La Comisión Nacional afirmó que en reiteradas ocasiones ha señalado que la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, enfatizando la importancia de que las conductas ilícitas de personal al servicio público también sean motivo de investigación y sanción para evitar la impunidad.
El mensaje del organismo llega después de que recibiera una nueva queja por parte de Aburto Martínez, “donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad”.
“La víctima y sus familiares manifestaron a este Organismo Nacional que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”, recordó en un comunicado.
Por ello, la CNDH aseguró que “no se puede omitir la mención de su responsabilidad, toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, […] tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”.
#CNDH dirige #Recomendación a la @FGRMexico y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por actos de #Tortura contra una persona privada de su libertad en #CEFERESO de #Guanajuato.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/XDSXvMrpT4
— CNDH en México (@CNDH) October 26, 2021
“Incluso obra en los archivos de esta Comisión una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y realizada sin autorización del hoy agraviado, lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal”, agregó.
Ante dicha situación, investigó el caso y determinó que elementos de entonces la Policía Judicial Federal, adscritos a la extinta Procuraduría General de la República (PGR), así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de Mario Aburto a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra.
También llegó a la conclusión de que los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos. Además, acreditó que personal médico y custodios del centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que el OADPRS incomunicó a Aburto y lo ha mantenido en CEFERESOS lejanos a donde habita su familia, “lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno”.
“Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”, dijo la CNDH.
AUTOR: REDACCIÓN.
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