Mediante un comunicado, la organización manifestó su rechazo a la iniciativa, por considerarla “contraria al bienestar de los consumidores de electricidad y al limitar la competitividad”, esencial para el desarrollo social y económico del país.
Mencionó que “debe protegerse la libre competencia porque beneficia al consumidor final en precio y servicio”, además de que para recuperar el crecimiento después de la pandemia de Covid-19 se requiere de una oferta energética limpia, moderna y oportuna para que las empresas crezcan y generen más y mejores empleos.
En ese sentido, Coparmex señaló que los órganos reguladores autónomos son garantes para contrarrestar los monopolios y que “eliminarlos repercutirá en suministro de menor calidad y a costos mayores para la población”.
La organización patronal coincidió en la importancia de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque planteó que la mejor forma de consolidar al sector energético en el país es a través de la colaboración entre los diferentes actores, públicos o privados, mediante una participación integral y no excluyente.
“La inversión que el sector privado aporta al sector energético es y será determinante para abastecer de energía a los hogares mexicanos y a los negocios que activan la economía de este país, y que a su vez incentiva el desarrollo social”, señala el texto.
Para la Coparmex, la aprobación de la reforma constitucional desincentivará las inversiones de privados que realizaron sus modelos de negocios bajo el amparo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
“El sector eléctrico no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como un medio proveedor de un insumo básico para alcanzar el bienestar de los mexicanos. Para que las familias paguen menos por sus gasolinas, gas y, en este caso, electricidad, es necesario que haya más competidores y mayor oferta”, puntualizó.
Criticó que se prevea la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE, porque resultará en la eliminación de la competencia, así como en aumentar las ineficiencias en el mercado eléctrico, al no existir una instancia que establezca reglas claras y promueva la certeza legal y regulatoria en el mercado energético de forma independiente.
“Además, en el T-MEC, México se obliga a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos”, enfatizó.
En su pronunciamiento, la Coparmex señala que la cancelación de los permisos y los contratos existentes “vulnerará el Estado de Derecho, impactará en la competitividad y perjudicará las inversiones realizadas en apego a los ordenamientos legales vigentes”.
En ese sentido, recordó que la cancelación de los Certificados de Energías Limpias (CEL) se contrapone con los compromisos adquiridos por México a través del Acuerdo de París, lo que podría “modificar los retornos de las inversiones realizadas por el sector privado, tanto las empresas ya instaladas, como las que se encuentran en desarrollo”.
La confederación manifestó su interés en participar en el debate con los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el fin de enriquecer la iniciativa y configurar un mercado eléctrico competitivo y abierto en México, en beneficio de los usuarios.
“Desde Coparmex apoyaremos para que, tanto el sector público como el privado se fortalezcan y por ello, sólo respaldaremos aquellas iniciativas que tengan como propósito fortalecer la economía, la prosperidad y el Estado de Derecho”, finaliza el texto.
Este lunes en Aristegui en Vivo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo no encarecerá la electricidad ni afectará a las empresas privadas. “No le vamos a quitar una tuerca o un tornillo de alguna infraestructura absolutamente a nadie”, dijo.
“Esta reforma se plantea que el 54% de la generación la produzca la CFE y el 46% los privados; privados que ya están en el país, que ya tienen infraestructura, ese es el equilibrio que estamos buscando. No es expropiatoria, porque ya también escuché decir que es expropiatoria”, comentó en la entrevista con Carmen Aristegui.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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