De acuerdo con documentación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la que Animal Político tuvo acceso, entre 2013 y 2016 los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Aguascalientes, así como el sindicato magisterial, depositaron 79 millones 685 mil 670 pesos a cuentas de Collado, quien desde 2019 se encuentra detenido en el Reclusorio Norte acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
A través del Sistema Nacional de Transparencia, este medio envió solicitudes de información a varias instituciones de dichos estados y al SNTE para pedirles los contratos que ampararan los pagos millonarios hechos con recursos públicos, pero todos los sujetos obligados respondieron que no contaban con esa documentación. En las solicitudes se pidió información de contrataciones a favor tanto de Collado como de su despacho, Collado y Asociados SC, y de su financiera, Caja Libertad (oficialmente llamada Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V.).
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió en 2020 una carpeta de investigación en contra del abogado y consiguió que fuera vinculado a proceso en esa entidad por el delito de peculado. De acuerdo con la denuncia, Collado recibió depósitos por 13 millones 780 mil pesos del gobierno del priista César Duarte en 2013 y 2014. Esta información fue corroborada con la documentación fiscal del SAT.
Este caso es paralelo al que se le sigue a Collado a nivel federal. La FGE de Chihuahua es la única autoridad ministerial estatal que judicializó una investigación contra el litigante por las contrataciones amañadas para desviar fondos públicos en contubernio con gobiernos estatales, principalmente del PRI.
El mayor año de los presuntos desvíos fue 2014, cuando se malversaron 42.4 millones de pesos; en 2013 el desvío fue de 22.5 millones; en 2015, de 10.4 millones, y en 2016, de 4.1 millones.
El mal ejercicio de fondos públicos estatales ocurrió en las administraciones de los priistas César Duarte, en Chihuahua; Rodrigo Medina, en Nuevo León; Carlos Lozano de la Torre, en Aguascalientes, y Mario López Valdez, en Sinaloa (este último renunció en 2010 a su militancia en el PRI para poder ser gobernador por la alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano). En el caso del SNTE, el dirigente nacional era Juan Díaz de la Torre, quien colaboró estrechamente con la administración peñista en la implementación de la reforma educativa.
El abogado Juan Ramón Collado Mocelo tiene fuertes vínculos con políticos priistas y personajes acusados de corrupción. Fungió como defensor de Enrique Peña Nieto en su proceso de divorcio de la actriz Angélica Rivera. También fue representante legal de Raúl Salinas de Gortari cuando fue acusado del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Lo mismo defendió al exgobernador priista de Quintana Roo Mario Villanueva —acusado de lavado de dinero y narcotráfico—que al empresario Carlos Ahumada, ejecutor de los videoescándalos de René Bejarano.
A raíz de una investigación de la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero, Collado fue detenido en julio de 2019 mientras departía en un restaurante de la Ciudad de México con Carlos Romero Deschamps, entonces dirigente del sindicato de Pemex y amigo personal del abogado.
La investigación en Chihuahua
El 30 de agosto de 2020, Collado se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Norte cuando se le cumplimentó una orden de aprehensión girada por un juez de Chihuahua por un peculado de 13.7 millones de pesos, como parte de la causa penal 778/2020.
De acuerdo con el expediente abierto por la Fiscalía estatal durante el sexenio del panista Javier Corral, al que tuvo acceso este medio, la administración de César Duarte, a través de la Secretaría de Hacienda, simuló la contratación de Collado para supuestas asesorías en materia de deuda pública, derechos humanos, fideicomisos y controversias constitucionales, entre otros servicios.
Para ello, funcionarios públicos habrían confeccionado documentación ad hoc para justificar los pagos millonarios. No obstante, la FGE halló irregularidades administrativas en el papeleo y ausencia de comprobantes de la prestación de servicios, y obtuvo el testimonio de exfuncionarios que colaboraron en la simulación, confirmaron fuentes de la Fiscalía.
“Diversos servidores públicos y personas externas, repartiéndose roles y actividades, del mes de enero de 2013 al mes de marzo de 2014, concertaron y efectuaron la distracción de $13,780,000.00 del erario, destinado a fines públicos. Para lo cual, simularon la realización de un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales de asesoría jurídica con el imputado (…) que nunca fueron prestados, fingiendo para ello el contrato y un convenio modificatorio con sus respectivos pagos y facturación, además de documentación, a efecto de integrar un expediente como proveedor, efectuándose los pagos mediante transferencias bancarias desde cuentas de la Secretaría de Hacienda a la del imputado”, dice el expediente de la FGE.
“En particular (Juan Collado) fue el encargado de concertar el desvío del recurso en cuestión, de aportar su despacho jurídico para fingir la prestación del servicio profesional, de facilitar el material de facturación y documentos personales a fin de integrar un expediente como proveedor, así como de operar el trámite administrativo de contratación simulada con los funcionarios involucrados, y posteriormente, recibir el dinero público desviado”.
Según la indagatoria, el gobierno de Chihuahua transfirió a Collado los 13.7 millones de pesos en cinco depósitos efectuados el 26 de julio, el 25 de octubre, el 24 de diciembre y el 30 de diciembre de 2013, y el 26 de marzo de 2014.
Una fuente de la FGE señaló a Animal Político que la simulación de contratos de servicios personales fue el mismo mecanismo utilizado en la “Operación Safiro”, mediante la que fueron desviados 246 millones de pesos de fondos federales a través de la Secretaría de Educación de Chihuahua del gobierno de Duarte para financiar campañas del PRI.
Al indagar las transferencias a Collado, los fiscales de Chihuahua encontraron que más autoridades le hicieron depósitos presuntamente usando el mismo tipo de contratos amañados.
“La utilización de servicios profesionales era la forma más utilizada para distraer recursos, porque era la que mayores facilidades les daba a la hora de justificar una adjudicación directa”, afirmó la fuente.
Los otros desvíos
El gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León es el que más recursos públicos transfirió a cuentas de Collado por servicios sin comprobar.
De acuerdo con la documentación fiscal del SAT consultada por este medio, la administración estatal pagó al abogado 42 millones 860 mil pesos: 8.5 millones en 2013 y 33.3 millones en 2014.
La cifra pagada por la administración del priista Medina representa más de la mitad del total de los desvíos efectuados a las cuentas del abogado, conforme los registros fiscales del SAT.
Animal Político envió solicitudes de información a seis dependencias de Nuevo León para solicitar los contratos o convenios celebrados con Collado que justificaran los pagos realizados.
Todas las dependencias estatales refirieron a la Secretaría de Administración, que funge como una Oficialía Mayor que centraliza las compras de todo el gobierno. Esa institución respondió, a su vez, que no tenía entre sus archivos registro de contrato alguno con Collado, su despacho o su financiera.
Por su parte, el gobierno de Aguascalientes, con el priista Carlos Lozano de la Torre como mandatario, transfirió 9 millones de pesos a las cuentas del abogado: 2 millones en 2013 a través de la Secretaría de Finanzas y 7 millones a través del Instituto de Educación de Aguascalientes en 2014 y 2015.
Ninguna de estas dos instituciones proporcionó los contratos que justificaran esos pagos. Únicamente el Instituto de Educación proporcionó la copia de un convenio de colaboración celebrado con Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. (Caja Libertad) en 2019, es decir, en una administración diferente a la de Lozano de la Torre, que es la que efectuó los depósitos a Collado.
Dicho convenio fue para que Caja Libertad otorgara créditos a los trabajadores de la educación. El convenio no generó un costo para el gobierno estatal, pues la empresa de Collado se beneficiaría de los intereses cobrados a los deudores mediante descuentos vía nómina.
El gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa pagó 1.5 millones de pesos a Collado. Este medio envió solicitudes de información a cuatro instituciones estatales y ninguna reconoció tener contratos que respaldaron las transferencias de recursos públicos al abogado.
Por último, el SNTE le hizo depósitos por 12 millones 545 mil 670 pesos en tres años, según la documentación fiscal del SAT. El sindicato que dirigía Juan Díaz de la Torre pagó a Collado 1.2 millones de pesos en 2014, 7 millones 90 mil pesos en 2015 y 4.1 millones de pesos en 2016.
En respuesta a una solicitud de información, la organización sindical precisó que no halló contratos que hubieran sido cubiertos con recursos públicos, pero dejó abierta la posibilidad de que existieran pagos de servicios efectuados con cargo a las cuotas de los trabajadores, las cuales “no son susceptibles de ser informadas”, indicó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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