En su declaración final en la que acusó al excandidato presidencial Ricardo Anaya de recibir 6 millones 800 mil pesos por haber aprobado la reforma energética, y que fue utilizada por la FGR para armar el caso que presentó ante un juez, Emilio Lozoya no reveló las fechas precisas en la que supuestamente se acordaron y realizaron los pagos, ni tampoco explicó de dónde provino el dinero y cómo es que se entregó.
De hecho, en dicho testimonio el exdirector de Pemex ya no refiere que el dinero proviniera de transferencias realizadas por la constructora brasileña Odebrecht. En lo único que insiste, en más de 8 ocasiones, es que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray supo y autorizó la entrega de los recursos.
Animal Político tiene copia íntegra de este testimonio de cuatro páginas de Lozoya, que según el exfuncionario tenía como objetivo “precisar puntos y detallar” los hechos que originalmente denunció el 11 de agosto de 2020 en los que implicó al excandidato presidencial panista en una presunta red de corrupción.
Como ya se había trascendido públicamente, Lozoya insiste en que entre 2013 y 2014 vio al menos en tres ocasiones a Anaya para hablar del pago que se le daría por la aprobación de la reforma energética. Pero de dos de los encuentros – los más importantes según la denuncia – no refiere la fecha exacta en que esto ocurrió. El exfuncionario tampoco precisa la fecha de la reunión final con Videgaray en la que le dio la orden de transferir los recursos.
Lo que el exdirector de Pemex refiere es que “aproximadamente en el mes de octubre de 2013” tuvo una primera reunión con Anaya, entonces diputado del PAN, en las oficinas de la dirección General de Petróleos Mexicanos. Sin precisar semana o día, asegura que el panista ingresó por la puerta 14 a las oficinas de Pemex y subió por el elevador ejecutivo. Añade que venía solo y sin acompañantes.
“Ese día yo sabía que Ricardo Anaya me iba a pedir dinero ya que él se había enterado de que se había acordado dar dinero a los senadores del PAN para aprobar la reforma energética y mencionó que él también necesitaba de apoyo y recursos para materializar sus aspiraciones políticas, refiriéndose a apoyos y recursos económicos”, asegura Lozoya.
Según el exdirector de Pemex, Anaya fue el que le dijo por primera ocasión que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le había prometido la cantidad de 6 millones 800 mil pesos a cambio de emitir su voto a favor de la reforma en materia energética y darle impulso a las reformas secundarias.
Después, sin dar ninguna fecha ni lugar, Lozoya señala que tuvo una reunión con Videgaray donde este le dijo que efectivamente se daría “un apoyo económico” al panista, aunque inferior a los supuestos sobornos pagados también a senadores.
El siguiente encuentro que Lozoya señala, y el único del que da la fecha precisa, fue la conmemoración de la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 2014 en Querétaro, y donde solo recalca que Anaya le dijo que “estaba pendiente de la recepción de los apoyos acordados con Luis Videgaray”.
Finalmente hubo dos encuentros más, según Lozoya, ambos ocurridos en junio de 2014, y de los que tampoco precisa algún día o semana aproximada. Uno de ellos fue con Videgaray en “las oficinas de Julio Verne en Polanco” donde este “le instruyó” otorgarle el referido pago por “haber logrado que el grupo parlamentario del PAN votara la reforma energética y seguir influyendo, de forma favorable, en los diputados de Acción Nacional”.
Luego, el exdirector de Pemex dice que volvió a reunirse con Anaya en las oficinas de Pemex, encuentro en el que este último dijo “que necesitaba la entrega de recursos pendientes” pues ya sabía que se le había dado recursos al entonces senador panista Francisco Domínguez, quien era “su contrincante político” por la gubernatura de Querétaro.
En ninguna parte del testimonio Lozoya da algún detalle de por qué él estaba obligado a cumplir con las peticiones de Videgaray (quien no era su jefe jerárquico), ni la de Anaya, que tampoco lo era. Tampoco detalla de qué cuenta bancaria, sitio o empresa provenía el dinero que se le entregaría al panista. De hecho, a diferencia de los referido en la primera denuncia, el exfuncionario omite señalar cualquier participación de la constructora Odebrecht en este entramado.
Tras reiterar una vez más que la entrega de este dinero era “un acuerdo” entre Anaya y Videgaray, Lozoya refiere que mandó el pago a través de Norberto Gallardo Vargas (un exescolta integrante del Estado Mayor Presidencial), y que ese mismo día le informó a Videgaray de esto “a través de la red federal”.
La defensa de Anaya
De acuerdo con fuentes con conocimiento pleno del caso, la defensa del expresidente del PAN seguirá una estrategia denominada pasiva, destinada a desvirtuar los hechos que los propios fiscales están exponiendo a partir de las declaraciones de Lozoya y de Gallardo. Esto con el objetivo de evidenciar que las cosas no pudieron haber ocurrido como los fiscales lo sostienen.
Una parte sustancial de dicho argumento ha sido expuesta por el propio Ricardo Anaya en una serie de videos difundidos a través de sus redes sociales.
En el primero de esos videos Anaya sostiene que la carpeta de investigación en su contra tiene más de 35 mil páginas que le entregaron en 76 cajas correspondientes a igual número de tomos. Pero añade que solo cinco tomos son principales y el resto son anexos, y que la inmensa mayoría “es paja”.
Añade – como ya lo había dicho antes – que no son congruentes las fechas proporcionadas por Lozoya. Por ejemplo, que el día de la supuesta entrega del dinero referido por Lozoya en su denuncia inicial y por Gallardo en su declaración – el 8 de agosto de 2014 – él no se encontraba en la Cámara de Diputados sino en Querétaro.
El panista cuestiona que, además, en ese mes él ya no era diputado y por lo tanto no se encontraba en San Lázaro. Sobre este punto Lozoya refiere en su testimonio que “no recuerda si Anaya estaba o no de licencia”, pero sostiene que eso era “bastante irrelevante” porque, aunque no fuera diputado, supuestamente “controlaba” al Grupo parlamentario del PAN.
Anaya también cuestiona que según las declaraciones el coche en el que se entregó el dinero ingresó a San Lázaro por una puerta de visitantes sobre la calle Emiliano Zapata. En el video muestra documentos en los que exhibe que no hay ningún registro del ingreso ni de Gallardo ni del suyo a dicho inmueble en la fecha del supuesto pago o alguna cercana, y que además tampoco existe en la referida calle una puerta de visitantes como se menciona.
En el segundo video Anaya explica que la investigación en Estados Unidos realizada sobre los fraudes de Odebrecht concluye que el dinero entregado a Lozoya eran sobornos para la obtención de contratos de obra pública (que la compañía sí recibió por adjudicación directa de Pemex), pero no para la aprobación de ninguna reforma. Existen declaraciones de los directivos de la constructora que sostienen que así se llevó a cabo.
En la tercera grabación el panista señala que hay pruebas de las transferencias y depósitos de los recursos a empresas prestanombres de Lozoya (entre ellas una denominada Zecapan), pero no existe ninguna evidencia de que dicho dinero fuera retirado de ahí o repartido para sobornos.
El panista exhibe que aun cuando la indagatoria de la fiscalía sustentada en los dichos de Lozoya para septiembre de 2014 ya se habían pagado los sobornos, en noviembre de ese mismo año el dinero transferido por Odebrecht continuaba en las cuentas de Zecapan. “Lozoya en realidad fue el que se quedó con el dinero”, asegura el excandidato presidencial.
Prevé FGR cárcel para Anaya; hoy audiencia clave
Este lunes se retomará la audiencia inicial suspendida el pasado 26 de agosto en la que la FGR solicitará a un juez que vincule a proceso a Ricardo Anaya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Aquella sesión fue suspendida debido a que no se le había dado al excandidato presidencial tiempo suficiente para revisar el expediente.
La audiencia ha sido convocada por el juez del Reclusorio Norte Gustavo Aquiles Villaseñor para realizarse a través del sistema de videoconferencia debido a las condiciones que predominan por la contingencia sanitaria.
Sin embargo, luego de que los fiscales le informaran al juez que Anaya había salido hacia Texas desde julio, el juez le advirtió al excandidato presidencial que tenía que conectarse desde un sitio en Ciudad de México o el área conurbada.
De acuerdo con autoridades federales consultadas por este medio, desde la FGR se prevén dos posibilidades, ambas con resultado de cárcel para el excandidato presidencial.
Si Anaya incumple con el requisito de conectarse desde la capital de manera injustificada se solicitará al juez que se libre una orden de aprehensión en su contra para garantizar su presencia ante el juzgado. Por otro lado, en caso de que se pueda realizar la audiencia inicial y se inicie proceso contra el excandidato, los fiscales solicitarán que se le aplique una prisión preventiva de forma justificada.
El que se vincule a proceso al excandidato no es un hecho, dado que los abogados defensores podrán exhibir en esta audiencia inicial sus argumentos iniciales para desvirtuar la imputación inicial hecha por la FGR, siempre y cuando la audiencia pueda realizarse. La decisión la tomará el juez Aquiles Villaseñor.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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