Colectivos, organizaciones civiles y feministas exigieron al gobierno mexicano la aparición con vida de la defensora ambiental Irma Galindo Barrios, desaparecida en Tlaxiaco, Oaxaca, desde el pasado 27 de octubre.
De acuerdo con una alerta que emitió la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la última vez que se le vio fue en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero nunca llegó.
El 27 de octubre fue también el último día que se conectó a redes sociales para denunciar el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi y señalar que el gobierno del estado de Oaxaca propiciaba el desplazamiento forzado de estas comunidades como estrategia para vulnerar a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji, quienes en los meses recientes han enfrentado distintos ataques armados, quema de casas y asesinatos.
Como se dio a conocer en el reportaje “Defensores comunitarios tenían la protección del Estado mexicano y aún así los mataron”, la defensora llevaba resguardándose por su cuenta desde 2019 a falta de mecanismos de protección estatales.
Desde 2018, Irma ha enfrentado intimidación por parte de personas servidoras públicas, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte a raíz de su defensa de los bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, México, y a raíz de su denuncia de tala ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A pesar de estos antecedentes de múltiples agresiones, el análisis de riesgo de la defensora Irma fue calificado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como “ordinario”, lo que significa que “puede esperar” y que “su vida no corre peligro”.
En noviembre de 2017 Irma fue electa como regidora suplente de cultura, pero fue destituida por su oposición a la tala del bosque en San Esteban Atatlahuca, y por denunciar a las autoridades que “invertían más en la compra de alcohol que en cultura”.
En 2018 Irma comenzó a denunciar la existencia de un aserradero que estaba destruyendo el bosque con permisos de autoridades federales y aceptación de las autoridades locales y comunitarias. Esta situación fue presentada ante la Semarnat, sin que se diera respuesta.
Ese mismo año, Irma también presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en Tlaxiaco, por actos de intimidación cometidos por servidores públicos en su contra. También acudió a la Vicefiscalía regional en Tlaxiaco sin que se diera seguimiento a las quejas presentadas.
El 27 de octubre de 2019 denunció en su muro de Facebook el clima de hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Alvaro Galindo y del comisariado Crescenciano Sandoval Quiroz.
El 10 de noviembre de 2019, fue incendiada su casa y desde ese momento se vio obligada a esconderse durante varios días. En la misma fecha fueron incendiadas alrededor de 10 casas más de su comunidad. Se responsabilizó de tales hechos al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.
El pasado 23 de octubre del 2021 hubo ataques armados en los pueblos de San Esteban Atatlahuca que obligaron a cientos de personas a abandonar sus hogares, y decenas de niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad, a permanecer en un campamento improvisado en la comunidad de Mier Terán y Ndoyonuyuji.
Por todo esto, la Red de Defensoras exigió a las autoridades mexicanas una investigación rápida e independiente que garantice la aparición con vida de la defensora Irma Galindo. “Pedimos a la comunidad internacional y a nuestras aliadas que se mantengan vigilantes ante esta situación y que nos ayuden a demandar la aparición con vida de Irma”.
Al llamado de la Red, también se han unido otras organizaciones como “Educa Oaxaca”, el “Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo”, entre otras.
A propósito de esto, el colectivo “Mujeres que Luchan Oaxaca” convocaron este miércoles 17 de noviembre a una concentración en el centro de la entidad para exigir la búsqueda inmediata de Irma.
En su informe “Última línea de defensa”, la organización internacional “Global Witness” identificó con nombre y apellido un total de 30 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinados en 2020 México, de ellas al menos tres eran mujeres: Amalia Morales Guapango, María Agustín Chino y Paulina Gómez Palacio Escudero.
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