No se trata de legalizar un método anticonceptivo ni de obligar a nadie a interrumpir un embarazo, sino de permitir el ejercicio pleno de la dignidad de las mujeres, afirmó Angélica del Ángel Morales, especialista en derecho penal y estudios de género.
La Suprema Corte dictó tres sentencias que cambiaron el paradigma sobre las mujeres, consideró la licenciada en derecho por la UNAM. Reconoció el derecho a la interrupción legal del embarazo –impidiendo la criminalización y obligando al Estado a proveer el servicio–, invalidó la Constitución de Coahuila –que establecía la protección de la vida desde la concepción–, y estableció que la objeción de conciencia no es ilimitada por lo que el Estado debe asegurar personal no objetante capaz de brindar atención médica.
Durante la conferencia “De la despenalización a la interrupción legal del embarazo”, organizada por el Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la UNAM, Del Ángel Morales advirtió que son necesarias políticas públicas, acciones afirmativas y sentencias jurisdiccionales que ayuden a “nivelar la cancha” para generar igualdad sustantiva en favor principalmente de mujeres que viven en pobreza y pobreza extrema.
Gabriela Valle Velázquez, maestra en ciencias económicas por la Universidad Autónoma de Coahuila, refirió que el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres supone reconocer su condición humana y romper con los aprendizajes culturales que sitúan a la mujer como una propiedad.
Contar con derechos sexuales y reproductivos implica ejercer la sexualidad de forma independiente de la reproducción; estar libre de discriminación, presión o violencia; contar con acceso a educación sexual y afectiva desde temprana edad, y tener acceso a servicios médicos de calidad, puntualizó.
Valle Velázquez refirió que la visión misógina predominante en el país asume que la gestación es un proceso solamente biológico y no una experiencia humana “femenina, exclusiva, personal e integral”, y que coloca a las mujeres como contenedores para disponer de su cuerpo de forma “cosificante e instrumental”.
Por su parte María Ramos Casiano, maestra en estudios latinoamericanos, consideró que el fallo de la SCJN es un avance que frena parcialmente la violación de derechos humanos y la criminalización de las mujeres, pero que hace falta más trabajo legislativo pues aún en 28 estados se tipifica el delito de aborto.
El aborto ocurre y tiene una dimensión de clase, aclaró la también profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, por lo que prohibir el aborto no sólo niega un derecho, sino que deja desprotegidas a las mujeres más vulnerables.
AUTOR: ALBA OLEA.
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