El sistema de adquisición de medicamentos y equipos de salud para la pandemia de COVID-19 podrá seguir vigente después de que la acción de inconstitucionalidad que pretendía declararlo ilegal fuera desestimada por la Suprema Corte.
Las y los ministros decidieron esto sobre la acción de inconstitucionalidad 256/2020, promovida por legisladores de la oposición, donde se pronunciaban en contra de las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que permiten que el Gobierno federal adquiera materiales de salud a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (Unops), así como participar en el sistema Covax que busca garantizar un acceso equitativo a nivel mundial a vacunas contra la COVID.
La Corte informó que la propuesta original, presentada por el Ministro Juan Luis González Alcántara, proponía invalidar estos puntos “porque exceptúa el régimen de licitaciones públicas” sin que a nivel Ley las dependencias gubernamentales y los estados puedan justificar su método de contratación, lo que va en detrimento del Artículo 134 de la Constitución en materia de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
Se analizó si el artículo 1, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vulnera el artículo 134 de la Constitución. Se desestimó el planteamiento por no reunir una mayoría calificada.
— Suprema Corte (@SCJN) October 5, 2021
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El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea advirtió que de invalidarse la reforma, habría complicaciones para que el Gobierno adquiera medicinas durante el curso de una pandemia.
En su turno, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó la importancia de este mecanismo de adquisición, el cual aseguró que trae beneficios como la convocatoria a instituciones internacionales para obtener precios bajos, calidad asegurada de los insumos y el acceso a productos de disponibilidad limitada.
“Inclusive, para el año 2021 México contrató cerca de 45 mil 437 millones de pesos a través de este mecanismo y tuvo un ahorro de 11 mil 880 millones de pesos a través de estos mecanismos de contratación internacional”, abundó.
Con respecto a la legalidad del sistema de adquisiciones, la Ministra consideró que las contrataciones se hacen conforme mecanismos de colaboración previamente establecidos, y que ofrecen suficiente seguridad jurídica “al exigir la celebración previa de los convenios respectivos que respeten los principios constitucionales en aras de proteger el derecho a la salud de la población”.
La acción -interpuesta por senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano- obtuvo una votación de seis a favor y cinco en contra, pero al no adquirir la mayoría calificada de ocho fue desestimada.
AUTOR: REDACCIÓN.
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