Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Indignación y Kanan Derechos Humanos, explicaron que a partir de los resultados de los sobrevuelos se realizó un contraste con las imágenes satelitales de hace un año, lo que reveló que «se han realizado cambios de uso de suelo en terrenos forestales en al menos 144 hectáreas de selva maya».
De estos sobrevuelos, precisaron, se constató que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) «sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes», lo que viola las suspensiones que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, con las que se obliga a las autoridades a abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al Tren Maya.
«Igualmente, se realizaron solicitudes de información en la que las propias autoridades indicaron -en respuestas oficiales- que las zonas “no cuentan con permisos de cambios de uso de suelo en terrenos forestales vinculadas al proyecto “Tren Maya”», por lo que el desmonte de la zona es una ilegalidad y una violación a los derechos ambientales, señalaron las organizaciones.
Además de las ilegalidades reveladas con los sobrevuelos, el CEMDA, Indignación y Kanan, junto con otras organizaciones y colectivos indígenas, denunciaron que el Poder Judicial «no ha garantizado un efectivo acceso a la justicia» en los litigios que comunidades de la Península de Yucatán han interpuesto contra el Tren Maya.
Las organizaciones acusaron que en la lucha legal contra el megaproyecto «ha prevalecido dilación de los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables», lo que representa una violación a sus derechos humanos y al acceso de justicia.
Explicaron que desde enero de 2020 interpusieron una serie de amparos contra el Tren Maya por las violaciones a sus derechos ambientales y como pueblos indígenas, pero que a 15 meses de las demandas algunos siguen a la espera de ser admitidos, puesto que los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro.
Otra de los atropellos, señalaron, es que aunque se ha modificado el trazo del Tren Maya en ciertas poblaciones para evitar desalojos, aún continúa el proceso de desalojo forzoso en algunas comunidades mayas, en las que «incluso se ha presionado a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir después casas nuevas, en la mayoría de los casos sin garantías o convenios que les den certeza jurídica».
Por ello, las comunidades mayas y las organizaciones exigieron al poder Judicial que garantice sus derechos, pues la imposición del Tren Maya ha violentado su derecho como pueblo indígena a la consulta, su derecho a la vivienda, a la salud, a la información pública, a un medio ambiente sano, entre otros.
El comunicado completo:
Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la Península de Yucatán denunciaron que el Poder Judicial de la Federación no ha garantizado un efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra el denominado “Tren Maya”.
En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones Indignación A.C., Kanan Derechos Humanos A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), así como la abogada y activista Kalycho Escoffié -quienes han acompañado a las personas en los procesos judiciales contra el citado proyecto-, exhibieron que ha prevalecido dilación de los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables, todo lo cual constituye violaciones a sus derechos humanos.
Desde enero pasado del 2020, comunidades de la Península Yucatán, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas en contra del “Proyecto de desarrollo Tren Maya”, en las que se reclaman violaciones a sus derechos humanos ambientales, derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la información pública, entre otros.
Sin embargo, después de 15 meses de iniciar los procesos judiciales, algunos amparos siguen a la espera de ser admitidos, puesto que los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro. Uno de estos amparos transitó de los juzgados de CDMX a Campeche, y en Campeche se envió una parte a Quintana Roo y a Yucatán, pues los juzgados argumentaron que no podían conocer del asunto y que les correspondía a otro juzgado.
Cuando finalmente se definió el juzgado competente, el Consejo de la Judicatura Federal, a petición de Nacional Financiera y sin avisar a las promoventes de los amparos, decidió que todos los asuntos relacionados con el Tren Maya fueran conocidos por el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, por lo que ahora, después de más de un año de promovidos, se está a la espera de que la totalidad de actuaciones lleguen a dicho juzgado, para poder tener una admisión completa de la demanda, generando una situación de denegación de justicia.
Asimismo, se han presentado pruebas periciales, solicitud de medidas cautelares y ampliaciones de demanda, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito se haya pronunciado sobre las mismas; esta situación deja sin posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia a muchas comunidades, pueblos y colectivos que consideran, con razones sólidas, que el proyecto denominado “Tren Maya” es contrario a los derechos humanos y hace evidente que el Poder Judicial de la Federación se está limitando a si mismo en su actuar en violación al estándar fijado por el Acuerdo de Escazú.
Por otra parte, se realizaron sobrevuelos en los tramos del proyecto “Tren Maya” particularmente en diversos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, observando actividades al margen de la ley, como es el caso de la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos, entre otras.
A partir de los resultados de los sobrevuelos, se contrastaron dichas imágenes con las satelitales correspondientes a un año antes, lo que dio como resultado que se han realizado cambios de uso de suelo en terrenos forestales en al menos 144 hectáreas de selva maya. Igualmente, se realizaron solicitudes de información, en la que las propias autoridades indicaron -en respuestas oficiales- que las zonas “no cuentan con permisos de cambios de uso de suelo en terrenos forestales vinculadas al proyecto “Tren Maya”.
Esto constituye una violación directa al derecho a un medio ambiente sano pues, al no existir estudios ni autorizaciones que justifiquen la viabilidad de desmontar terrenos forestales, existen riesgos y daños ambientales que vulneran nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, sobre todo cuando estos ecosistemas nos brindan servicios ambientales.
Asimismo, de estos sobrevuelos se pudo constatar que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, en las que se obliga a las autoridades ha abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya.
Por último, se manifiesta que, aunque se ha modificado el trazo del proyecto en algunas poblaciones como Campeche y Mérida para evitar desalojos, en comunidades mayas continúa el proceso de desalojo forzoso, e incluso se ha presionado a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir después casas nuevas, en la mayoría de los casos sin garantías o convenios que les den certeza jurídica. ¿Dónde están las autorizaciones de impacto ambiental de estos nuevos trazos?
Exigimos que el Poder Judicial garantice el respeto de nuestros derechos humanos y actúe con celeridad y diligencia, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.
Suscriben
Consejo Regional Indigena y Popular de Xpujil
Indignación Promoción y defensa de los derechos humanos
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA)
Kanan Derechos Humanos
Kalycho Escoffié
Adhesiones:
Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C.
Acción Ecológica A.C.
Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
Articulación en re-existencia
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
Asamblea de los Pueblos del Istmo en Resistencia (APIR)
Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres AC (ADECAM)
Campaña Global “El Istmo es nuestro”
CartoCrítica – Investigación, mapas y datos para la sociedad civil
Casa del Agua Nahil Ha, A.C.
Casa Wayuu, A.C.
Centinelas del Agua A.C.
Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on
Centro de Derechos Humanos – Espacios para la defensa, el florecimiento y apoyo comunitario
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
Centro para la Diversidad Biológica
Colectiva Indomitas
Colectivo Xa’ aybej
Colectivo Xochimilco Vivo
Concejo de Mujeres Autónomas
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH)
Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas
Comunidad Indigena Nahua Santa Maria Ostula
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE)
Coordinadora Regional de Acción Solidaria Huasteca – Totonacapan (CORASON)
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Defendiendo el derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C.
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA – MPT)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
Grupo Gema del Mayab A.C.
Grupo TGE, Territorio, Género y Extractivismo
Grupo Tortuguero del Caribe A.C.
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)
Movimiento Agrario Indigena Zapatista (MAIZ)
Mujer y medio ambiente A.C. (MMA)
Moce Yax Cuxtal A.C.
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
Oxfam México
Pobladores Oaxaca A.C.
Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Puerto Morelos Sustentable
Red de Género y Medio Ambiente
Red de Radios comunitarias del Sureste de México
Red de Resistencia Civil de Oaxaca y Veracruz
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT). Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana.
Red de Formadores Socioambientales
Red Morelense de apoyo al CIG – CNI nuestra alegre rebeldía
Red Nacional de Resistencia Civil
Resistencia Civil de Candelaria Campeche
Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA)
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA-OAXACA)
Voces Unidas de Puerto Morelos
Alejandra Serrano Pavón, abogada ambientalista
Araceli Domínguez, ambientalista
Carlos Chablé Mendoza, cronista de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
Elisa Cruz Rueda
Ezer May May, poblador de Kimbilá.
Flora Guerrero Goff Guardianes de los Árboles A.C.
Gisela Espinosa, académica
Hilda Salazar Ramírez
Larisa de Orbe González, Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C
Lourdes Godínez Guevara
Luis Zambrano Gonzalez
Miriam Corona Rangel, Acción Ecológica A.C.
Patricia Godínez, ambientalista
Yanira Green Ruiz, Doctora en ciencias.
AUTOR: REDACCIÓN.
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