En agosto de 2019, luego de tres casos casi simultáneos de agresiones sexuales de policías, miles de mujeres y de colectivas feministas salieron a las calles de la ciudad a protestar bajo el lema ‘No me cuidan, me violan’. Aunque en un inicio Sheinbaum criticó las movilizaciones, finalmente recibió a un grupo de activistas en una mesa de diálogo en la que se comprometió a atacar de raíz el problema, pero han sido pocos los resultados.
La Fiscalía capitalina ha abierto, hasta agosto de 2021, 531 carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos presuntamente por policías de la ciudad, elementos del Ejército y de la Marina, y de guardias de seguridad privada.
Pero hasta el 31 de mayo pasado, menos del 8% de esos casos (42) habían llegado a los tribunales, sin que a la fecha se conozca si hubo una sola sentencia. El resto de las carpetas se archivaron o siguen en trámite. Mientras que solo 23 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sido dados de baja por delitos sexuales, a pesar de que esta corporación acumula más de 400 denuncias.
No solo eso. Aunque la jefa de gobierno prometió que el combate a la violencia machista institucional sería una prioridad, su administración no brindó los recursos ni el personal suficiente para enfrentar el problema.
Renata Villarreal, activista de Marea Verde México, fue una de las participantes en la reunión con Sheinbaum en agosto de 2019. A dos años, la califica como “una pérdida de tiempo”.
“Cuando vimos que solo querían darnos atole con el dedo y que fuéramos una vez a la semana a sentarnos a unas bancas, decidimos retirarnos. Ni una sola activista se quedó porque no se hizo ninguna acción. De hecho, les ofrecimos impartir cursos de capacitación para sensibilizar a las autoridades, desde los policías en el terreno, a los agentes del Ministerio Público, hasta los jueces, porque sabemos que ahí sí se puede generar un cambio”.
Villarreal asegura que la respuesta siempre fue la misma: “A todo nos decían que no había presupuesto. Y aunque les dijimos ‘ok, damos los talleres gratis’, se nos cerró la puerta”.
La exfiscal de delitos sexuales de la ciudad, Susele Deyanira Ortega Lara, también habla de falta de presupuesto para cumplir con lo prometido tras las mesas de diálogo. “Quieren que se combata el problema, pero no te dan con qué. Es como si te dijeran que siembres un bosque, pero no te dan árboles, ni palas, ni agua. Así no se puede”.
Y en la actual administración del gobierno capitalino, lo confirman.
Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la fiscalía capitalina, asegura que se hizo una reestructuración interna de la Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales, en la que se creó una unidad dedicada solo a los delitos sexuales cometidos por policías. Aunque admite que han tenido que hacer “más con menos” debido a los ajustes presupuestales.
“Por las mismas razones de pandemia, los presupuestos estuvieron muy castigados este año y el pasado. Tuvimos que hacer más con menos en el sentido de reorganizar el trabajo y reestructurar a todo el personal que se tenía ya adscrito a la Fiscalía de Delitos Sexuales”.
Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC-CDMX, atribuye otros factores. Dice en entrevista que la burocracia, el desorden administrativo, y las fallas en la integración de los expedientes explican la lentitud de las investigaciones al interior de la corporación, aunque destaca como avance la creación de una Unidad Especializada de Género de Asuntos Internos.
Pero para las mujeres que son víctimas de abusos, violaciones y agresiones sexuales no hay justificación que valga. Menos para aquellas que denuncian y ven que no pasa nada. En los casos pendientes hay, por ejemplo, 27 denuncias que señalan que los policías no actuaron solos; o el caso de una mujer que denunció a 7 policías por agresión sexual.
“Las mujeres que vivimos y transitamos por la Ciudad de México seguimos sin poder confiar en la policía”, dice Suhayla Bazbaz, directora de la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS), y coordinadora de la campaña ‘No me cuidan, me violan’.
“La policía nunca me ha cuidado”
Mamba tiene 27 años. No se llama así, pidió proteger su identidad para narrar en entrevista que fue víctima de secuestro y de agresión sexual por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México; la instancia más denunciada en los últimos dos años en la capital: de las 531 carpetas abiertas por delitos sexuales hasta agosto de este año, el 75%, son en contra de policías de la ciudad. Una cifra que rebasa por mucho las 64 denuncias interpuestas en contra de elementos de seguridad privada, y de las 19 contra la Secretaría de la Defensa, las otras dos instancias más denunciadas.
Iba con una amiga cuando en la alcaldía Gustavo A. Madero se encontró con policías de la ciudad.
“Me dijeron que era un secuestro”, relata Mamba. La patrulla a la que las subieron se detuvo en una cuadra mal iluminada. Minutos después, otra patrulla llegó al lugar: “Hicieron como casita para que nadie los viera. A mí, me tocaron mis partes sexuales y a mi amiga también la manosearon muy grave”, denuncia.
“Nos separaron en las dos patrullas y nos trajeron dando vueltas. Nos amedrentaron con que nos iban a violar, nos iban a matar, nos iban a vender, nos iban a tirar y que nunca nuestras familias iban a saber dónde”.
Los tocamientos continuaron, la joven relata que a ella la dejaron en paz cuando advirtió que si la seguían agrediendo no pagarían el rescate. Los policías les pidieron 100 mil pesos, una cantidad imposible de conseguir. Al final, la libertad se fijó en 10 mil pesos.
A las 9.30 de la noche, seis horas después de haber sido raptadas, los amigos de Mamba lograron juntar el dinero y las dos fueron puestas en libertad.
Durante días, la joven estuvo en shock y meditando si acudir a la Fiscalía a denunciar. Finalmente, decidió que no tenía caso. Los policías se habían quedado con sus identificaciones y sabrían dónde encontrarlas. El miedo se impuso.
“Ahora soy consciente de que la policía nunca me ha cuidado, y que quienes me cuidan son mis amigas”, dice a casi un año del caso, haciendo uso del lema que dio origen a las manifestaciones en la capital en agosto de 2019 y a las posteriores mesas de diálogo de las que surgió la promesa de acabar y castigar la violencia ejercida por policías de la ciudad.
Renata Villarreal, activista de Marea Verde México, participó en la mesa de diálogo con Sheinbaum en ese agosto de 2019. “Solo fue una cortina de humo para mantenernos tranquilas en un momento en el que los ánimos en las calles estaban muy encendidos”.
En el encuentro que ocurrió el domingo 18 de agosto participaron 38 mujeres, y entre los acuerdos estuvieron la urgencia de dar seguimiento a la operación de los Ministerios Públicos, el cambio de discurso del Gobierno para no criminalizar a las mujeres, capacitar a servidores públicos, y fortalecer el modelo de refugios, entre otros.
“Ningún gobierno llega y tiene qué saber cómo hacer todo. Pero sí puede buscar a personas que están capacitadas. Nosotras les dijimos: ‘Lo hacemos gratis’. Pero, si ni siquiera está abierta esa posibilidad, es porque no tienen interés en el tema”, cuenta Villareal.
Suhayla Bazbaz, directora de CCIS, también fue una de las participantes del encuentro. A pesar de que mensualmente se transparentan las cifras de policías denunciados por delitos sexuales, la activista dice que eso no es suficiente.
“Necesitamos que haya una ruta crítica específica para no solo atender, investigar y sancionar los delitos sexuales, sino también para que haya una reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de esos delitos”.
“No es posible solo seguir sumando carpetas. Debe de haber una estrategia específica para atacar las razones de estos delitos inaceptables”.
La complejidad de investigar policías
Tras las marchas de agosto de 2019, en la Fiscalía de Delitos Sexuales empezaron a buscar mecanismos para dar respuesta a las demandas de las mujeres y colectivas. No obstante, admite la extitular de esa Fiscalía, Susele Deyanira Ortega Lara, de inicio se plantearon metas demasiado ambiciosas: “La meta era judicializar entre 20 y 30 carpetas (de delitos sexuales de policías) por mes. Pero fue una meta que nos fijamos dándonos un balazo en el pie. Primero debimos hacer un análisis de dónde estábamos parados, y ver si el avance en las investigaciones daba para proponer una meta así”.
También, dice Ortega Lara, es que para integrar los casos dependían de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Es sumamente complejo investigar a policías. Porque, por ejemplo, cuando las víctimas son parte de la misma corporación no hay protocolos adecuados para protegerlas. Por eso muchas veces dejan a la víctima sola ante el imputado, que además es su superior. Y a lo que te arriesgas es a que sea revictimizada y que, además de acoso sexual, sufra acoso laboral”.
Y, por otra parte, apunta la exfiscal, también está el tema del encubrimiento entre los policías. Asegura que a su llegada a la fiscalía de delitos sexuales se encontró casos que estaban listos para judicializar, y que, sin embargo, se mandaron al archivo.
Sobre el tema, se preguntó en entrevista a Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por qué existe una distancia tan notoria entre los casos de policías capitalinos implicados en delitos sexuales –hasta el 24 de noviembre, 538 investigaciones administrativas abiertas— y los elementos despedidos por la institución, que ascienden a tan solo 23.
La funcionaria asegura que, a pesar de esa cifra tan baja en despidos, sí hay avances. Por ejemplo, explica que a raíz de los acuerdos derivados de la reunión entre Sheinbaum y las activistas, se creó en diciembre de 2019 la Unidad Especializada de Género de Asuntos Internos integrada únicamente por policías mujeres que son las que llevan a cabo todo el proceso: desde la recepción de las denuncias por delitos sexuales en contra de policías, hasta la investigación.
Luego, con cada expediente se integra una carpeta. “Y aunque solo se puede aplicar una sanción administrativa —puesto que la SSC no es una fiscalía— se hace una investigación como si fuera un MP”. Y de ahí, se pasa cada caso a la Comisión de Honor de la SSP, que es el área encargada de decidir si procede o no una sanción.
Hasta el momento, Asuntos Internos ha abierto 538 carpetas de investigación administrativas, de las cuales 117 derivaron en “correctivos disciplinarios”, 3 están en el órgano interno de control, y 94 más fueron enviados para su análisis a la Comisión de Honor y Justicia con propuesta de destitución, aunque hasta el momento solo 23 policías han sido dados de baja.
En el análisis de casos en la Comisión de Honor es donde la funcionaria estatal admite que hay un problema: los casos de policías denunciados por presuntas agresiones sexuales se han mezclado con otros miles, como procedimientos por inasistencias, control de confianza, violación a los principios de actuación policial, etcétera. Y por eso el avance ha sido muy lento.
“Llevamos unos meses haciendo una reingeniería, porque identificamos que en ese punto tenemos muchos cuellos de botella”, acepta Figueroa, que expone que parte del problema es que no se estaban jerarquizando de manera adecuada los casos de delitos sexuales. “En cambio ahora, ya tenemos identificados los casos urgentes, y la instrucción desde el nivel más alto es que se resuelvan”, asegura.
En cuanto al crecimiento continuo de las denuncias en contra de elementos de seguridad, Figueroa dice que esas cifras “deben ser analizadas con cautela”, puesto que considera que ese incremento no tiene por qué ser una mala noticia. Al contrario, apunta, también es reflejo de que cada vez hay más cultura de la denuncia, aun y cuando los presuntos agresores sean elementos policiacos.
“No todos los asuntos van a llegar a sentencia”
Cuando la denuncia contra policías es por acoso o abuso sexual, explica Laura Angelina Borbolla, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía, se encuentran salidas alternativas como una disculpa o un acuerdo reparatorio.
Insiste en que no todos los casos llegan hasta la condena del agresor, y en que las medidas correctivas que toman las corporaciones son suficientes para que la víctima desista de continuar con la denuncia.
“Estos dos delitos (acoso o abuso sexual) casi al 100% no llegan a juicio. ¿Cuáles son los que sí llegan 100% seguros?, los de violación. En este momento ahí traemos 30, un poquito más (de estos casos)”, detalló la funcionaria, que confirmó que hasta el momento se han girado cinco órdenes aprehensión, aunque ninguna ha sido cumplimentada porque los agresores se han amparado.
“Entiendo que muchas veces desde fuera se dice ‘no están haciendo nada, vean nada más los números que traen’ (…) pero estamos abriéndole la puerta a la justicia y el abrirla no necesariamente es que una persona quiera que su agresor esté en la cárcel, sino muchas veces es que ella tenga estos procesos de sanación”, sostuvo Borbolla.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA, MANU URESTE, ARTURO ÁNGEL.
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