La administración de Andrés Manuel López Obrador también reconoció que otro factor de la inundación fue que no se llevaron a cabo las obras que la Semarnat ordenó efectuar en el río Tula desde 2017 para ampliar su capacidad de carga previo a la entrada en operación del Túnel Emisor Oriente (TEO), y responsabilizó a grupos ambientalistas de haber impedido su realización.
Estas conclusiones están contenidas en un informe interno de siete páginas elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que fue entregado y analizado en una reunión de trabajo que encabezó el presidente López Obrador en Tula hace dos semanas.
No obstante, pese a que las conclusiones reconocen decisiones administrativas, el reporte de la Conagua exculpa de responsabilidad a funcionarios públicos y sostiene que la muerte de 14 pacientes del hospital del IMSS de Tula a causa de la inundación se debió a “hechos inesperados, extraordinarios, inevitables e incontrolables” y que todo fue un caso “fortuito”.
La Conagua forma parte del órgano interinstitucional metropolitano que decidió activar el Protocolo de Operación Hidráulica que desbordó el río Tula el pasado 6 de septiembre, como dio a conocer Animal Político.
“El Servicio Meteorológico incluyó previsiones de lluvias fuertes a muy fuertes (entre 50 y 75mm) para la región. Cabe precisar que la inundación registrada no se debió al efecto de la lluvia local sino al escurrimiento de la Sierra de Guadalupe, el río Tlautla, la descarga de Requena y de los túneles emisores del Valle de México que confluyen al río Tula. Es decir, no fue la lluvia local, sino los escurrimientos de los ríos, presas y las obras de desagüe del Valle de México y del estado de Hidalgo, lo que provocó la inundación”, indica el informe.
El documento precisa que al río Tula llegó un caudal de 500 metros cúbicos por segundo (m3/s), cuando el afluente solo tiene capacidad natural para dar cauce a 250 metros cúbicos por segundo.
Según el informe, tan solo la operación de los Túneles Emisor Oriente y Emisor Central contribuyó con 150 metros cúbicos por segundo, mientras que el desfogue de la presa Requena aportó 100 metros cúbicos; es decir, la presa fue desfogada en el momento en que el río Tula recibía las descargas desde la Ciudad de México, lo que contraviene protocolos de operación oficiales.
“Derivado de las lluvias antes mencionadas, se tuvieron escurrimientos importantes hacia el río Tula. En la madrugada del martes 7 de septiembre del presente año, el caudal estimado que transitó por este río fue del orden de 500 m3/s, de los cuales 150 m3/s provenían de las descargas del Valle de México a través de los túneles Emisor Central y Emisor Oriente, 28 m3/s del río El Salto, 100 m3/s de la descarga de la presa Requena, 130 m3/s del río Tlautla, y 92 m3/s de la cuenca propia entre la salida de los túneles y la ciudad de Tula de Allende”, explica el reporte.
El informe advierte que se tenía conocimiento de que Tula es una zona inundable y que no se realizaron las obras requeridas para evitar el desbordamiento del río.
“Desde 2009, el Atlas de Riesgo de Hidalgo considera a la ciudad de Tula de Allende en riesgo por inundación debido al desbordamiento del río Tula. En 2016, se intentó ampliar la capacidad de conducción de este río. Sin embargo, las obras no se realizaron debido a la oposición de grupos ambientalistas”, señala.
El reporte es contradictorio al reconocer que las lluvias ocurridas entre el 6 y 7 de septiembre en la región estaban previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y, al mismo tiempo, decir que el desbordamiento del río resultó “inevitable”. Este medio dio cuenta de que el SMN admitió que las lluvias no fueron atípicas.
“En los hechos suscitados los días 6 y 7 de septiembre del 2021, se identifica la ocurrencia de lluvias intensas generalizadas en la Ciudad de México y en los estados de México e Hidalgo, hechos sin precedentes en cuanto a su extensión territorial y duración, lo que generó escurrimientos extraordinarios en estos tres estados con descarga hacia el río Tula, dando origen a que se presentara el evento súbito, incontrolable e inevitable del desbordamiento del río”, dice el informe de Conagua.
El documento revela que, tras el desbordamiento del río, hubo pacientes del IMSS que fallecieron casi nueve horas después de la inundación del hospital de Tula, lo que da cuenta del tiempo que tardó en reaccionar el gobierno federal ante la emergencia. Pese a ello, la versión oficial no acepta ninguna responsabilidad e insiste en que se trató de hechos que escapaban a su control.
“La muerte de estas personas ocurrió a raíz de una concatenación de hechos inesperados, extraordinarios, inevitables e incontrolables para las instituciones y servidores públicos que atendieron los hechos. Es fundamental mencionar que el resultado del fenómeno natural de origen hidrometeorológico constituye un caso de fuerza mayor y/o caso fortuito”, concluye el reporte.
Buscan, ahora sí, atender río Tula
La Conagua dio a conocer que se formó un grupo de trabajo con autoridades de nueve municipios de Hidalgo para buscar soluciones al riesgo de inundaciones en la entidad y para efectuar acciones respecto al río Tula.
Otra de las acciones contempla elaborar un nuevo protocolo de operación del sistema de desagüe del Valle de México que incluya a funcionarios del gobierno de Hidalgo, pues a la fecha sólo la Conagua, la Ciudad de México y el Estado de México están representados en la Comisión Metropolitana de Drenaje.
La Conagua emitió esta tarde un comunicado luego de que el presidente López Obrador fue cuestionado sobre responsabilidades administrativas en el desbordamiento del río que provocó la muerte de 14 personas.
“La Conagua integró una agenda de acciones que considera, en una primera etapa, continuar con acciones de atención a las afectaciones a los sistemas de agua potable. Adicionalmente, se llevará a cabo un diagnóstico y un recorrido físico la próxima semana para revisar las condiciones de dichos sistemas. En una segunda etapa, el titular de Conagua propuso realizar, en coordinación con las autoridades municipales, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y la Conagua, una planificación y un protocolo de operación del sistema hidrológico de la zona metropolitana del Valle de México e Hidalgo.
Además, se realizará un análisis de la infraestructura propuesta por los presidentes municipales, mediante un estudio de factibilidad que permita asegurar que las obras tengan un verdadero impacto social en la población. Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de Marina, se evaluarán técnicamente las zonas donde se iniciará en los próximos días el desazolve del río Tula”, señaló la institución.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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