Sin embargo, obligarlo a comparecer dependerá de la votación de los 38 integrantes de la Comisión de Vigilancia y de quien recae la responsabilidad por ley de pedir cuentas a la Auditoría, pero “hay inercias” que lo podrían impedir, reconoció la legisladora.
Parra, diputada de Morena, aseguró que los diputados se enteraron que el auditor gastó 2.6 millones de pesos para habilitar su despacho con regadera, clóset, vestidor y una puerta de altísima seguridad con presupuesto público por la investigación de Animal Político, pues si bien la Comisión aprobó el presupuesto para obras (del que ella estuvo en contra) la Auditoría nunca les notificó que sería ocupado para esto.
Por tanto, dijo, en la próxima reunión de la Comisión de Vigilancia, este debe ser un tema prioritario para discusión y “voy a solicitar la renuncia del auditor, y como comisión lo podemos votar por mayoría. Espero lograr coincidir con mis compañeros aunque lo veo difícil porque hay inercias también en esta legislatura”, dijo.
Esto, porque “ya no hay confianza. Esto es un acto de corrupción por parte del auditor y ya no podemos seguir permitiendo a personajes que actúen de esta manera, dándose ciertos lujos a costa del erario”, afirmó en entrevista con Animal Político.
Muna Dora Buchain, extitular de Auditoría Forense en la ASF, incluso va más allá, pues asegura que “no se trata de despachos, sino de espacios que habilitó para vivir ahí”, según los testimonios que ha recabado. Y esto, afirma, es “indignante, indebido e irregular”.
Se trata de “un desvío de recursos públicos”, pues, el presupuesto sirve para compras u obras públicas, pero en este caso está sirviendo para un “bien privado” para que el auditor David Colmenares viva ahí, lo cual podría originar fincarle responsabilidades por violaciones a la ley, afirma Buchain.
Esto porque de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, “será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.
Además, se considera un “abuso de funciones” a quien ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de que las tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí”, según el artículo 57.
La Auditoría es un órgano técnico de la Cámara de Diputados y la Comisión de Vigilancia de la ASF es la responsable de llamarla a cuentas, pero hasta el momento, su presidente, el priista Pablo Angulo Briseño, no ha emitido postura pública respecto al despacho del auditor en el edificio del Ajusco, ni al gasto de 3 millones de pesos para la remodelación de su oficina alterna en el edificio de Morelos, a una cuadra de Reforma, y que se encuentra en desuso para empleados.
La Comisión de Vigilancia “es quien controla al controlador” y en ella recaería la responsabilidad de pedir cuentas a la ASF y su titular, afirma José Alejandro Xopa, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La Auditoría, además, tiene la obligación de dar a conocer la justificación de la “remodelación” de su despacho, es decir, explicar la necesidad de tener una puerta de altísima seguridad, por ejemplo, explica Roldán Xopa.
“Debido a que la Auditoría es el órgano que revisa las cuentas tiene la obligación de poner el ejemplo. No solamente debe cumplir bien su función de controlar el ejercicio del gasto, sino está obligado a acatar los estándares de lo que le pide a los otros y, por tanto, también debe rendir cuentas a la Comisión”, dice el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
“Si su función es controlar cuentas y él mismo no las rinde iría contra su propia naturaleza. Además, tiene como bien intangible la confianza, que es resultado de cómo se comporta. Confiamos a partir del comportamiento”, sentencia Roldán.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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