Según revelan las cifras del Anexo 18 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, sólo se destinará 2.95% del PIB y 10.2% del gasto total para casi 40 millones de niños y adolescentes del país, por lo que el Pacto por la Primera Infancia alerta sobre esa situación, que se refleja en una disminución en varios programas sustantivos dedicados a ese núcleo poblacional. La coordinadora de ese colectivo, Aranzazu Alonso Cuevas, pide a los legisladores defender a ese sector que, aun cuando no vote, “tiene los mismos derechos que los demás mexicanos”.
Concentrado en el Anexo 18, el presupuesto destinado para la niñez y la adolescencia mexicana se puso bajo la lupa ante la publicación de informes del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre el incremento de la población en situación de pobreza y pobreza extrema en los últimos dos años, en buena parte motivado por la pandemia. En el caso de los menores de edad, uno de cada dos es pobre y uno de cada 10 es extremadamente pobre (Proceso 2340)
Frente a esa realidad, el miércoles 13, en la instalación de la Comisión de Infancia de la Cámara de Diputados, defensores de derechos de la niñez cuestionaron el PPEF 2022, que pretende continuar con la política de contracción de presupuesto destinado a los casi 40 millones de menores, según lo han documentado organizaciones como el Pacto por la Primera Infancia, que alertó sobre una disminución entre 2018 y 2021 de casi 33 mil millones de pesos para niñas y niños menores de seis años.
En el evento protocolario, la representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef en México), Pressia Arifin-Cabo, advirtió que, de acuerdo con estimaciones del Coneval, de 2018 a 2020 hubo un incremento de la población en situación de pobreza y de extrema pobreza, de 43% y 8%, respectivamente, proporción que se dispara en infantes y adolescentes, entre quienes se contabilizan 19.5 millones de pobres y 10 millones de pobres de manera extrema.
Ante diputadas de la Comisión de Niñez y la Adolescencia, presidida por la priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, la representante adjunta de Unicef resaltó que “en los últimos tres años, la inversión para la infancia y la adolescencia ha ido perdiendo relevancia tanto en la economía total como dentro del gasto público total, afectando los requerimientos de inversión para amortiguar los efectos negativos de la pandemia”.
El balance de la atención de la infancia durante la actual administración realizado por Unicef, en voz de Arifin-Cabo, fue devastador: “En 2019 se destinaban 3.6% del PIB y 11.5% del gasto total a programas e intervenciones para la infancia; para 2022 se destinará 2.95% del PIB y sólo 10.2% del gasto total para casi 40 millones de niños en el país”.
Al resaltar que para 2022 se considera un “incremento mínimo en términos reales de 1.3% de lo presupuestado en 2021”, apuntó que “no favorece la inversión en niñas, niños y adolescentes, y por lo tanto no responde a las crecientes necesidades que se han profundizado a raíz de la pandemia”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2346 del semanario Proceso
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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