“Acusamos al gobierno federal de racista y promotor de la violencia contra los indígenas. La ridiculez inaudita e insensata de etiquetarnos como “grupo de ultraderecha” habla por sí sola de la propensión a la mentira, la simulación y la mala fe del gobierno federal y del señor Jiménez Pons”, indicó Múuch’ Xíinbal, luego de que el titular de Fonatur informara que se tienen identificadas a 327 personas y seis organizaciones que han interpuesto 25 amparos contra el Tren Maya.
Señaló que las declaraciones de Jiménez Pons “otra vez” pone en una situación vulnerable a los defensores y comunidades mayas que se oponen al megaproyecto, pues el funcionario señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos.
Los integrantes de Múuch’ Xíinbal recordaron que también hay una “complicidad inaudita y descarada” en la imposición del Tren Maya entre los tres niveles de gobierno y varios organismos de las Naciones Unidas, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
“Múuch’ Xíinbal ha recurrido a la defensa legal de su territorio y de sus derechos con los mecanismos y herramientas que la misma ley y el sistema de justicia nos otorga”, explicaron los defensores, quienes solicitaron la protección del amparo y pidieron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares “debido a la campaña de imposición del proyecto del tren y a la presión, la descalificación y el amedrentamiento que a diario ejerce el gobierno federal en distintos niveles”.
Frente a las declaraciones de Fonatur, los defensores mayas reafirmaron su lucha contra la imposición del megaproyecto y responsabilizaron de cualquier agresión contra los integrantes de la Asamblea al presidente Andrés Manuel López Obrador y al titular del organismo Rogelio Jiménez Pons.
AUTOR: REDACCIÓN.
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