De acuerdo con autoridades ministeriales se trata de casos por los cuales la actual FGR mantiene abiertas carpetas de investigación sin que, hasta ahora, se haya decidido proceder penalmente en contra del exfuncionario y sin que, en consecuencia, se haya reparado el daño causado al erario.
Las denuncias han sido presentadas por tres áreas principalmente: la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y la actual administración de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los malos manejos denunciados incluyen posibles hechos de lavado de dinero y corrupción en la adjudicación de contratos a empresas como Fertinal, Odebrecht y Agronitrogenados.
El exdirector de Pemex se encuentra procesado actualmente solo por dos casos: los presuntos sobornos que recibió de la empresa Altos Hornos y de Odebrecht, que son denuncias distintas a las que se han promovido directamente por los malos manejos en su gestión como director de la empresa pública.
Además, gracias a un acuerdo de colaboración con la FGR, Lozoya ha logrado permanecer libre hasta la fecha, solo con la limitante de traer un brazalete electrónico y no salir del país.
Expertos penalistas consultados por este medio refieren que aun cuando el exfuncionario obtuviera un criterio de oportunidad por los casos mencionados, eso no lo exime del resto de las investigaciones iniciadas en su contra y en contra de su administración en Petróleos Mexicanos.
A continuación, se detallan algunas de estas denuncias presentadas por las autoridades y los montos que involucra. Esto además de la situación legal que enfrenta hoy el exdirector de Pemex.
Las 7 denuncias de la UIF
La actual administración de la UIF a cargo de Santiago Nieto ha presentado ante diversas áreas de la FGR siete denuncias penales en contra de Emilio Lozoya, de varios de sus posibles prestanombres, e incluso en contra de integrantes de su familia. Esto por irregularidades que superan los tres mil millones de pesos.
Entre ellas destacan las dos últimas en donde según la UIF, Lozoya está implicado en un complejo entramado de empresas reales pero también fantasma, a través de las cuales se consiguieron desviar y lavar millones de pesos que llegaron a Pemex de forma paralela a los contratos firmados con Odebrecht.
De acuerdo con el seguimiento hecho por Inteligencia Financiera, se trata de recursos económicos que salieron de distintas cuentas de Petróleos Mexicanos en la gestión de Lozoya hacia distintas empresas relacionadas con Odebrecht o filiales al amparo de contratos como el de Etileno XXI o la modernización de la refinería de Tula.
El problema, de acuerdo con la UIF, es que ese dinero no habría sido invertido en los servicios convenidos, sino que fue triangulado por la constructora brasileña a través de múltiples empresas constituidas en México y que al parecer son compañías fantasma. Dichas empresas a su vez lo volvieron a triangular hasta ser retirado en cientos de movimientos en efectivo.
Lo que la UIF presume es que dichos recursos se utilizaron con fines electorales y de posible corrupción y que, el principal responsable como cabeza de la estructura delictiva, fue el propio Emilio Lozoya.
Respecto a los otros casos, la UIF ha denunciado ante la Fiscalía inversiones con sobreprecio y el uso del sistema bancario para ocultar recursos de posible origen ilícito incluso en países asiáticos. Funcionarios federales indicaron ayer que dicha área de Hacienda aun tiene líneas de investigación que está revisando y darían paso a un mayor número de denuncias.
Lo que está pendiente en estos casos es que la Fiscalía resuelva si los datos aportados por inteligencia Financiera son suficientes para impulsar nuevos procesos, algo que hasta ahora no ha ocurrido. El titular de la UIF, Santiago Nieto, tuiteó que “la impunidad es siempre una afrenta”, tras la divulgación de las fotos de Lozoya cenando en un restaurante.
La impunidad es siempre una afrenta.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 10, 2021
Los 4 casos de la ASF
La Auditoría Superior de la Federación ha presentado en los últimos dos años cuatro denuncias formales ante la FGR en contra de la administración de Lozoya en Pemex por malos manejos e irregularidades que representan un posible quebranto al erario cercano a los 16 mil millones de pesos.
La denuncia de mayor gravedad en cuanto a montos tiene que ver con el daño que resultó para Pemex el contrato firmado para la compra de la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal S.A. de C.V. y sus dos plantas ubicadas en los estados de Michoacán y Baja California.
Lo que los auditores encontraron es que dicho negocio resultó totalmente desventajoso para Pemex al grado de registrar pérdidas superiores a los 11 mil millones de pesos para el cierre de 2016. El origen de dichas pérdidas está en los altos pasivos de deuda en que se encontraba la empresa adquirida. Hubo auditorías previas que alertaban de dicha situación, pero la administración de Lozoya decidió no atenderlas. Incluso, según los auditores, hubo un intento deliberado de su gestión por ocultar las pérdidas.
Por otro lado, la Auditoría ha presentado dos denuncias ante la FGR por pérdidas que ascienden a 1 mil 250 millones de pesos derivadas de los contratos que la gestión de Lozoya entregó a Odebrecht para la rehabilitación de las instalaciones de la refinería ubicada en Tula, Hidalgo.
De acuerdo con los auditores, las irregularidades en torno a este caso van más allá de los sobornos que Lozoya recibió para favorecer a la constructora brasileña. El procedimiento de la adjudicación estuvo plagado de irregularidades que, a la postre, le ocasionaron a Petróleos Mexicanos pérdidas por sobreprecios, adquisición de materiales no utilizados, trabajos inconclusos o de plano inventados, entre otros.
Y desde 2019 la ASF también denunció a Pemex y sus filiales por la inversión en el complejo Agronitrogenados en Veracruz que, de forma similar a lo sucedido con Fertinal, fue sobrevalorado y resultó poco rentable al punto en que muchos de los equipos adquiridos eran obsoleto y algunos estaban en condiciones de chatarra. Las pérdidas para la petrolera mexicana superan los 3 mil 675 millones de pesos.
De acuerdo con sus dictámenes técnicos, en todos estos casos la ASF presume que habría responsabilidades desde la misma dirección de la petrolera, pasando por mandos altos y medios. Pero el deslinde de las mismas y el inicio de procedimientos penales depende de que la FGR judicialice las carpetas de investigación iniciadas, lo que no ha ocurrido todavía.
La denuncia de Pemex
El 5 de marzo de 2019, Petróleos Mexicanos presentó una denuncia penal ante la FGR por las irregularidades en la compra del complejo de Fertinal. En este caso, a diferencia de la Auditoría, la empresa se enfocó en el proceso de adquisición y avalúo del complejo a cargo de la administración de Lozoya.
Lo que Pemex concluyó es que el complejo de Fertinal, ya tomando en cuenta sus pasivos y deudas, no superaba los 15 millones de dólares. Sin embargo, la empresa dirigida por Lozoya asumió los pasivos y además le pagó a Fertinal 209 millones de dólares. Todo ello se tradujo en pérdidas por más de 193 millones de dólares que, en aquel momento, equivalía a unos 2 mil 895 millones de pesos.
La denuncia de la apoderada legal de Pemex no solo implica a Lozoya en su carácter de director de la petrolera sino también como miembro del Consejo de Administración de Pemex junto con otros exfuncionarios que avalaron estas adquisiciones. También señala a otros organismos que participaron en las operaciones, entre ellos Banco Azteca perteneciente a Grupo Salinas.
En el documento de 22 páginas de la denuncia Pemex también hace referencia secundaria al caso Agronitrogenados, elemento que la FGR tomó en cuenta como referencia en el caso ya judicializado en contra de Lozoya. Sin embargo, el asunto específicamente relacionado con Fertinal sigue sin llegar a los tribunales.
La libertad de Lozoya
Desde julio de 2020, Emilio Lozoya se encuentra vinculado a proceso por delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa derivado de los sobornos que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos para favorecerlas con contratos. A su vez acumula una docena de denuncias promovidas por diversas autoridades en contra suya y de su gestión en Pemex.
Sin embargo, hasta ahora el exfuncionario ha evitado la cárcel gracias a la colaboración que le ofreció a la FGR para denunciar y probar un supuesto entramado de corrupción que abarca dos sexenios y que incluye a expresidentes, exsecretarios de Estado y legisladores.
Aunque dicha colaboración no traía consigo una obligación para dejar en libertad a Lozoya, la FGR decidió no solicitar ningún tipo de prisión preventiva en su contra –ni en un penal ni en un domicilio– y solo pidió al juez que le retirara su pasaporte y que se le instalara un brazalete electrónico.
La decisión de no pedir ninguna otra medida cautelar en contra del exfuncionario sorprendió al propio juez quien dijo que veía elementos para una prisión preventiva. No obstante, aclaró que él no podía ir más allá de lo solicitado por los fiscales.
Originalmente la medida cautelar se mantendría solo durante seis meses en lo que se definía si la FGR le concedería un criterio de oportunidad y con ello la suspensión del proceso a Lozoya o si, por el contrario, lo acusaba formalmente para ir a un juicio. Pero dicho plazo se ha extendido ya en cuatro ocasiones por petición de los abogados del exdirector de Pemex, quienes aún no logran cerrar el acuerdo con la Fiscalía.
Este 11 de octubre, la FGR informó en un comunicado que la última prórroga que el juez concedió para definir la situación legal del exfuncionario vence el 4 de noviembre.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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