El 14 de julio, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional aseguraron metanfetamina, además de precursores químicos en las inmediaciones de la comunidad Loma de Bácum, territorio yaqui. Casi de manera simultánea ocurrió la desaparición de siete indígenas y tres trabajadores de ranchos en la región.
Durante una reunión virtual, Anabela Carlón, vocera de más familias de los desaparecidos, y Argiel Arballo, hijo de Artemio integrante de la tribu no localizado, dieron a conocer que horas antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se presentará en la zona, fueron convocados para informarles sobre el hallazgo de los restos y ropa de al menos cinco de los desaparecidos.
Por este suceso, destacó, se tiene desconfianza de los resultados de ADN que fueron presentados por las autoridades, ya que no se les explicó que tipo de pruebas se les hicieron y cuántos han sido plenamente identificados, por lo que se mantienen en medio de la incertidumbre.
“El día que se solicitó tener acceso físico al expediente de la investigación, se tuvo limitantes en el acceso a la investigación, y se nos dijo que tenemos que ser sigilosos, y es entendible, pero los familiares necesitan saber que la justicia existe y que se esta haciendo algo al respecto”, afirmó Carlón.
Los objetos, presuntamente de las víctimas, fueron encontrados entre restos óseos que la Fiscalía halló en fosas clandestinas en el rancho Chichiquelites, en el municipio de Cajeme, donde agentes enfrentaron a sicarios, dejando a dos sospechosos abatidos.
En la reunión se les informó que luego de 65 días de búsqueda en el operativo del lunes se localizaron los restos óseos de seis cuerpos, así como tres armas pertenecientes a la Guardia Tradicional de los yaquis dos vehículos propiedad de los desaparecidos.
Arvayo mencionó que abordaron distintos puntos con las autoridades, entre ellos el derecho a la verdad, y posteriormente se les dijo de manera general que existían órdenes de aprehensión contra los presuntos culpables.
Además, exigieron a un asesor jurídico nuevo, pues el que les fue asignado no ha tenido contacto directo con ellos, lo cual, consideraron, atrasa el caso.
Carlón consideró que uno de los motivos del ataque pudo ser la disputa por el territorio yaqui y la fuerte decisión del crimen organizado de apropiarse de los terrenos de las víctimas que fueron desaparecidas.
Cabe destacar que enviaron una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que los atienda y ponga en la mira el caso, sin embargo, no han recibido respuesta alguna.
El 14 de julio, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional aseguraron media tonelada de metanfetamina, además de precursores químicos en las inmediaciones de la comunidad Loma de Bácum, territorio yaqui, y casi de manera simultánea ocurrió la desaparición de siete indígenas y tres trabajadores de ranchos en la región.
Según versiones de los familiares, las víctimas salieron a buscar alimentos y bebidas para amenizar las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen que cada año celebran del 14 al 16 de julio en el rancho Bataconcica.
Pero de acuerdo con su testimonio, a su regreso los yaquis fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados, que los subieron por la fuerza a sus camionetas, dejaron varios objetos personales y todo lo que traían tirado como rastro.
Los yaquis desaparecidos son vaqueros y defensores de su comunidad en resistencia pacífica frente a empresas trasnacionales y gobiernos sonorenses que buscan obtener sus recursos. Martín Hurtado Flores, de 53 años, es el jefe del resto de hombres: Heladio Molina Zavala, de 44 años; Fabián Sombra Miranda, de 34 años; Fabián Valencia Romero, de 27 años; Juan Justino Galaviz Cruz, de 28 años; Leocadio Galaviz Cruz, de 38 años; y Braulio Pérez Sol, de 40 años.
Los otros tres hombres son ganaderos muy cercanos a la tribu. Dos de ellos estaban con los yaquis con el propósito de reunir a las vacas y transportarlas en sus vehículos: Gustavo Acosta Hurtado, de 49 años y Artemio Arballo Cenizales, de 60 años. Pero de Benjamín Portela Peralta, de 65 años, se desconoce el momento exacto en que desapareció, pues él estaba en su rancho en actividades distintas. La gente dice que es posible que Benjamín haya visto el momento en que se llevaban a los otros nueve y por eso se lo llevaron también.
Las autoridades yaquis denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno mexicano por su presunta complicidad con grupos de la delincuencia organizada en la desaparición de 10 miembros de la comunidad.
🔴 LA COMPARATIVA GENÉTICA DE #ADN REALIZADA POR EL LABORATORIO CIF DE LA #FGJE #SONORA, A LOS RESTOS ÓSEOS LOCALIZADOS EN #ELCHICHIQUELITE, DAN POSITIVAS A 5 DE LAS 10 PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS EN TERRITORIO #YAQUI.
— #FGJESonora (@fgjesonora) September 27, 2021
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FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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