Estos soldados son elementos de las Fuerzas Armadas convencionales que siguen enlistados activamente en la Secretaría de la Defensa Nacional –a diferencia de los destinados a la Guardia Nacional– y cuya participación en tareas de seguridad se multiplicó luego de una reforma promovida por el actual gobierno y aprobada por el Congreso, que legalizó la intervención formal del Ejército en apoyo a tareas de seguridad hasta diciembre de 2024.
Organizaciones no gubernamentales y gobiernos municipales han denunciado en recursos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se trata de un despliegue desproporcionado al amparo de un “acuerdo militarista”, que no establece los límites de excepcionalidad que señalaba la Constitución.
Los datos de la Sedena obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia evidencian el disparo en el despliegue de militares en la actual administración, y particularmente en los últimos dos años, luego de que se aprobara la referida reforma constitucional.
De acuerdo con la información, al corte de septiembre pasado en el país se encontraban movilizados 80 mil 210 efectivos en tareas de apoyo a la seguridad pública y combate a la delincuencia. Es la cifra más alta de militares en estas tareas por lo menos desde 2006 cuando inicio la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Y es la primera vez que se rebasa el techo de 80 mil efectivos movilizados.
Se trata, además, de un nuevo incremento de militares desplegados luego de que al cierre de 2019 ya sumaban 76 mil 198 en las calles, la segunda cifra más alta en todo este periodo.
En total, durante la administración del presidente López Obrador, la cifra de elementos de la Sedena desplegados en las calles ha crecido más de 45%. Si la comparación se hace con 2013, primer año del sexenio pasado cuando había 34 mil 520 soldados desplegados, el alza es superior al 132%.
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, periodo en el comenzó a impulsarse la intervención de la Sedena en estas misiones, se alcanzó una cifra máxima de 52 mil 690 soldados desplegados en 2011. La cifra en el tercer año del gobierno de López Obrador es 52% mayor.
La excepción convertida en regla
La reforma constitucional publicada en marzo del 2019 en materia de Guardia Nacional estableció que mientras se consolidaba la creación y formación de dicha fuerza el gobierno federal podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, pero solo de forma “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Para tal efecto, el 11 de mayo del 2020, ya con una creciente movilización de militares en las calles, el presidente López Obrador publicó un acuerdo en el que ordenó de forma general la movilización de los militares en el país para intervenir en tareas de seguridad, y se dio facultad al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para coordinar los despliegues.
En dicho acuerdo no se detalló en qué puntos debería ser dicha movilización de los soldados, el total de efectivos en los operativos ni los objetivos de estos.
Tras la publicación organizaciones ciudadanas reclamaron que se trataba de un “acuerdo militarista”, toda vez que normalizaba la intervención de las Fuerzas Armadas sin mayores controles, en vez de propiciar el fortalecimiento y desarrollo de las corporaciones policiales de seguridad pública.
Tres gobiernos municipales y la Cámara de Diputados interpusieron cuatro controversias constitucionales ante la Corte en contra de este acuerdo, en los que solicitaron que sus efectos sean anulados. Hasta ahora sigue pendiente que el máximo tribunal del país se manifieste.
Expertos entrevistados en su momento por este medio consideraron que la normalización de los militares en labores de seguridad pública, además de contravenir convenios internacionales en materia de derechos humanos, podría ocasionar el desgaste del propio Ejército.
“Estamos haciendo uso de las fuerzas militares como si fueran el último recurso y como si fueran incorruptibles y eso es falso. Los militares también se corrompen. Pero si esta es nuestra última frontera y no estamos construyendo los mecanismos civiles que nos permitan seguir avanzando en materia de seguridad pues este último recurso también se nos puede caer. El gran desafío en México es construir paz, pero en ningún sentido la paz se construye con militares en las calles”, dijo el investigador Luis Daniel Velazquez de la UNAM.
Los otros “soldados policías”
De forma paralela al despliegue del Ejército convencional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha fortalecido su intervención en labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
Animal Político ha podido documentar que pese a tratarse –por definición constitucional– de una policía civil, hay 79 mil 126 elementos de la Guardia Nacional que son en realidad efectivos de las fuerzas armadas separados temporalmente de sus funciones. Es el 76% de los 102 mil 944 efectivos enlistados en esta fuerza.
Pero no solo eso. Todos los mandos estatales de esta corporación son en realidad generales del Ejército. El liderazgo operativo, el reclutamiento y las instalaciones de esta fuerza de seguridad están bajo control pleno de la Sedena.
Por otro lado, cada vez se ha vuelto común colocar a militares retirados o con licencia al frente de fuerzas policiales de seguridad. El diario Reforma publicó que en 10 entidades federativas los secretarios de Seguridad Pública estatales son personas provenientes del Ejército y la Marina.
Gobierno verde olivo
La expansión de las actividades del Ejército no se limita únicamente a tareas de seguridad. Un análisis denominado “Inventario Nacional de lo Militarizado” realizado por expertos del CIDE y la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) evidencia el involucramiento de los militares en la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; el reparto de vacunas; entre otros.
El estudio realizado por los expertos incluso demuestra que, gracias a la expansión del Ejército en diversas tareas, los militares también han conseguido absorber más de 4 mil 500 millones de pesos que originalmente estaban destinados a instituciones civiles. Esto del año 2012 a la fecha.
“Es claro que la militarización se ha expandido a esferas de la administración pública diversas a la seguridad. Sin embargo, los procesos de militarización de la vida pública van más allá de facultades y funciones. En algunos casos, la militarización se observa con la adopción de reglas o prácticas castrenses en instituciones civiles; en otros, con la transferencia de recursos originalmente asignados a instituciones civiles”, indica el referido análisis.
En total, según el “Inventario Nacional de lo Militarizado” hay 26 instituciones federales que han delegado funciones y presupuestos las Fuerzas Armadas a través de múltiples convenios. La construcción de las sucursales del Banco del Bienestar y del Aeropuerto Felipe Ángeles han significado las mayores transferencias de recursos a las cuentas castrenses.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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