El caso de corrupción de Odebrecht, que ha afectado a buena parte de América Latina, estalló por completo el año pasado en México después del arresto de Emilio Lozoya en España y su posterior extradición a territorio mexicano, donde presentó una denuncia de hechos en la que se mencionan los nombres de varios políticos que pudieron estar involucrados en la trama.
Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ratificó que Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN); José Antonio Meade Kuribreña, exaspirante a la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); José Antonio González Anaya, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y Carlos Treviño Medina, también exdirector de Pemex, habrían recibido sobornos tanto para aprobar la Reforma Energética como para el otorgamiento de contratos, reveló este domingo el periódico La Jornada.
De acuerdo con la tercera declaración que dio el exfuncionario ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la que tuvo acceso el medio, a Anaya Cortés se le habrían entregado seis millones 800 mil pesos con la finalidad de que se avalara la Reforma Energética en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que “una parte” de los 84 millones de pesos que habría dado la empresa Odebrecht a autoridades mexicanas para conseguir contratos, “fue entregada a José Antonio González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y Carlos Treviño Medina”.
En el texto firmado por el periodista Gustavo Castillo García, se detalla el contenido de la declaración, donde Lozoya Austin afirmó que esos personajes “promovieron la continuidad del contrato de Etileno XXI”, un negocio irregular de Pemex que generó pérdidas y gastos innecesarios por al menos siete mil 124 millones 963 mil 300 pesos entre 2015 y 2018, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas para la Empresa Productiva del Estado.
Asimismo, explicó que “parte se le distribuiría a los senadores del PAN, al PRI o personas que Luis Videgaray me indicase”, pues Emilio Lozoya ha sostenido que el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, excanciller y Secretario de Hacienda del priista, le ordenaron sobornar a legisladores, entre ellos cinco senadores, para que apoyaran las reformas al sector energético, con las que se abrió este ámbito a la iniciativa privada.
“Luis Videgaray me instruyó a darle 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, por haber logrado que el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados votara la reforma constitucional en materia energética y seguir influyendo de forma favorable en los diputados del PAN en la Cámara de Diputados”, insistió Lozoya en su declaración escrita, retomada por La Jornada.
“Anaya Cortés sí voto la reforma constitucional en materia energética favorablemente, y si bien no recuerdo si él estaba o no de licencia cuando se aprobaron las reformas secundarias, puedo afirmar que eso era bastante irrelevante, ya que los acuerdos que se hacían con Ricardo Anaya Cortés no eran sólo por su voto en lo individual, sino porque él controlaba al Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, es decir, los acuerdos con los diputados del PAN se hacían con él, y él ejercía la influencia política sobre los diputados”, se lee en el medio que retomó los dichos del exencargado de Pemex.
EL CASO LOZOYA
Emilio Lozoya Austin dirigió Pemex entre 2012 y 2016, bajo la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad.
Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
El otro juicio es por comprar presuntamente la planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.
La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político, ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía General de la República para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel a cambio de denunciar en la trama de corrupción a 70 personas de la elite política mexicana.
Por ello, desde su arribo a México no ha pisado la cárcel, lo que ha generado molestia entre la sociedad mexicana. Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un día después de su arresto en España que en su Gobierno “no hay protección para nadie”. Pero ha pasado un año sin apenas novedades en la investigación y un silencio que incomoda a la ciudadanía.
En su extensa denuncia de hechos, presentada el 11 de agosto de 2020, el exdirector de Pemex aseguró que Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para comprar voluntades en el Congreso.
También señaló a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012), por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.
Además, de que en 2013 varios legisladores de la oposición – entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca- recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.
De los 16 políticos señalados por Emilio Lozoya, sólo el exsenador Jorge Luis Lavalle está preso, mientras que Ricardo Anaya se encuentra en el “exilio” y denunciando que en la FGR son unos “incompetentes”, ya que su voto a favor de la reforma “fue ocho meses antes de la supuesta entrega” de dinero denunciada por Lozoya.
El panista también acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador de intentar meterlo a la cárcel para frenar su posible candidatura presidencial en 2024, algo que el actual mandatario mexicano ha negado, por lo que en semanas pasadas pidió a la FGR transparentar su caso.
AUTOR: REDACCIÓN.
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