Lo anterior, luego de que la representación legal de los familiares, a través del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como los integrantes de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), criticaron esa determinación.
Al término del reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de una persona con discapacidad, como lo ordenó la ONU, Encinas Rodríguez informó que la Sedena ha entregado a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) “18 mil documentos” generados durante la pasada administración.
Cuestionado por el reproche que hicieron el Centro Prodh y el GIEI, horas después de la difusión de la información, el viernes pasado, el funcionario descartó que la indagatoria que lleva a cabo la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) esté en riesgo por tal difusión.
“Yo tengo mi criterio jurídico sobre eso. No comparto lo que han dicho algunas personas. Estoy consciente que no va a dañar de ninguna manera, sino que puede alentar el avance de la indagatoria”, dijo Encinas.
Para el funcionario, lejos de dañar el rumbo del expediente penal en curso, la divulgación del documento compuesto por dos fojas originadas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional (E.M.D.N.) y el Centro Militar de Información (C.M.I.) podría “replantear el rumbo de la investigación”.
Encinas insistió en defender la difusión de la información, respondiendo a la orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada, de hacer públicos documentos compartidos por la Sedena.
El viernes 1, en la página de la Segob, se compartió lo que se anuncia como “comunicaciones fechadas el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014 entre Francisco Salgado Valladares, Felipe Flores y una persona denominada Gilberto ‘Gil’, así como Alejandro Palacios ‘Cholo’ y otro más denominado Ramón”, reproducciones que no precisan la forma en que fueron obtenidas o si las versiones estenográficas derivaron de la intervención a teléfonos celulares.
Ante la difusión de la documentación, el Centro Prodh se deslindó de esa decisión y advirtió “que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por Decreto Presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”.
Ante la posibilidad de que el documento sea el resultado de intervención “ilegal” de comunicaciones por parte de la Sedena, la organización exigió una explicación sobre el origen de las versiones estenográficas, sin descartar que existan más comunicaciones de personajes involucrados en la desaparición de los jóvenes, en posesión del Ejército.
En tanto, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, integrantes del GIEI, pidieron a las autoridades del CoVAJ “no repetir en el futuro” la difusión de información contenida en el expediente penal sin antes ser consultados.
“Si bien comprendemos la importancia de la transparencia y acceso a la información, en este caso se trata de información reservada que desde el GIEI se ha solicitado a entidades estatales, a través de CoVAJ, para ser presentada en la investigación penal”, señalaron los expertos, tras recordar que lo divulgado “se trata de información reservada”.
Rechazaron la decisión de publicar los documentos alegando la instrucción presidencial, porque “expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”.
Los expertos reprocharon no haber sido consultados previamente antes de la divulgación de la información e insistieron en que no se repita esa práctica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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