Leonardo Bravo es uno de los 81 municipios que conforman el estado mexicano de Guerrero. Se localiza en la región centro de la entidad y está conformado por 37 localidades, las cuales en los últimos años han sido asediadas por grupos de la delincuencia organizada debido a que su territorio cuenta con condiciones idóneas para la producción y el trasiego de droga, la tala clandestina y la extracción de metales. De acuerdo con el testimonio de las familias desplazadas, las extorsiones, las amenazas y los ataques armados hacia la comunidad llevan años, sin que las autoridades atiendan las denuncias de quienes lo único que exigen es seguridad y vivir en paz.
LOS HECHOS: DESPLAZAMIENTO, MINERAS Y CRIMEN ORGANIZADO
Actualmente las familias desplazadas se encuentran asesoradas y acompañadas por el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización de la sociedad civil que atiende y acompaña a víctimas de desplazamiento forzoso interno en Guerrero. En entrevista, una de las integrantes del Centro Morelos menciona que tan sólo el 3 de noviembre del 2018 fueron desplazadas 72 familias de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, por la incursión del crimen organizado en esa zona. Esa misma situación se repitió el 11 de noviembre de 2018, cuando se vieron en la necesidad de desplazarse mil 800 personas de seis comunidades de la Sierra de Leonardo Bravo y una comunidad de Heliodoro Castillo.
El Centro Morelos, menciona, tiene muy claro que el principal motivo del crimen organizado para el despojo y la ocupación de sus comunidades es porque éstas se encuentran en lo que se conoce como el “Cinturón de Oro”, un espacio minero con presencia, además, de empresas trasnacionales, como la Minera Media Luna, subsidiaria de la canadiense Torex Gold.
En enero de 2016, Alfredo Phillips, gerente en México de Media Luna, durante un encuentro con representantes de la industria y el gobierno estatal en Iguala, dijo:
“El sector aún no ha logrado todo su potencial y bien podría convertirse en uno, si no es que el principal motor de crecimiento del estado de Guerrero, llevándolo a ocupar uno de los primeros cinco lugares a nivel nacional en materia minera”.
Además de la minera Media Luna, se encuentran Golcorp, Peñoles, Nyrstar y Timmims, las cuales buscan integrar a todo el sector incluyendo instituciones académicas, proveedores y a las instituciones estatales.
Otra problemática identificada en la zona es la tala clandestina, actividad respaldada por el crimen organizado. El contexto es hostil en la Sierra de Leonardo Bravo, Guerrero. Las familias resistieron durante años a los talamontes, grupos paramilitares, mineras y al crimen organizado, pero hoy se encuentran lejos de sus hogares buscando justicia.
Ante esto han sido múltiples las denuncias formales interpuestas por pobladores ante las autoridades, sin que existan avances significativos. Incluso en febrero de 2019, mantuvieron una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la que se firmó una minuta de acuerdo en donde solicitaban el repliegue de grupos armados, garantías de seguridad, colocar tres perímetros de seguridad en la zona para garantizar el retorno de las familias y garantías de alimentación y pago de alojamiento durante el desplazamiento. Sin embargo, la situación de las familias es la misma. La impunidad resulta un elemento más al cúmulo de agravios en contra de la población indígena desplazada.
LÍNEA DEL TIEMPO: ATAQUES ARMADOS
La ocupación del territorio por parte del crimen organizado se agudizó en 2014. A continuación se presenta una línea del tiempo elaborada a partir de una revisión documental y el propio testimonio de las víctimas.
2014: Según testimonios de los pobladores de Leonardo Bravo, fue desde 2014 que comenzaron a vivir balaceras en sus comunidades: “Llegaba gente armada a los pueblos y comenzaban a disparar de manera indiscriminada a las casas, matando a varias personas”. Una de las mujeres desplazadas explicó que en reiteradas ocasiones denunciaron que recibían amenazas vía telefónica en donde les decían que irían por ellos y los matarían, sembrando el miedo en las comunidades, pero las autoridades no hicieron nada.
NOVIEMBRE DE 2015: Hombres armados irrumpieron en Polixtepec -en la sierra de Leonardo Bravo (Chichihualco)-, y mataron a cuatro personas: una mujer adulta y tres de sus hijos jóvenes. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres.
NOVIEMBRE DE 2018: Ataque armado en la comunidad de El Carrizal, Leonardo Bravo, dejó al menos cuatro heridos. Los pobladores de la comunidad se refugiaron en el auditorio de la localidad.
MARZO DE 2020: Alrededor de 800 habitantes de los poblados de El Balsamar y Tepozonalco, de Leonardo Bravo, huyeron a causa de la violencia que se suscitó en esas comunidades. Fuentes extraoficiales refirieron que al menos 50 civiles armados murieron durante los enfrentamientos. Habitantes de las comunidades mencionaron haber sido despojados además de maíz, frijol y otras pertenencias durante el ataque armado.
MAYO DE 2020: Grupos delictivos incendiaron 24 casas durante tres días de enfrentamientos armados y al menos tres personas perdieron la vida en los poblados de Iyotla y Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero. Los habitantes denunciaron que hay unos 200 ciudadanos desplazados.
JUNIO DE 2020: Habitantes de Leonardo Bravo denunciaron que los enfrentamientos entre grupos delictivos en la zona han dejado decenas de muertos, desaparecidos y familias desplazadas, y piden apoyo a las autoridades.
SEPTIEMBRE DE 2021: Familias desplazadas de Leonardo Bravo y Zitlala se instalaron en un plantón afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia.
En el plantón se escuchan los testimonios de cada familia representada, familias que durante todos estos ataques padecieron la tortura, el asesinato o desaparición de un ser querido, la pérdida de sus hogares
¿CÓMO SE VIVE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO?
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado es una violación a los derechos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada. Sus efectos persisten hasta que las victimas alcancen una solución duradera, es decir, hasta que su situación de vulnerabilidad y sus necesidades derivadas del hecho sean atendidas.
Pese al grave contexto de desplazamiento interno en el país, no fue hasta el 2019 que el gobierno mexicano reconoció la problemática y se comprometió a atenderla de manera integral. ¿Pero cómo las familias viven el desplazamiento forzado?, ¿qué significa para ellas el desplazamiento?
“Nos sentimos arrancados, ya no tenemos casa, perdimos todo, hasta a nuestras familias. Es la consecuencia de un despojo constante. Ya vivíamos con miedo, pero en nuestras casas, con nuestras familias, y ahora no queda nada”, dijo una de las familias entrevistada en el plantón frente a la Segob.
“Quisiéramos regresar a nuestras casas, pero ya no se puede. La situación está más fea que antes, no hay posibilidad de retorno. Es muy triste vivir desplazado, lejos del lugar donde creciste. Es difícil vivir desplazado, tener tu casa y que un día esa gente (del crimen organizado) llegue a matar a tu familia, a amenazarte, que tengas que dejar tu casa y luego la quemen. Y después de todo eso vernos aquí, viviendo en casas de campaña sin que las autoridades nos escuchen”.
“Hay gente con dos asesinados y desaparecidos en la misma familia, es muy difícil porque no han podido denunciar por miedo”, cuenta otra de las víctimas en el plantón.
Por su parte, un integrante del Centro Morelos señaló que los impactos del desplazamiento en las familias son variados y se han agudizado con el paso del tiempo. En su mayoría, las familias se dedicaban a la agricultura, sembraban aguacate, manzana y flor de manita en una zona históricamente conocida por la siembra de amapola. Ante esto, enfatizó el Centro Morelos, se debe desmitificar que todos los pobladores se dedican a este cultivo y no se debe criminalizar a las comunidades, pues la siembra de amapola es producto del despojo y del abandono institucional, la falta de apoyo al campo y la falta de empleo en la zona.
De acuerdo con el Centro, se necesitan medidas urgentes e integrales para la recuperación del territorio en la región para resolver la crisis en los municipios. “Estamos ante una realidad dolorosa, cientos de familias que perdieron sus cultivos frutales, que sus casas fueron quemadas y sus familiares fueron asesinados, desaparecidos, torturados. Actualmente sus casas están siendo habitadas por personas del crimen organizado lo cual dificulta su retorno, no hay garantías de seguridad”, subrayó.
LA EXIGENCIA DE JUSTICIA
A través de un comunicado emitido el 12 de octubre del 2021 por las familias desplazadas y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, se responsabilizó al gobierno federal, estatal y municipal de lo que suceda a las familias desplazadas, sus comunidades de origen y los defensores que los acompañan, y exigieron los siguientes puntos:
- Garantías de seguridad para desarrollar su trabajo como personas defensoras de los derechos humanos.
- Que se ordene a los grupos delictivos involucrados y se detengan de actuar en contra de las comunidades y familias desplazadas.
- Que se otorgue la calidad de víctimas a las familias que representa el Centro Morelos y se otorgue la reubicación antes de que finalice el año, como ha sido su compromiso.
Sin embargo, las familias y los defensores se encuentran a la espera de respuestas.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ALEIDA QUINTANA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario