Pese a que desde noviembre de 2019 la exfuncionaria había ofrecido a la FGR colaborar en la búsqueda de un posible criterio de oportunidad, fue hasta seis meses después, el 18 de mayo de 2020 –dos semanas antes de las elecciones federales– cuando la Fiscalía dio respuesta a su solicitud pidiéndole que exhibiera que elementos tenía y que testificara.
Se trató de un cambio de posición de la FGR luego de que por meses se negó siquiera a ver a Robles bajo el argumento de que no habría negociación si no pagaba cinco mil millones de pesos de reparación de daño.
Animal Político tiene copia del documento que la Fiscalía le envió a la exfuncionaria firmado por David Luz Macgluf, fiscal comisionado a la Unidad Especializada en investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Moneda de la SEIDO.
En dicha misiva los fiscales le plantean a Robles la posibilidad de concederle un criterio de oportunidad, como ella lo había solicitado en su escrito enviado el 25 de noviembre de 2020, seis meses antes. Pero para ello le advierten que es necesario que primero detalle que elementos tiene y testifique.
“A efecto de hacer la valoración conjunta de la información y datos de prueba oportunos con los que cuente respecto a hechos, autores y partícipes respecto de la carpeta de investigación… resulta necesario de conocer de la misma. Por lo que se deberá notificar el presente acuerdo a los abogados de la promovente para que lo hagan de conocimiento de su representada… y así se estén en la posibilidad de recabar su testimonial con la condición de que aporte toda la documentación e información con la que respalde su dicho”, indica el oficio de la Fiscalía.
Aunque no se dan mayores detalles en el oficio, la FGR deja en claro que la petición hecha a la exfuncionaria tenía como finalidad analizar la posible concesión de un criterio de oportunidad, como ella misma lo había solicitado dentro de la carpeta de investigación iniciada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, con el número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000605/2020. Se trata de una indagatoria relacionada con el caso de La Estafa Maestra.
En su momento, fue la propia defensa de Robles la que hizo público que buscaba esta posibilidad de colaboración. Su entonces abogado, Sergio Arturo Ramírez, declaró públicamente que la exfuncionaria contaba con información que mostraba que se habían desviado recursos a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, y que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, estaba supuestamente implicado.
De acuerdo con autoridades federales consultadas por este medio, la información que se había requerido a Robles a través del referido abogado debería estar relacionada con los roles que específicamente tuvieron Videgaray Peña en los supuestos esquema de corrupción.
Esta semana, en diversas entrevistas, la propia exfuncionaria ha señalado que las autoridades le habían pedido, a través de sus abogados rendir declaraciones para inculpar a otros, de forma similar a como ocurrió con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso Odebrecht.
Rosario no, Zebadúa sí
Pese a que el 24 de noviembre de 2020 Robles oficializó a través de un oficio entregado a la FGR su intención de colaborar, por meses no hubo ninguna respuesta.
En diversas audiencias relacionadas con el proceso abierto en su contra por omisiones, los abogados de la exfuncionaria argumentaron que habían ofrecido a la FGR la posibilidad de colaborar, pero sin éxito. El juez del caso llegó a exhortar en varias ocasiones a la Fiscalía para que buscara a Robles y le recabara una declaración, pero dicha institución se opuso bajo el argumento de que no entraría en ningún tipo de diálogo si la exfuncionaria no se comprometía a reparar el daño.
Ante ese escenario, la exfuncionaria decidió en abril pasado retirar cualquier intento de colaboración y acusó a la Fiscalía de solo favorecer a aquellos que se prestaban a fabricar historias con fines políticos.
En ese contexto llegó el oficio de la FGR fechado 18 de mayo en donde se le pedía rendir su declaración, dos semanas y media antes de la elección federal del 6 de junio. La funcionaria ya no dio respuesta. Un mes después, en julio, Sergio Arturo Ramírez –quien había negociado con la FGR la posible colaboración– anunció que dejaba la defensa de la exfuncionaria ante su decisión de ya no buscar el criterio de oportunidad.
Una situación diametralmente distinta es la que ocurrió con el que fuera Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, quien de acuerdo con investigaciones de la FGR, es corresponsable de las omisiones que permitieron los millonarios desvíos con el esquema de La Estafa Maestra, pero que además está acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de lavado de dinero.
A este exfuncionario la FGR sí le recabó una declaración ministerial desde noviembre del año pasado. En dicho testimonio Zebadúa acusa a Videgaray de haber instruido el esquema de desvío de recursos en múltiples dependencias, y que el dinero se había usado en diversas campañas electorales.
A diferencia de Rosario Robles –quien ya acumula más de dos años en prisión preventiva– Emilio Zebadúa ha permanecido en libertad pese a los señalamientos e indagatorias en su contra.
Defensa prepara amparo
Rosario Robles buscará a través de una nueva demanda de amparo revocar la medida cautelar de prisión preventiva que un juez federal decidió mantener en su contra la semana pasada. Esto bajo el argumento de que no existen ya elementos que justifiquen que siga encarcelada en el penal de santa Martha Acatitla.
De acuerdo con fuentes de la defensa se optará por esta vía en vez de tramitar una apelación. Lo anterior ya que consideran que se incurrió, nuevamente, en violaciones a los derechos constitucionales de la extitular de Sedesol y Sedatu.
Rosario Robles cuenta con un plazo de 15 días hábiles para la presentación de dicha demanda de amparo que comenzaron a correr a partir de que se ratificó la prisión preventiva en su contra. Dicho plazo vence el próximo 12 de noviembre.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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