La periodista Marcela Turati, la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perito internacional Mercedes Doretti fueron investigadas en 2016 por la entonces Procuraduría General de la República. Fue hasta este 2021 que ellas se enteraron de que, incluso, se les abrió un proceso en su contra por secuestro y delincuencia organizada, como parte de la averiguación por la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos exigieron que se deje de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores.
“Ojalá que cuando las familias tienen un desaparecido, con esa celeridad hicieran las cosas; que cuando vamos y les decimos: aquí están las pistas (de la desaparición), así lo hicieran”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, al dar a conocer que ella, la periodista Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elemento Lab, del proyecto Más de 72 y coordinadora de A dónde van los desaparecidos, y Mercedes Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica, fueron investigadas por la entonces PGR, en 2016, debido a su trabajo para esclarecer la masacre de, al menos, 196 personas que fueron halladas en 48 fosas clandestinas.
En conferencia de prensa, la periodista, la defensora y la perito internacional dieron cuenta de la persecución a la que fueron y siguen siendo sometidas por la hoy Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien conoce de estos hechos y, a la fecha, no ha desestimado las investigaciones por secuestro y delincuencia organizada en su contra, no ha provisto toda la información del expediente, no ha investigado y castigado a los responsables —algunos incluso continúan dentro del aparato de procuración de justicia— y no ha implementado medidas de no repetición.
Justificando su actuar en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO) solicitó en abril de 2016, sin autorización judicial y con carácter de “extraurgente”, toda la información telefónica relevante de Turati, Delgadillo y Doretti desde febrero de 2015: los números con los que se comunicaban (sábana de llamadas), sus mensajes y los puntos de geolocalización, es decir, por dónde se estaban moviendo; unas dos mil hojas que se integraron al expediente de la masacre de San Fernando.
Además, la SEIDO, amparándose en la misma ley que debería usarse únicamente para la investigación de delitos relacionados con el crimen organizado, pidió un examen de grafoscopía para confirmar la autoría de “un papelito” aportado por una víctima —que se presume fue amenazada o coaccionada—, así como la información personal que Marcela Turati y Ana Lorena Delgadillo entregaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando tramitaron sus pasaportes.
“Lo más grave para nosotras fue encontrarnos en el mismo tomo donde se está investigando a la delincuencia organizada (a Los Zetas, específicamente)” por la masacre de San Fernando, dijo Ana Lorena Delgadillo, cuya fundación acompaña a familiares de víctimas de la masacre de Tamaulipas y que durante ocho años estuvo solicitando acceso al expediente.
Delgadillo pidió que se saque de este expediente toda la información que las autoridades incluyeron sobre ellas, ya que, además de criminalizarlas —equiparándolas con los perpetradores—, pone en riesgo su seguridad, al tener datos personales, y de las familias de las víctimas de la masacre, que también fueron investigadas.
Bertila Parada, madre salvadoreña de unas de las víctimas de San Fernando, explicó que fue gracias a la intervención de Fundación para la Justicia que pudo recuperar los restos de su hijo Carlos Alberto, cuatro años después de la masacre. “El gobierno nos quería entregar cenizas, gracias a los amparos que se llevaron a cabo para no cremar pude tener la confianza de saber que quien yo tenía era Carlos”.
Ana Lorena Delgadillo advirtió también sobre lo que este caso significa para todas aquellas personas que, de manera independiente, o a través de mandatos internacionales, llegan a nuestro país para coadyuvar en investigaciones en curso o en asuntos que requieren la asistencia técnica de expertos, como en el caso del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que busca aliviar la crisis forense del país y que rebasa los 52 mil cuerpos sin nombre.
“Es muy grave —insistió Delgadillo— que se mande este mensaje porque si quieren decir la verdad, a lo mejor tendrían que estar ahorrando para un abogado, porque les van a hacer esto o les pueden hacer esto si no los frenamos”.
Cabe recordar que fue durante este periodo, entre 2015 y 2016, que los teléfonos de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), coadyuvantes de las autoridades mexicanas en la investigación del caso Ayotzinapa, fueron intervenidos con el malware Pegasus. Su mandato, además, no fue extendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto pese a la exigencia de las familias, por lo que concluyó en abril de 2016.
La directora del Equipo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti, dijo sentirse desilusionada, toda vez que existiendo mecanismos para resolver diferencias técnicas o confrontar las irregularidades de las cuales dejó constancia el EAAF en sus dictámenes sobre la masacre en San Fernando, en la PGR prefirieron fabricar una investigación “de la nada”.
“Nosotros los forenses, como técnicos, si tenemos una disidencia con otro equipo pericial solicitamos una junta de peritos, no nos acusamos de crimen organizado”, dijo.
En 2015, el EAAF realizó cerca de 50 identificaciones con información que se encontraba en el expediente de la masacre de San Fernando, y que no había sido utilizada hasta el momento. En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los peritos del equipo argentino analizaron la evidencia recogida en el basurero de Cocula un año antes que, como se sabe, fue clave para desmontar la llamada “verdad histórica” del gobierno federal.
Las irregularidades encontradas en el expediente de San Fernando y en el caso Ayotzinapa, fueron en su momento consignadas por el EAAF en sus dictámenes, informando de ello a las familias de las víctimas y asuntos internos de la PGR.
“Creemos profundamente en el derecho a la verdad de las familias y por eso colocamos en los dictámenes todo lo que hemos conocido sobre cada uno de ellos”, agregó Doretti durante la conferencia de prensa.
Marcela Turati, por su parte, advirtió sobre la relación que pueda tener este proceso de criminalización en contra de víctimas, defensores, periodistas y peritos independientes con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada en 2014, pues entre las llamadas que fueron analizadas por la SEIDO se encontraban aquellas realizadas al EAAF sobre el caso Ayotzinapa.
En ese sentido, la periodista sostuvo que este caso debe interpretarse como un atentado a la libertad de expresión. “Esto no es ya sólo Pegasus (el programa informático de espionaje), es todo el aparato (del Estado, usado) para acosar judicialmente y tratar de censurar, intimidar y coartar la libertad de expresión. Es un golpe al corazón del periodismo de investigación, en un país en donde hablar cuesta la vida y en donde lo único que los periodistas podemos garantizar a las fuentes es su identidad oculta”, dijo Turati.
Una portada de la revista de la Proceso, en donde la periodista escribió varios reportajes sobre las irregularidades de la entonces PGR y de la hoy FGR, cierra el tomo 221 del expediente que se abrió para investigar a Turati, Delgadillo y Doretti, lo que deja entrever la relación directa entre su ejercicio periodístico y la persecución a la que fue y sigue estando sujeta.
En un reportaje de 2015, titulado “Las tumbas de San Fernando: errores de la Fiscalía General”, Marcela Turati describió cómo la entonces PGR mandó a enterrar el cuerpo de una persona sin informar a su familia, a pesar de que esta tenía en el bolsillo del pantalón, su credencial con su nombre y otros datos para su identificación. “Los periodistas desenterramos no sólo personas sino evidencias, que son cuerpo del delito. Y creo que los funcionarios tienen miedo de que esos huesos hablen, a que las personas hablen, se den cuenta y se organicen”, dijo.
A decir de Turati, el periodismo funciona como una Comisión de la Verdad en tiempo real que deja constancia, de manera fragmentada, de este tipo de atrocidades. De ahí que resulte fundamental la defensa de las libertades y la resistencia frente a estos actos de persecución desde el Estado, para que “ninguna periodista, defensor, persona que denuncie, perito, tenga que pasar por esto ni ser investigado por delincuencia organizada”, cuando se debería estar usando esa misma maquinaria para esclarecer y castigar los crímenes no resueltos.
Jan-Albert Hootsen, del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), recordó que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y el país con más periodistas desaparecidos en el mundo, por lo que consideró “escalofriante” que las instituciones del Estado mexicano se empleen contra quienes investigan casos graves de violaciones graves a los derechos humanos que de otra forma quedarían en la impunidad.
“Queda bastante claro que la máxima instancia de procuración de justicia (la FGR) es la que más criminaliza a la prensa en el país”, dijo.
El obispo Rául Vera, quien ha abogado por el esclarecimiento de lo sucedido en San Fernando en diversas ocasiones, se mostró igualmente consternado por la criminalización en contra de Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, asegurando que esta investigación, por delincuencia y crimen organizado, “retrata de cuerpo entero cómo el Estado ve como enemigos a quienes trabajan y defienden los derechos humanos”.
“En vez de investigar a las redes macrocriminales usan el aparato para criminalizar a periodistas, defensores y peritos forenses independientes”, dijo, asegurando que la actual administración de Andrés Manuel López Obrador ya no tiene excusas para frenar la persecución en su contra y para atender el tema de los desaparecidos.
“Esto no se va resolver con que se quite a unos cuantos (funcionarios de la FGR), porque es la estructura lo que está mal”, advirtió en ese sentido Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia.
Amnistía Internacional, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y otras organizaciones nacionales e internacionales exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz, que se resguarde y asegure la información personal de Turati, Delgadillo y Doretti que obra en la averiguación previa 197/2011 y que cese toda investigación en curso contra ellas y las víctimas indirectas.
Además, solicitaron que no queden impunes los delitos cometidos por el personal a cargo de la indagatoria —algunos de los cuales están siendo investigados por las irregularidades del caso Ayotzinapa—; y que se retomen las investigaciones de la masacre de San Fernando, de la mano de una comisión especial interna que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas.
Alma Yessenia Realegeño, hermana de Manuel Antonio, encontrado en una de las fosas clandestinas de San Fernando, recordó que a diez años de la masacre, no hay una sola persona sentenciada; ni por el multihomicidio ni por las cremaciones que se llevaron a cabo de manera ilegal —sin la autorización de las familias— a algunos de los cuerpos por parte de autoridades. “¿Por qué en vez de investigar a los responsables de las masacres se está investigando a nuestros defensores?”, dijo.
FUENTE: PROCESO/A DONDÉ VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: /MARCOS NUCAMENDI.
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