Martínez Sánchez, quien además de ser maestra y periodista, dirige el Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, fue notificada el 11 de octubre, mediante el oficio BHR/0005/20-21, que se levantaría en su contra un acta administrativa.
Entre las razones de este proceso sancionador, el documento señala:
“Por utilizar un grupo de comunicación de Whatsapp llamado “DELEGACIÓN-D-II-235” integrado por personal docente y administrativo del turno Vespertino del Bachillerato General Héroes de la Reforma...para compartir artículos periodísticos redactados por usted o exponiendo su opinión personal mostrando oposición al titular del Gobierno del Estado, denigrando o cuestionando los actos del gobierno estatal”.
La diputada federal por Morena, Inés Parra, manifestó que este proceso contra Martínez Sánchez refleja la forma autoritaria y represiva con la que actúa el gobierno de Miguel Barbosa en Puebla contra las personas que levantan la voz o acompañan a los movimientos sociales.
“Quiere decir que cualquier persona que pueda dar posturas contrarias al gobernador, corre el riesgo de represión, de hostigamiento en tu trabajo y que te violenten tus derechos humanos como es la libre expresión”, agregó.
El 23 de septiembre, Martínez Sánchez participó en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados en la que se dio a conocer un escrito que se entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual se acusa al gobernador Barbosa Huerta de criminalizar y perseguir a movimientos sociales.
En ese documento, se mencionó entre otros, el caso de cuatro pobladores nahuas de la comunidad de Coyomeapan detenidos entre el 1 y el 5 de septiembre, por participar en un movimiento de resistencia contra el cacicazgo que los hermanos Celestino Rosas han impuesto en esa localidad de Sierra Negra de Puebla.
Martínez Sánchez denunció que, tras presentar denuncias por diversas violaciones a derechos humanos cometidas en la entidad, se desató una campaña de acoso y de hostigamiento laboral en su contra.
El director de la escuela en la que trabaja, Roberto Martínez Peláez, la citó el 15 de octubre para ser sometida a un proceso administrativo en el cual, el principal señalamiento, fue el compartir notas en este grupo de Whatsapp que fue conformado de manera informal por trabajadores sindicalizados de ese plantel.
Como testigos de cargo en este proceso acudieron Gonzalo Facundo Pérez Cabrera, trabajador administrativo y Ana Isabel Coriche Ramírez, docente del mismo plantel, quienes mostraron como prueba capturas de su celular con los mensajes compartidos por Martínez Sánchez. Una de las notas que se menciona que compartió se titula “Elementos de la Policía Estatal ingresan a las instalaciones de la Secretaría de Educación”. Los testigos argumentaron que estos mensajes les resultaban molestos y nada tenían que ver con el grupo que crearon entre los trabajadores de esa escuela.
En el acta, la prefecta Carolina Pérez y Pérez acusó que la activista faltó a su trabajo los días 7,13, 20 y 21 de septiembre y 4 y 5 de octubre.
Sin embargo, el representante sindical Jesús Evaristo Córdoba Herrera, reconoce que esas inasistencias “no deben tomarse en cuenta para emitir una sanción, toda vez, que no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento de condiciones general del trabajo” de personal de la SEP.
Cabe recordar que la SEP sólo señala como causa de sanción contar con tres faltas consecutivas y en otro tipo de faltas se aplica descuento al salario.
Tras levantarse el acta, en la cual la diputada Inés Parra, acudió como testigo de descargo de Martínez Sánchez, el directivo del bachillerato informó que turnaría las actuaciones a la Dirección de Relaciones Laborales de la SEP para “su dictaminación correspondiente”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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