“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México (que) se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, se expone en el DOF.
La parte del acuerdo que también levantó ámpula en la opinión pública estipula que se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal “a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras y, con ello, garantizar su ejecución oportuna (…) y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”.
Sin embargo, la protección que López Obrador pretende sobre sus obras en realidad es un blindaje de papel, de acuerdo con los expertos consultados por este semanario.
El maestro constitucionalista Elisur Arteaga Nava explica que “con una suspensión que se otorgue” contra el acuerdo publicado en el DOF la administración pública federal “se pondrá de cabeza” y se frenará la acción presidencial.
Quien defendió a Andrés Manuel López Obrador cuando fue desaforado en 2005, ahora explica que la clave contra el blindaje federal está en que algún particular o particulares, mediante un amparo, soliciten la suspensión del acuerdo, o que los legisladores de oposición, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros entes, promuevan la suspensión vía una controversia constitucional.
“La pelota estará en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá la controversia constitucional; y en los tribunales, con los jueces de distrito, cuando se presenten los amparos”.
En ambos casos, dice Arteaga Nava, debería otorgarse la suspensión porque la ley reglamentaria del artículo 105 dispone que no procederá la suspensión tratándose de leyes generales.
Con su acuerdo, “López Obrador pretende pasar por alto las suspensiones tanto provisional como definitiva, para dejar a los particulares en estado de indefensión. (Él) apuesta a que un amparo tarde entre seis meses y un año en resolverse y, cuando la autoridad jurisdiccional diga que el particular tuvo la razón, ya concluyó la obra realizada de manera arbitraria”, detalla el constitucionalista.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2352 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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