En un principio se denunció que el joven veracruzano de 23 años falleció el pasado 3 de agosto --en el hospital Agustín O´Horán de esta ciudad-- debido a la gravedad de las lesiones que sufrió después de ser abusado sexualmente y torturado presuntamente por policías.
El chico, quien migró a Mérida meses antes, en busca de trabajo, fue detenido el 21 de julio por cuatro policías municipales en el Parque de San Juan, en el centro de la ciudad, y remitido a la cárcel municipal, donde permaneció hasta el día siguiente.
El 24 de julio acudió ante el Ministerio Público a denunciar que fue violado y torturado por policías. Debido al mal estado en que se encontraba, la FGE pidió una ambulancia para ingresarlo al nosocomio, donde días después falleció.
Antes de llevárselo a Veracruz para darle sepultura, su madre, Dora María Ravelo, se plantó con el féretro en la entrada del palacio de gobierno para exigir justicia al gobernador Mauricio Vila Dosal y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento calificó el caso como “crimen de odio” y ordenó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGE detuvo a los cuatro policías municipales que participaron en la detención del joven, el 21 de julio, y los imputó por homicidio calificado cometido en pandilla y violación y tortura agravadas, pero el juez de Control declaró la no vinculación a proceso.
El juzgador explicó que, si bien se acreditaron los delitos en agravio del chico, y que probablemente los responsables fueron policías, la Fiscalía no acreditó que hubieran sido esos cuatro agentes a los que se detuvo e imputó.
Y argumentó que la víctima describió en su denuncia las características de un uniforme y un vehículo de una corporación distinta a la municipal, e incluso mencionó los apellidos de dos de sus presuntos agresores.
El caso de José Eduardo causó tensión entre los gobiernos estatal y municipal, pues desde el inicio el alcalde Renán Barrera Concha salió en defensa de sus policías.
En agosto pasado la FGR empezó a colaborar en las pesquisas con la FGE, pero terminó atrayendo el caso e inició su propia carpeta de investigación.
Esta mañana, en la conferencia de prensa matutina que hoy tuvo su sede en esta ciudad, un reportero cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los avances de las investigaciones respecto a este caso. El mandatario respondió que la FGR los daría a conocer.
Y, así, esta tarde la FGR emitió un comunicado en el que plasmó sus conclusiones.
Relató que el 18 de agosto la madre de José Eduardo interpuso ante la FGR su denuncia y con ello se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.
A partir de ese momento, la FGR recabó más de 50 testimoniales; realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros); más de 35 informes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y tres inspecciones ministeriales.
Además, exhumó el cadáver y le practicaron una nueva necropsia, en la que se concluyó que José Eduardo falleció “por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”.
Aseguró que también se analizaron las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de su detención hasta su llegada a la cárcel (11 minutos), así como los videos de su estancia (24 horas).
“Del análisis de todos los videos, NO se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, destacó, y dijo que todos los videos están a disposición de los ofendidos y lo estarán a disposición del juez competente, en su caso.
Añadió que a través del estudio de la mecánica de lesiones se concluyó que las heridas causadas a José Eduardo “fueron correspondientes con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días, no poniendo en peligro la vida”.
“Las declaraciones de los testigos son consistentes en señalar que el joven mencionado se resistió al arresto”, agregó.
De igual manera, concluyó que los números y colores de la patrulla señalados por el muchacho en la declaración donde describió las agresiones sufridas “no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características”.
Abundó: “La búsqueda se amplió a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo policía estatal y municipales de Mérida y Kanasín”.
También se llevaron a cabo testimoniales de personas que convivieron con la víctima en los meses previos a su muerte.
“En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”.
Y reveló: “Lo que SÍ existió fue la falsedad en dictámenes ministeriales; por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”.
Por ello, anunció, se está en proceso de judicialización para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía yucateca. Además, advirtió, continúa la investigación “respecto de la posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del estado”.
Al respecto, el gobierno de Mauricio Vila Dosal emitió un comunicado en el que refrendó “su compromiso con la verdad de los hechos y la aplicación de la ley con toda la firmeza”, y apoyo a los familiares del chico ante la conclusión de la FGR.
Expuso que, tras el resultado de la investigación federal, que señala probables responsabilidades de autoridades de la FGE, se determinó “la inmediata separación de sus cargos de quienes resulten responsables para que respondan a los señalamientos de la FGR”.
Añadió que seguirá colaborando con las autoridades federales en la investigación del personal de salud que atendió a José Eduardo en el Hospital General “Dr. Agustín O'Horán” “para que respondan lo que a su derecho convenga” y la FGR deslinde responsabilidades.
Finalmente, aseguró que en el gobierno del estado “no hay lugar para la impunidad y todos los funcionarios deben respetar la ley y servir con integridad a la sociedad, quien no lo haga, deberá responder a las consecuencias”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
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