Si bien los esquemas offshore suelen ser diferentes y adaptarse a las necesidades de cada cliente millonario, los asesores fiscales y patrimoniales de los más de 3 mil mexicanos detectados por Proceso y otros 149 medios en los cerca de 12 millones de documentos confidenciales de los Pandora Papers han usado estrategias similares a lo largo de los años, adaptándose a los cambios legales de los países para perfeccionar sus estructuras.
En general, los clientes mexicanos han usado estas estructuras para controlar cuentas bancarias en el extranjero –Suiza y Estados Unidos--, tener mansiones en Estados Unidos, así como poseer yates, jets privados u obras de arte. En México, controlar estructuras offshore no constituye por sí un delito; lo es cuando la estructura no fue reportada ante las autoridades tributarias, si movió recursos de origen ilícito, o si participó en operaciones de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo.
Esa es una compilación de las principales recetas que la industria offshore ofreció a los clientes mexicanos detectados en los Pandora Papers, entre ellos multimillonarios, políticos, celebridades y delincuentes.
Estas fórmulas mezclan a menudo sociedades de papel en Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Singapur o Panamá, cuyas acciones están guardadas en trusts –fideicomisos-- de Nueva Zelanda, Panamá o Estados Unidos, y que detentan yates con bandera en diversos países, casas en Miami, Nueva York o Vail, cuentas bancarias en Suiza o Estados Unidos, o seguros de vida en Barbados.
Islas Vírgenes Británicas
Más de una tercera parte de los esquemas offshore de clientes mexicanos detectados por Proceso y los medios socios de ICIJ involucra al menos una compañía de papel en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), un archipiélago volcánico en medio del Caribe donde viven apenas 36 mil habitantes, pero contaba con… 417 mil sociedades de papel activas en 2017.
Estas compañías eran, principalmente, subsidiarias de grandes corporaciones y “holdings” personales o familiares, que en conjunto controlarían cerca de 1.5 billones de dólares en bienes y serían responsables de la evasión de 37.5 billones de dólares al año, a nivel global.
Decenas de clientes mexicanos de la industria offshore usan sociedades de papel en las BVI para controlar yates, cuentas bancarias en Suiza, mansiones en Estados Unidos o como intermediarias entre un trust y otras sociedades en otro país, que permiten eliminar los rastros del “beneficiario final” –que puede ser útil cuando se busca el anonimato-- y canalizar los recursos sin pagar impuestos.
La cantidad de mexicanos clientes de sociedades de BVI que aparecen en los Pandora Papers –y antes en Panama Papers-- es probablemente irrisoria en comparación con la cifra real, que es imposible de determinar: el registro de esta jurisdicción está prácticamente cerrado al escrutinio público, y los documentos a los que se puede acceder mediante pago no dan información sobre el beneficiario final.
En 1984, un grupo de abogados de Wall Street diseñó el marco legal de las BVI para convertirlas en un paraíso fiscal; tres décadas y media después, su alto grado de secrecía –permite que directores de papel aparezcan en los registros en lugar de los dueños reales--, la agilidad con la que se crean sociedades, sus tasas irrisorias de imposición y la nula voluntad política por arriesgar la principal fuente de ingresos del país mantienen a las BVI como el refugio ideal para los evasores de toda índole, según la Red por la Justicia Fiscal.
La firma Trident Trust, de la que provienen 3 millones 375 mil documentos incluidos en los Pandora Papers, tiene su sede principal en BVI, desde el cual ofrece su producto estrella: las “Compañías de Negocios de BVI” (BVIBV) y sus ventajas para amateurs de secrecía: se pueden crear en uno o dos días hábiles por 450 dólares (con una licencia anual de 450 dólares), no hay registros públicos de sus dueños, no se pagan impuestos, se puede cambiar el domicilio rápido, las sesiones del consejo pueden llevarse a cabo en otro país.
De hecho, para el SAT y el gobierno mexicano, las BVI son un punto prácticamente ciego en el planeta, pues no existe ningún acuerdo tributario bilateral que contemple un acceso facilitado a la información guardada en las computadoras de los despachos especializados offshore y en las oficinas gubernamentales de este conglomerado de una sesentena de islas.
De acuerdo con la información del SAT, a diferencia de otras jurisdicciones secretas, como las Islas Caimán o Bahamas, no existe acuerdo de intercambio de información con BVI, ni tampoco un convenio sobre la doble imposición y para evitar la evasión de impuestos, como sí lo hay con Luxemburgo o Suiza; la única vía para que las autoridades mexicanas pidan información pasa por el “Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales”, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo firmar a las BVI en 2014.
La comunidad internacional logró presionar al gobierno de BVI para combatir un poco su opacidad, y desde 2017 los agentes de registro tienen la obligación de reportar a las autoridades de ese país sobre la identidad de los beneficiarios finales. Sin embargo, cualquier solicitud por parte de las autoridades tributarias mexicanas toma mucho tiempo, y por si fuera poco, la embajada concurrente de México en BVI se encuentra en Londres, a 6 mil 661 kilómetros de Tortola.
Nueva Zelanda
Decenas de estructuras en las que se identificaron clientes mexicanos en los Pandora Papers recurren a Trusts en Nueva Zelanda. Ese país vecino de Australia no forma parte de las listas de paraísos fiscales, cuenta con un acuerdo de doble tributación con México, y ofrece la gran ventaja de no recaudar impuestos sobre los “trusts” extranjeros.
A diferencia de una sociedad –sea o no de papel--, un trust, o fideicomiso en México, no tiene una existencia corporativa, pues se trata de un contrato entre partes privadas, por lo que no existe ningún registro público que se pueda consultar sobre los trusts, los cuales son protegidos por estrictas normas de confidencialidad. Aparte, estas figuras pueden tener duraciones de 99 años o de carácter indefinido.
Esta serie de ventajas fue un argumento de peso de los despachos para seducir a sus clientes en América Latina, y específicamente en México. Uno de ellos ilustró sus argumentos con un esquema ficticio que permitiría a una persona residente en México distribuir dinero a sus familiares sin pagar impuestos mediante un Trust que recibiría recursos de sociedades de papel instaladas en diversas jurisdicciones.
En 2012, el despacho Helmores Wealth Limited, basado en Nueva Zelanda, elaboró un folleto publicitario dirigido a los nuevos ricos de América Latina y a sus gestores de fortunas para convencerles de los enormes beneficios económicos de los trusts en sus países.
El documento, particularmente ilustrativo de la lógica offshore, señalaba con toda nitidez su clientela objetivo: los nuevos ricos latinoamericanos, quienes brotaron de la “demanda voraz de China por materias primas y un incremento en la eficiencia y la productividad” observados durante la década anterior, y quienes buscaban proteger sus fortunas en una lógica de “dinastía familiar”, escondiéndolas de la mirada de los gobiernos.
“Para muchas personas residentes en los países más volátiles de América Latina, la seguridad de individuos y familias pueden estar en riesgo en caso de que sus fortunas sean expuestas, por ejemplo, por funcionarios locales a pandillas del inframundo criminal. De igual manera, la apropiación de bienes ubicados en las fronteras nacionales por parte del gobierno puede ser una amenaza muy real para el bienestar de muchas familias. Tener bienes familiares controlados por un trustee residente en Nueva Zelanda puede aliviar estos riesgos personales y políticos”.
El despacho recalcó que varios países latinoamericanos, bajo el impulso de México, mantenían una “lista negra” de paraísos fiscales –que en su opinión “pueden privar los individuos con fortunas netas elevadas de su derecho legítimo de preservar y aumentar sus bienes privados para las generaciones futuras”--, pero subrayó que varias jurisdicciones no se encuentran en estas listas, a pesar de proveer servicios idénticos, como Singapur, Escocia, Delaware y Países Bajos.
“Cada vez más se usan los Trusts Extranjeros de Nueva Zelanda por los mismos propósitos”, agregó el despacho.
Y con razón: “Los trustees de un Trust de Nueva Zelanda típicamente (mas no siempre) controlan acciones en una sociedad holding de inversión ubicada en una jurisdicción fiscalmente neutral, que a su vez controla bienes que generan ingresos. En general, las ganancias generadas por las compañías subyacentes son distribuidas a los trustees del Trust de Nueva Zelanda mediante dividendos. Estos dividendos constituyen un ingreso que sube hacia los trustees, lo cual significa que, como el ingreso no tiene su origen en Nueva Zelanda, no está sujeto al pago de impuestos”.
La lógica financiera resulta imparable, y el propósito de no pagar impuestos también, incluso empleando el eufemismo de “jurisdicción fiscalmente neutral” en lugar de paraíso fiscal.
Aparte, el despacho recalcó que los trusts de Nueva Zelanda ofrecen un “santuario” contra situaciones de inestabilidad política o económica en América Latina, y además son confidenciales.
Precisó que, bien estructurada, una estructura offshore puede canalizar dividendos, royalties u otros ingresos hacia el trust y sus beneficiarios, y que “en circunstancias apropiadas, los fondos se pueden remitir a los beneficiarios en Sudamérica o en otro lugar, o acumularse para otras inversiones y crecer con el objetivo de preservar y acrecentar la fortuna neta de la familia”.
“Creadores y beneficiarios de un Trust Extranjero de Nueva Zelanda (o de cualquier otro trust extranjero) que residen en países de América Latina tienen probablemente el requisito legal de declarar a las autoridades tributarias sus donaciones a/o intereses beneficiarios en el trust. Sin embargo, aparte de estas obligaciones, este tipo de estructuras puede (sic) mitigar o postergar legítimamente los impuestos pagables sobre el ingreso subyacente y las ganancias de capital”.
Mansiones en Miami
Muchas estructuras offshore usadas por clientes mexicanos tienen como objetivo controlar casas o departamentos en Estados Unidos –mayoritariamente en los estados de Florida, Texas, Nueva York o en Colorado--, un país cuyo sector inmobiliario se ha convertido en una enorme máquina de lavado de dinero, principalmente en el sector residencial, cuyo valor rebasa los 33.3 billones de dólares.
En Estados Unidos, se puede registrar un bien inmobiliario en nombre de una sociedad de papel, la cual a su vez puede pertenecer a otra entidad de papel creada en jurisdicciones secretas, como las BVI –en muchos de los casos mexicanos detectados en Pandora Papers--. Estos esquemas permiten que, en los registros públicos, no aparezcan los nombres de los verdaderos dueños de los bienes.
La construcción y el sector inmobiliario representan refugios relativamente seguros para esconder su dinero –o incluso para lavar fondos de origen ilícito--, sobre todo en tiempos en que los gobiernos incrementan su vigilancia sobre el sistema bancario, según documentó el Global Financial Integrity (GFI).
Para un extranjero, tener bienes inmobiliarios en un país tercero, lejos de la vigilancia de sus propias autoridades –fiscales o policiacas--, tiene varias ventajas: los inmuebles tienen precios relativamente estables que tienden a aumentar con el tiempo, generando ingresos “limpios” mediante una renta o una venta, y la cantidad de operaciones dificulta mucho la supervisión.
De acuerdo con el GFI, tan solo entre 2019 y 2020, personas extranjeras –de China, Canadá y México sobre todo-- compraron por 74 mil millones de dólares de bienes inmobiliarios en Estados Unidos; de este monto, 15.6 mil millones fueron gastados en Florida, en transacciones que en 64% de los casos se concretaron en efectivo.
El informe Hectáreas de Lavado de Dinero, publicado por GFI en junio pasado, documenta que una cuarta parte de todas las transacciones inmobiliarias registradas en Estados Unidos en 2018 se hicieron en efectivo, con una tasa mucho más elevada en los casos de las adquisiciones por parte de extranjeros.
También documentó que los agentes inmobiliarios, abogados y notarios no tienen obligación de reportar a las autoridades sobre posibles riesgos de lavado de dinero en la compraventa de un bien, y casi nunca lo hacen.
En tan solo 56 casos investigados y resueltos por la justicia estadunidense entre 2015 y 2020, se determinó que 2 mil 300 millones de dólares fueron lavados en el sistema inmobiliario estadunidense; de estos casos, un 16.7% involucraba a mexicanos –los exgobernadores priístas Javier Duarte de Ochoa, José Murat Cassab, Tomás Yarrington y el expolicía Genaro Garíca Luna--, y en el 82% el dueño real del bien estaba escondido detrás de una estructura corporativa offshore.
Estados Unidos y Reino Unido
Y no solo esto: los Pandora Papers muestran el papel cada vez más preponderante de Estados Unidos en la industria de la opacidad offshore. De por sí, los estados como Delaware, Nevada o Alaska permiten el uso de sociedades totalmente opacas, incluso con figuras corporativas que otros países como Panamá eliminaron bajo la presión de las principales economías.
Los documentos de los Pandora Papers muestran que pequeños estados de Estados Unidos, como Dakota del Sur, están desarrollando de manera vertiginosa su industria de trusts secretos, bajo el impulso de leyes locales diseñadas y redactadas por los despachos especializados en estructuras offshore.
Los “trusts” son una figura inventada en Reino Unido, una jurisdicción que además de ser una de las mayores plazas financieras del globo, se encuentra en el centro de “telaraña” de paraísos fiscales –sus excolonias, como BVI, Bermudas o Guernsey, entre otros--, en los cuales se esfuman cada año 160 mil millones de dólares, o alrededor del 37.4% de las pérdidas fiscales del planeta.
El propio Reino Unido alberga una gran cantidad de sociedades de papel, que sirven como plataformas de inversión internacional. En diciembre de 2019, la organización PODER documentó que al menos mil 616 integrantes de la élite económica y política de México controlan estructuras en este paraíso fiscal, entre ellos Juan Armando Hinojosa Cantú, el expresidente Ernesto Zedillo, así como Emilio Diez Barroso Azcárraga, Mauricio Treviño Zambrano y María Asunció Aramburuzabala Larregui, entre otros.
Yates
En el pequeño mundo de los ultrarricos, poseer un yate o un jet privado –más grandes y caros que los del vecino, de preferencia-- es otro marcador de estatus, como lo son coleccionar arte, donar a causas filantrópicas a través de fundaciones o patrocinar a intelectuales.
En los Pandora Papers aparecen decenas de sociedades offshore cuyo único propósito consiste en controlar un yate; las embarcaciones detectadas tienen precios que oscilan entre algunos cientos de miles de dólares hasta más 15 millones de dólares. A menudo, las estructuras fueron creadas con el despacho Trident Trust directamente por las empresas que venden los yates, como las empresas mexicanas Nautikos o Performance Boats.
Algunos de los ricos suelen personalizar los apodos de sus embarcaciones; así, el empresario del outsourcing Germán Enrique Rosete López de Llergo llamó su yate de 3 millones de dólares “El Patrón”, mismo que controló a través de su sociedad New Discoveries At Seas Ltd, mientras que los familiares de Francisco Labastida Ochoa y sus socios nombraron el suyo “El Pez Gordo”.
En octubre de 2019, la periodista Dolia Estévez reportó, en un columna que publicó en SinEmbargo, los valores de los yates que pertenecen a la cúpula empresarial mexicana: Alberto Baillères González y su yate “Mayan Queen” de 200 millones de dólares, Ricardo Salinas Pliego y “Azteca” (80 millones de dólares), Aramburuzabala y “Halo” (60 millones de dólares), Carlos Slim Helú y “Ostar” (40 millones de dólares) y Alfredo Chedraui Obeso y “Tsumat” (20 millones de dólares).
“Dar con ellos no es tarea fácil ya que los yates están registrados a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales. “Halo”, de Aramburuzabala, por ejemplo, nominalmente pertenece a Athena Limited, de las Islas Caimán; “Azteca”, de Salinas Pliego, a Okris Limited, en las Islas Marshall; “Ostar”, de Carlos Slim, a Bilmore Management, en las Islas Vírgenes Británicas, y “Forever One”, de Bruce Grossman, está registrado por SeaHawk Yachts, también en las Islas Caimán”, insistió la periodista.
El confort de Suiza
A pesar de los repetidos señalamientos y escándalos internacionales, Suiza sigue siendo un refugio seguro donde un millonario mexicano puede esconder su dinero y, de la mano con fondos de inversión y asesores financieros, hacerlo crecer lejos de la vista de las autoridades tributarias.
Aparte, la industria suiza de la asesoría patrimonial es todavía de las más especializada para diseñar estrategias offshore para sus clientes ultrarricos, incluyendo a algunos defraudadores –como el financiero Massimo Bochiccchio--; en los Pandora Papers aparecen operaciones de 26 firmas suizas, como Fidinam, uno de los despachos fiduciarios más antiguos basado en el paraíso bancario.
Los bancos Pictet, Syz, Lombard, Crédit Suisse o Gonet han estado al centro de varios escándalos internacionales que involucraron a personajes mexicanos, como el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin –quien hubiera recibido sobornos en su cuenta de Gonet--, o Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo” del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien tenía cuentas abiertas en Pictet.
Ya en 2015, en la investigación internacional SwissLeaks, el ICIJ había revelado la magnitud de Suiza como paraíso bancario, pues exhibió que, entre 2006 y 2007, 106 mil clientes internacionales tenían escondidos 181 mil millones de dólares en la filial del banco HSBC en Ginebra.
La investigación también mostró cómo el banco creó 20 mil sociedades de papel para sus clientes, cuya única función consistía en controlar cuentas bancarias –como en los yates—y agregar así una capa de opacidad en las estructuras, con la finalidad de garantizar el anonimato de sus clientes.
Entre sus clientes figuraban 2 mil 642 mexicanos, quienes tenían guardados 2 mil 200 millones de dólares en la rama helvética de ese banco, que fue sancionado en Estados Unidos por lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Así, Carlos Hank Rhon tenía 158 millones de dólares a nombre de la compañía de Singapur Hmtes Pte Ltd, Sercotel, filial de América Móvil, controlaba 78 millones de dólares; la familia Kalach Romano, del sector textil, controlaba 20 millones de dólares mediante la sociedad Couttereau Investments Inc; y el heredero Moisés Cosío Espinosa tenía 11 millones de dólares en nombre de Cantabria Partnership.
Meses después de la investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó los resultados de su “Programa de Bancos Suizos”, que consistió en una serie de arreglos financieros con 84 instituciones bancarias helvéticas –por mil 36 millones de dólares--, las cuales habían ayudado sus clientes estadunidenses a evadir impuestos.
Con estos arreglos, celebrados a cambio de no enfrentar un juicio, los bancos no solo pagaron una multa al gobierno estadunidense: también se comprometieron a entregar a las autoridades de Estados Unidos toda la información en sus archivos sobre sus clientes estadunidenses, y a cerrar las cuentas de quiénes incumplan con las disposiciones legales.
La estrategia consistente en vincular sociedades de papel a cuentas bancarias no es propia de los bancos suizos. La polémica Banca Privada d’Andorra (BPA) también ofrecía estos servicios a sus clientes, que incluían integrantes del Cártel de Sinaloa e integrantes de la élite priísta de México, incluyendo a Juan Ramón Collado Mocelo –abogado de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari--, Sylvana Beltrones o Alfredo Del Mazo Maza.
Y en octubre pasado, la investigación internacional FinCEN Files, también encabezada por el ICIJ, exhibió que estas estrategias para borrar los rastros de los clientes funcionan: los informes que los bancos con sede en Estados Unidos enviaron a la autoridad financiera de Estados Unidos evidenciaron que no llevan a cabo ninguna investigación seria sobre las estructuras de papel que controlan cuentas bancarias y cada día hacen transitar miles de millones de dólares productos de actividades criminales o de corrupción a través del sistema financiero estadunidense.
Panamá, Países Bajos y Singapur
Aunque les separan océanos, Panamá, Países Bajos y Singapur han cumplido una función semejante en los esquemas offshore de clientes mexicanos: los tres tienen las figuras de fundaciones secretas, y sociedades de papel creadas en sus jurisdicciones aparecen como titulares de cuentas bancarias o de acciones en otras sociedades de BVI, por ejemplo.
Panamá tiene la ventaja de su cercanía con México y del idioma castellano, mientras los Países Bajos se encuentran en el corazón de la Unión Europea y Singapur es uno de los principales centros financieros internacionales de Asia; a diferencia de Panamá, los Países Bajos gozan de una buena reputación internacional. Si bien no aparecen tanto en las estructuras de Pandora Papers, la combinación de estructuras panameñas y holandesas era muy común en los Panama Papers, la investigación internacional publicada en 2016.
En los Pandora Papers aparecen documentos internos de Asiaciti, un proveedor de servicios financieros basados entre otros en Singapur, jurisdicción donde creó estructuras para varios clientes mexicanos, entre ellos Edgar Manuel Méndez Montoya, presunto prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo.
De hecho, a raíz de los Panama Papers, el gobierno del país centroamericano recibió una fuerte presión internacional que lo llevó a implementar una serie de medidas drásticas respecto a su industria offshore: previo a la publicación de los Pandora Papers, el gobierno panameño mandó una carta a ICIJ en la cual indicó que suspendió 385 mil 415 compañías, de las 762 mil 709 que eran incorporadas en su territorio y bajo sus leyes.
Ya en 2015, el país había suspendido el uso de “acciones al portador”, que no dejaban ningún rasgo sobre la identidad del dueño real de una sociedad; una modalidad que permitía a cualquier delincuente controlar una entidad legal.
Barbados y Bahamas
En noviembre de 2013, el despacho Cititrust International, basado en el paraíso fiscal de Barbados, promocionó en un folleto esa jurisdicción como un lugar de destino para crear sociedades de papel.
Presumió la estabilidad política, los bajos niveles de corrupción, su inscripción en América del Norte y sobre todo su sistema legal heredado de la corona británica, es decir, muy ventajoso en términos fiscales: dividendos no tributados de compañía a compañía, un impuesto irrisorio del 0.25% al 2.5% a las “Compañías Internacionales de Negocios” (IBC), ninguna tributación sobre los intereses ni sobre los royalties.
Más atractivo todavía: aseveró que “es de notar que Barbados es una jurisdicción de baja recaudación que no se encuentra en listas negras, especialmente de Venezuela, México, Colombia, Rusia y España, por lo que Barbados es un elemento muy útil para estructuras que involucran a estas jurisdicciones”.
Y sí: en 2009 el gobierno de Calderón firmó con su homólogo de Barbados un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, lo que sacó la isla de la lista de paraísos fiscales.
Dio varios ejemplos, como una estructura de reaseguro que involucre una sociedad de papel de BVI, otra en Luxemburgo, y una prima de reaseguros que reciba las primas provenientes de una compañía de México, o una misma estructura funcionaría para canalizar los intereses de México sin pagar impuestos.
Los Paradise Papers, una investigación internacional coordinadora por el ICIJ y publicada en noviembre de 2017, exhibieron casos en que un diverso portfolio de clientes mexicanos –desde multimillonarios como Ricardo Salinas Pliego y Roberto González Barrera hasta empresas mineras, pasando por empresarios vinculados con los Legionarios de Cristo-- usaron IBCs en Barbados
Aparte, Cititrust promovió estructuras en las que clientes mexicanos pagarían a una IBC de Barbados, la cual estaría vinculada con una sociedad fantasma de “consultoría”, que a su vez pertenecería a un trust de Barbados, dueño de una cuenta bancaria en ese país. Enumeró algunas ventajas del esquema: los ingresos de la estructura estarían “protegidos de la recaudación en México”, y aparte “las autoridades mexicanas nunca sabrán sobre el trust de Barbados y las sociedades vinculadas”.
Poco después de los Panama Papers, el ICIJ recibió otra filtración de documentos de Bahamas, llamada #BahamasLeaks; la información provenía del registro corporativo de esa jurisdicción –que como Barbados es a la vez paraíso fiscal y bastión de la secrecía--, y exhibía algunos de sus poderosos clientes, como los empresarios mexicanos Ricardo Pierdant, Olegario Vázquez Raña o Gastón Azcárraga Andrade.
En los Pandora Papers, varias estructuras de clientes mexicanos aparecen vinculadas a sociedades y cuentas bancarias en Bahamas, como la estructura de Julia Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett Díaz.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIUE TOURLIERE.
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