Esta es parte de la declaración prestada en noviembre de 2019 por Juan Carlos Vicenzio Zuvirie, agente del extinto Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), y testigo protegido dentro de la carpeta 406/2019 que investiga la masacre de Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo.
Vicencio Zuvirie y otros seis compañeros están acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada por los hechos del 5 de septiembre de 2019 en los que 8 personas fueron asesinadas. Animal Político reveló que el gobernador Javier García Cabeza de Vaca fue quien tres semanas antes había instruido a la realización del operativo, según documentos aportados a la causa.
El oficial y otros dos policías (Zayra Concepción Guevara Garza y Azariel Urbina Arguelles) son testigos protegidos, por lo que han eludido la prisión hasta el momento. Los elementos José Rafael González Villapando (que estaba al mando en el operativo) y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre están en la cárcel, mientras que Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal se encuentran en busca y captura y se ofrece una recompensa de 250 mil pesos.
Animal Político tuvo acceso a las declaraciones de los tres agentes, incluidas dentro de la carpeta de investigación 406/2019, en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas. En ellas, mantienen la versión difundida en un inicio por la Secretaría de Seguridad Pública y aseguran que las muertes se produjeron por un enfrentamiento y que no hubo ejecuciones extrajudiciales. “Lo que se comunicó a la ciudadanía por parte del gobierno del Estado el día de los hechos no se aparta del todo de la realidad”, dijo Vizencio Zuvirie.
Este segundo relato, sin embargo, incluye ya varios elementos que difieren de la explicación oficial. Los policías admiten que practicaron detenciones en tres casas y no solo en la que se produjo la masacre; reconocen que alteraron la escena por orden de un superior y aseguran no tener idea de cómo falleció una de las víctimas, que apareció muerto en mitad del cordón policial, en lo alto de una camioneta que había sido trasladada allí por los agentes. Esta segunda versión, sin embargo, difiere también de las declaraciones de 14 testigos presenciales que también están incluidas en la causa.
El operativo según los policías-testigos
Sobre las 5 de la mañana, un equipo del CAIET escoltado por al menos una veintena de soldados, se dirige a una vivienda en la colonia Buenos Aires de Nuevo Laredo. Según los policías, el destacamento está integrado por los siete agentes imputados por la FGE y buscan armas de gran calibre que, supuestamente, estarían en poder del Cártel del Noreste. Al irrumpior en este primer domicilio, encuentran a una persona llamada Enrique Pérez Chávez, a quien apodan el Negro y a quien consideran integrante del crimen organizado y quien estaría custodiando un vehículo con blindaje artesanal.
Este les habría asegurado que las armas se encontraban en una segunda vivienda, esta vez en la colonia Buenavista, a la que se dirigen. Allí, siempre según la versión de los agentes, capturan a Luis Fernando Hernández Viezca, quien les dirige a un tercer domicilio: la casa en la que tuvo lugar la masacre en Valles de Anáhuac.
Los tres policías coinciden en testificar que, al llegar a esta tercera vivienda, son objeto de un ataque por parte de civiles armados y que, en mitad del tiroteo, Hernández Viezca es capaz de escapar de la custodia y adentrarse en el domicilio, desde el que también comienza a disparar. Finalmente, las siete personas que se encontraban al interior del domicilio (cuatro hombres y tres mujeres) resultan muertas. Además, el cuerpo de Pérez Chávez aparece, con un chaleco antibalas que algún policía le coloca, sobre el vehículo con blindaje artesanal que había sido movido desde la colonia Buenos Aires, ubicada a unos 8 kilómetros de distancia. Según reveló Animal Político, la carpeta de investigación incluye declaraciones que apuntan al capitán José Jorge Ontiveros Molina, actual secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas, como el oficial que solicitó la grúa para mover este vehículo.
“Nosotros no ejecutamos a nadie, no los torturamos, mucho menos los sujetamos y no los vestimos, las mujeres que encontramos en el último domicilio ya se encontraban ahí y el equipo táctico con el que fueron abatidas era de su propiedad”, declaró Azariel Urbina Arguelles, quien aseguró que los relatos ofrecidos por los testigos son “falsos”.
Tras ese supuesto enfrentamiento, el jefe del operativo, González Villapando, instruye a sus subordinados para que siembren casquillos percutidos en el exterior y disparen contra el blindado para simular un tiroteo que, según esta versión, se había producido minutos antes. ¿La razón? Justificar una irrupción en una vivienda sin orden judicial alegando que habían sido atacados. Uno de los detalles que más dudas generan sobre esta versión es la aparición del cadáver de Pérez Chávez en mitad de una zona acordonada por el Ejército y sin que los policías que están ahí puedan precisar quién lo ha matado.
Para convertirse en testigos, los agentes prometieron dar detalles sobre las decisiones adoptadas por su superior González Villapando, sobre las circunstancias de la muerte de las ocho personas, acerca del traslado de la camioneta blindada y en relación a la participación de integrantes del Ejército en el operativo, algo que todavía no se ha producido.
Las contradicciones
Los relatos aportados por los policías-testigos chocan con las versiones de 14 personas que se encontraban en las viviendas que fueron allanadas durante el operativo o en sus inmediaciones. Según estos testimonios, en el primer apartamento no se encontraba solo Enrique Pérez Chávez, sino que también rentaban cuartos Wilbert Irraestro Pérez, José Daniel Saucedo Martínez, Juana Yatzel Graciano Magaña, Jennifer Hazel Romero López y Cinoy Esmeralda Briseño Chapa.
Todos ellos habrían sido llevados primero al domicilio de Luis Fernando Hernández Viesca y posteriormente de Severiano Treviño Hernández, donde acabaron presuntamente con sus vidas. Kassandra Treviño, hija de la última víctima, relató en entrevista con Animal Político cómo los agentes del CAIET irrumpieron en su domicilio y le obligaron a abandonarlo, tras comenzar a golpear a su padre. Sería la última vez que lo vio con vida. “No pueden ir los oficiales matando inocentes porque sí. Que paguen lo que hicieron”, declaró cuando se cumplía un año de la masacre.
Qué ocurrió en esa vivienda lo tendrá que determinar un juez, aunque elementos que aparecen en la carpeta de investigación ponen en cuestión la versión oficial. Por un lado, el supuesto tiroteo. Los peritajes que se incluyen en el expediente descartan que la fachada de la casa donde se registró la matanza recibiese impactos de bala. Es decir, que no hay rastro del supuesto tiroteo pero sí disparos al interior de las habitaciones, donde aparecieron los cuerpos sin vida de las víctimas.
Por otro lado, seis de las ocho víctimas presentaban marcas en las muñecas como muestra de haber estado atados previamente. Aunque los agentes convertidos en testigos lo niegan en sus declaraciones, las necropsias revelan las marcas de cinchos en las muñecas.
Entrenamiento con Marina y EU y denuncias por tortura
Este no es el único caso en el que el grupo de operaciones especiales de la policía estatal de Tamaulipas tiene señalamientos por graves violaciones a los derechos humanos.
Sus integrantes han sido acusados de desapariciones en Ciudad Mier o de la masacre de 19 personas (17 de ellos migrantes) en Camargo. Los documentos incluidos al interior de la carpeta de investigación permiten conocer un poco mejor el perfil de sus agentes. Todos relatan haber sido entrenados en un curso previo de la secretaría de Marina, tras el cual recibían su certificado de aptitud.
El papel de este cuerpo está siendo también investigado, ya que actualmente 30 elementos, supuestos integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales están en prisión acusados de la desaparición de cuatro personas. Entre enero y junio de 2018 hay al menos 47 denuncias por desaparición y, de ellas, 12 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente.
Otro de los vínculos fuertes de estos agentes es con Estados Unidos. De hecho, uno de los tres policías reconvertido en testigo señala que tomó un curso impartido por el FBI. Esta no es una novedad, ya que según publicó Vice News, varios de los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES, sucesor del CAIET) acusados de la masacre de Camargo, Tamaulipas, en febrero de 2021, recibieron también instrucción al norte del Río Bravo. Esto no fue impedimento para que el máximo responsable del cuerpo, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, fuera reconocido por la DEA y el HSI en un acto en el consulado de Matamoros.
Al interior de la carpeta también se incluye un dato relevante: dos de los siete policías imputados por los homicidios tenían denuncias previas por tortura: en concreto, el jefe del operativo tenía abierta una investigación en 2019 y Vicenzo Zuvirie otras dos, también ese mismo año.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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