La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México precisó que el 27 de octubre fue el último día en que Galindo se conectó a sus redes sociales y denunció que el conflicto del pueblo Ñuu Savi en la Mixteca se debe a la depredación del bosque y a las estrategias de las autoridades contra los defensores, como el desplazamiento forzado.
La desaparición de la activista de 41 años sucedió días después de que las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonuyuji, cuya denuncia principal es la tala ilegal de sus bosques, fueran atacadas por un grupo armado. El saldo de los ataques fue de un muerto, cuatro desaparecidos y alrededor de 300 desplazados.
Tras 14 días de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió una ficha de Alerta Rosa para dar con el paradero de la defensora, originaria de San Esteban Atatlahuca.
La Red Nacional de Defensoras agregó que Galindo se encontraba amenazada desde hace más de tres años por su labor en la defensa del bosque de Atatlahuca y que llevaba resguardándose por su cuenta, pues el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas calificó las amenazas a su vida e integridad como riesgo “ordinario”.
Galindo había denunciado en 2019 el hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Álvaro Galindo y del comisariado Crescenciano Sandoval Quiroz, y en noviembre de ese mismo año su casa fue incendiada. Ya en 2018, la defensora acusó la existencia de un aserradero que destruía el bosque con los permisos de autoridades federales y la aceptación de las autoridades locales y comunitarias.
Organizaciones de derechos humanos y comunitarias exigieron la aparición inmediata de Irma Galindo y una investigación transparente que señale a los responsables de su desaparición y garantice la seguridad de la defensora.
AUTOR: REDACCIÓN.
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