrativa, explica el también activista al referirse que desconoce porque esa área “no ha querido, o no ha podido o no sé por qué motivos”, pero no ha sancionado a RCU por incumplimiento de contrato o por la mala implementación de medidas”.
Las deficiencias señaladas a esta empresa dan cuenta de “un cuestionamiento histórico sobre el rol de la empresa; sin embargo, el fallo de la contratación no pasa por el consejo consultivo, ni por la junta de gobierno: en ese tipo de decisiones tiene que ver únicamente la SEGOB”.
Mientras que RCU sigue a cargo de la responsabilidad de los defensores, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, se le sumó una autoridad más al Mecanismo desde que se creó la Guardia Nacional (GN), a la que se le han dado diferentes responsabilidades como la de integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo, pero la GN no tiene personal como tal asignado a ese programa.
El activista expresa: “Si el plan de protección en el análisis de riesgo dictamina que la persona defensora está segura con la GN, la junta de gobierno le pide a esta dependencia de seguridad que actúe y lo proteja”.
Xicoténcatl explica que aunque el análisis de riesgo determina que la GN es la indicada para salvaguardar la integridad del defensor, la dependencia en diversas ocasiones avisa al consejo consultivo que no tiene personal suficiente. Si esto pasa, de forma coordinada con el defensor, diseñan lo que llaman un “Modelo Híbrido”, llamado así porque vincula a la policía local con elementos de la GN.
El activista acepta que este modelo “no es una acción suficiente” para proteger a los defensores en riesgo, pero es lo que se puede hacer. Ante esta situación, reconoce que es común que las personas en riesgo se quejen de las autoridades locales que los protegen y pidan cambiarlos, especialmente, en el caso de los policías municipales, estatales o policías privados.
“La GN, cada mes, nos dice que no tienen elementos y constantemente piden cambiar la protección a cargo de las policías municipales, estatales o policías privados. No tienen personal suficiente para hacerlo. Parte del consejo consultivo, nunca acepta eso, lo que dice la GN, y busca la forma en la cual vincular a la Guardia Nacional en la seguridad”, señala.
Para este trabajo solicitamos entrevistas con la Guardia Nacional, con el subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas y con la empresa RCU Sistemas, hasta el momento no hay respuesta.
La otra pandemia en México: asesinato y violencia, los defensores indefensos
Con 21 años, Euguy Roy Martínez es el ambientalista más joven asesinado en México. El homicidio ocurrió el 7 de mayo de 2020 en San Agustín Loxicha, Oaxaca, en plena contingencia sanitaria por la COVID-19.
Este joven de origen zapoteca amaba los reptiles. Él ayudó al redescubrimiento de una nueva especie de rana (Charadrahyla altipotens) que se había declarado extinta desde hace 5 décadas e impulsó el estudio sobre víboras y anfibios en San Agustín Loxicha.
Entre 2010 y 2016, 38 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas fueron asesinadas en México. La ONU reconoce que por los ataques a los defensores de los recursos naturales México se sitúa como uno de los países más peligrosos e impunes de América Latina.
Aunque el 2019 es hasta ahora el año más violento para la defensa ambiental, las agresiones y asesinatos continuaron aún con la pandemia del Coronavirus en 2020, pues 69 defensores fueron agredidos por servidores públicos, que encabezan la lista de impunidad.
Los “defensores comunitarios son invisibles, viven con estigma y criminalizados”, señala Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Reconoce que “ellas y ellos” se convierten en defensores sin pedirlo ni quererlo, y son los que viven más en peligro, por la violencia y criminalización como es el caso de Irma Galindo, la defensora del bosque en Oaxaca.
El activista oaxaqueño del Centro de Derechos Humanos de Tlaxiaco, Maurilio Santiago Reyes, añade que los defensores comunitarios, es decir, aquellos que habitan en las comunidades son los más amenazados; lo lamentable, dice, es que cuando los matan, también los revictimizan, criminalizan y los acusan de ser los opositores del progreso. Advierte que esto es una práctica recurrente para rezagarlos.
En su informe 2020, el CEMDA refiere que la violencia creció en la pandemia, tras el recorte presupuestal, cierre de oficinas y dependencias. Además establece que son las defensoras a quienes más criminalizan.
Angélica Castro y Ana María García, integrantes de la organización oaxaqueña Educa, indican que ante el vacío gubernamental los defensores comunitarios conforman redes de autoayuda para su supervivencia, que es hasta ahora “la única forma” para que no los maten.
El 7 de enero del 2021, en la comunidad de origen chatina llamada Paso de la Reyna, Oaxaca, Fidel Heras Cruz fue asesinado a balazos por personas desconocidas mientras viajaba en su camioneta.
Heras retornó a su comunidad ubicada en la costa de Oaxaca en el sur de México después de vivir como inmigrante en Estados Unidos y al llegar se incorporó a la defensa de su territorio. Además de este homicidio, en esta comunidad otros cuatro defensores también fueron asesinados.
Desde entonces, su comunidad y familia viven con miedo, no tienen protección del Estado, aunque la solicitaron en el mes de febrero de 2021. A seis meses, denuncian impunidad y desamparo.
El gobierno mexicano reconoce cuáles son los estados de mayor riesgo para ser defensores ambientales. En su informe 2020, el Mecanismo ubica a Oaxaca, el estado donde vive Irma y donde asesinaron a Fidel, como el más peligroso de México, seguido de la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán y Jalisco.
En lo que va de este año, diez defensores comunitarios también han sido asesinados en México. El más reciente es el indígena tzotzil, Simón Pedro Pérez López. Los defensores continuamente preguntan: ¿Quién parará esta violencia en el 2021?
Las agresiones contra los ambientalistas van desde amenazas hasta asesinatos, el nivel más extremo de la violencia, así como ocurrió con el penúltimo defensor de origen Yaqui en el estado de Sonora de nombre Luis Urbano Martínez Mendoza.
Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) asegura que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”, aún con el Mecanismo que debería proteger a los que defienden.
La ONU advierte que México es uno de los países más violentos del mundo y señala que los “actores legales, los funcionarios públicos” e “ilegales, los que provienen de iniciativa privada” son los que más agreden, además de ser corruptos.
El 22 de abril de 2021, México ratificó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú**.
El Acuerdo de Escazú tiene como propósito garantizar el acceso a la información pública, a la justicia y promover la participación comunitaria en asuntos ambientales.
La investigadora de la UNAM, Marisol Ángels, lo describe como “una alerta roja, para decir qué anda mal”, mientras que Guillermo Fernández Maldonado, Alto Comisionado de la ONU en México, coincide que es un documento que viene a mostrar que aún se puede implementar una justicia ambiental.
“Hoy en día se criminaliza, amenaza, desaparece y se les priva de la vida, y es porque no hay estado de derecho, ni mecanismos que otorguen una garantía previa”, reitera Marisol Ángels. Añade que cuando se habla de defensores ambientales se han equivocado en todo: “Ya nos equivocamos en todo lo demás, ellos, los defensores ambientales, ponen en riesgo su vida para defender al medio ambiente y a sus elementos y los están asesinando”. “Hoy en día se criminaliza, amenaza, desaparece y se les priva de la vida, y es porque no hay estado de derecho, ni mecanismos que otorguen una garantía previa”, reitera Marisol Ángels. Añade que cuando se habla de defensores ambientales se han equivocado en todo: “Ya nos equivocamos en todo lo demás, ellos, los defensores ambientales, ponen en riesgo su vida para defender al medio ambiente y a sus elementos y los están asesinando”.
Aún con el Mecanismo y la ratificación del Acuerdo de Escazú, en México la violencia es imparable y los más afectados son los defensores comunitarios que incluso durante la pandemia viven en peligro.
Al firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, México está obligado a proteger la vida de los defensores ambientales. Aunque cuenta con este compromiso, la violencia y la impunidad avanzan; el Mecanismo sigue con RCU, debilitado y sin fideicomiso también invisibiliza a los defensores comunitarios.
México, una vez ratificado el Acuerdo de Escazú, tiene un compromiso al “más alto nivel y por lo tanto hay que exigirle al más alto nivel”, explica el Alto Comisionado de la ONU, quien recalca: “Hoy, el tema ambiental es un tema transversal, y el acuerdo de Escazú viene a dar cumplimiento a esa legislación ambiental.
Voces defensoras advierten de la falta de voluntad del gobierno federal y de las autoridades estatales. De aquí a que llegue esa coordinación entre autoridades, el acecho continúa, las comunidades viven con miedo y los defensores están indefensos “por la vida o por la muerte”.
Mientras el Mecanismo sigue sin aceptarla como defensora en riesgo, Irma se protege sola, se camufla, cultiva sus propios alimentos y cuida del bosque que ahora la resguarda.
De sus agresores se sabe poco o nada. En noviembre de 2019, las autoridades de Oaxaca emitieron una ficha de búsqueda tras su desaparición. La Fiscalía Estatal informó que no existe una carpeta de investigación sobre Irma y toda la violencia que ha vivido, hasta la fecha, no han detenido a ninguna persona por haber quemado su casa, ni por la tala ilegal de la zona en la que habita “el pueblo de la lluvia”.
Al cierre de la publicación de esta historia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) envió una respuesta ante la petición de entrevista solicitada desde el pasado 16 de agosto. A la secretaría se le pidió una entrevista, pero sólo enviaron un breve documento en el que señalan que desde esa dependencia federal están impulsando una estrategia conjunta con el Mecanismo, de carácter preventivo que “permitirá reducir los factores de riesgo contra las personas defensoras ambientales, mediante acciones de intercambio de información, sensibilización y capacitación, así como diálogos para la atención de conflictos ambientales”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/DIANA MANZO.
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