El titular del Instituto Federal de Defensoría Pública revela a Contralínea que una fiscal de la FGR le advirtió que en vez de crear el Renadet buscarán cambiar la legislación. El maestro en derecho explica que ese registro permitiría ubicar focos rojos donde las autoridades recurren a actos crueles. A la fecha, los defensores públicos han denunciado 3 mil casos de este ilícito, en su mayoría de gobiernos pasados
Los abogados de oficio suelen ser los primeros en notar que una persona ha sido víctima de tortura durante o después de su detención, o cuando fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales. Muchos de ellos son, incluso, testigos de esos actos crueles, inhumanos o degradantes, pues a veces se encuentran presentes en el momento en que ocurren, explica el maestro en derecho Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Por ello, impulsa que estos crímenes de lesa humanidad se denuncien de inmediato y, con ello, se frene la cadena de impunidad y la repetición. A la fecha, el IFDP ha interpuesto unas 3 mil denuncias, pero el camino no es fácil. Los defensores de oficio necesitan protección: los perpetradores de la tortura saben quiénes son, los amenazan e incluso los agreden. El abogado Sandoval Ballesteros admite que el Instituto de Defensoría no puede solo: necesita de la colaboración de todas las autoridades involucradas.
Sin embargo, al más alto nivel se han topado con serias resistencias. Al respecto, el especialista en derecho de la administración y procuración de justicia critica que desde la Fiscalía General de la República (FGR) se entorpezca el combate a la tortura, incluso en desacato a la ley en la materia. Como ejemplo cita que, por más de 4 años, el llamado abogado de la nación ha omitido crear el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), herramienta con la cual se podrían localizar los focos rojos y limpiar las corporaciones de procuración de justicia.
“La Ley General para la Prevención, Sanción de la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes es muy buena pero, por ejemplo, ordena que debe existir el Registro Nacional de Delito de Tortura para que no solamente la Fiscalía federal, si no todas las fiscalías del país registren en una sola base de datos los casos de tortura y encuentren información útil. Y no existe. Debería estar a cargo de la Fiscalía General de la República, ellos deberían administrar ese registro nacional y no lo han creado”.
Dicha ley general contra la tortura se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el 26 de junio de 2017, y en su artículo 35 estableció la obligación de la FGR de crear y operar el Renadet, y del resto de fiscalías y procuradurías locales de hacer uso de éste. Lo que hasta ahora se ha incumplido.
En ese contexto, en mayo pasado el IFDP logró que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenara a la Fiscalía General de la República generar la infraestructura tecnológica necesaria para el registro en un plazo de un mes. Pero ante el desacato de la institución, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el 21 de octubre pasado, los ministros de la Primera Sala determinaron que esta omisión provoca que las fiscalías especializadas en este delito no lo investiguen de forma diligente, por lo cual avalaron que las víctimas puedan ampararse ante su inexistencia.
FGR buscará cambiar la ley
Lejos de avanzar en su creación, la FGR mantiene su resistencia a cumplir con lo que le obliga la ley. Al respecto, el maestro Sandoval Ballesteros revela a Contralínea que durante una reunión con Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, ésta le manifestó el rechazo de la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero a crear el Renadet.
“Me entrevisté con la subprocuradora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (quien, por cierto, viene de administraciones pasadas y es famosa porque tiene mucho trato con organizaciones de la sociedad civil), para hablar de estos temas, para hacerles ver que hay muchos problemas graves que ellos tienen a su cargo y que no se están atendiendo. Le decía: ‘nosotros estamos promoviendo amparos porque ustedes no tienen el Registro Nacional de Delito de Tortura’”.
Agrega que esa reunión se acordó porque se quejan de que el Instituto de Defensoría promueve demasiados amparos contra la Fiscalía por la falta del Renadet. Pero, dice el abogado, “ése es nuestro trabajo: tenemos que defender a la gente. Estaban acostumbrados a una Defensoría que no peleaba, que era dócil, que era a modo para la Fiscalía y ahora ya no existe eso. Entonces están muy enojados con nosotros. Nos pidieron una reunión y se quejaron con el Consejo de la Judicatura”.
Precisamente a solicitud del Consejo de la Judicatura Federal –que preside el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar–, el maestro Sandoval Ballesteros se reunió con la candidata a doctora en ciencias penales y política penal Herrerías Guerra. En la plática, le indicó los problemas a los que se enfrentan los abogados de oficio y reiteró que si la FGR no crea ese registro, el IFDP seguirá demandando amparos.
Netzaí Sandoval narra que la también abogada le respondió: “vamos a cambiar la ley. El fiscal [Gertz Manero] decidió que se van a quitar esos registros, porque hay un registro del delito de tortura, hay otro registro de desapariciones forzadas y son muchos registros. Mejor que haya un solo registro, y vamos a cambiar la ley”.
Para Sandoval Ballesteros, con esta declaración los funcionarios de la FGR “dijeron abiertamente: ‘no vamos a cumplir la ley. Está en la ley pero no lo vamos a hacer, porque el fiscal ya decidió que va a cambiar esas leyes’. Por cierto, no lo ha cambiado, porque siempre que hace una propuesta la Fiscalía termina habiendo mucha inconformidad de la sociedad civil, mucha gente criticando las propuestas que hace la FGR. Querían desaparecer esos registros pero no han hecho nada”. Sin embargo, la resistencia a crearlo persiste, aún con el fallo de la Corte.
Unas 3 mil denuncias por tortura
El maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense (España) expone que, a la fecha –y desde que asumió el cargo como titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, el 10 de enero de 2019–, han promovido más de 3 mil denuncias por casos de tortura.
“Los 3 mil casos que denunciamos no son en su mayoría de este sexenio: son de sexenios pasados. Estamos denunciando tortura donde teníamos evidencia, teníamos los nombres de los torturadores y no los denunciábamos. Y una de las razones fundamentalmente era que los defensores, los abogados [del IFDF] me decían: ‘es que yo tengo miedo; yo trabajo en Tamaulipas, estoy adscrito a la Defensoría de Tamaulipas, soy defensor pero mi trabajo es defender a la gente que llega a la Fiscalía de Tamaulipas. Señor director, allí está la gente armada. ¿Yo voy a ir a denunciar a esos que andan armados y que son torturados?”
El tema de la seguridad para los abogados de oficio se volvió prioritario. La Defensoría Pública Federal tuvo que transformarse: se creó una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. “Es inédita: no solamente no existía en el ámbito federal, no existe en las defensorías locales ni en Latinoamérica; es decir, no hay una oficina que se dedique a atender las alegaciones de tortura de las personas que son imputadas, que son acusadas”.
El maestro en derecho recuerda que en este país el tema de tortura es muy grave. “Vino el relator de Naciones Unidas, Juan Méndez, y nos hizo saber que en México la tortura es generalizada y sistemática, pero no se hace nada. Se creó una ley general que es muy valiosa, que es un avance, pero ponla en funcionamiento. ¿A quién vas a poner a cargo para que se opere?”
La primera visita oficial del relator Méndez fue a finales de abril y principios de mayo de 2014. Ya en marzo de 2015 presentó su informe, en el que advirtió que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes –considerados crímenes de lesa humanidad por el derecho penal internacional– son generalizados en los procedimientos de detención en México, y ocurren en un contexto de impunidad.
Entre los cambios que se aplicaron en el IFDP se crearon “lineamientos nuevos sobre cómo deben trabajar nuestros abogados en casos de tortura. A veces nuestros abogados en las gestiones anteriores no denunciaban la tortura porque decían que el torturado no quería, y claro, si han sido torturados tienen miedo, están intimidados. Nuestros abogados tenían evidencia, veían a la gente sangrando, tenían dictámenes médicos y no denunciaban la tortura”.
El titular del Instituto Federal de Defensoría Pública asegura que su respuesta a los abogados de oficio siempre ha sido: “Sí. Su deber es lo primero y su deber es denunciar y cumplir con la ley”. A partir de ello, cuando los defensores conocen de un delito tienen que actuar, y para ello se aplican protocolos y medidas de protección.
“Durante esta administración hemos tomado más medidas de protección que nunca en la historia de la Defensoría Pública, desde ponerles rondines, protección, chalecos [antibalas], coches, en fin, medidas para que no nos vaya de verdad a pasar algo a algún defensor. Además de eso, creamos la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura para que ellos nos manden los casos a la Ciudad de México y desde aquí denunciamos a la Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura.”
El abogado Sandoval Ballesteros agrega: “no podemos quedarnos callados. No podemos guardarnos los casos sabiendo que hubo tortura y no denunciarlos, pero tampoco queremos ser irresponsables y no queremos que alguien termine en un grave riesgo. Entonces, estamos buscando estos mecanismos: uno fue la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Presentamos miles de denuncias; en algunos casos la fiscalía nos responde, más o menos el 20, el 30 por ciento, ‘sí, ya tenían conocimiento de ese acto, lo denunció un juez’”.
Al respecto, el maestro en derecho indica que hasta antes de su llegada al Instituto, la mayoría de los casos de investigaciones de tortura se daban por vistas de los jueces. “Los jueces se dan cuenta que torturaron al imputado y ellos le dan vista a la Fiscalía para que investigue la tortura. No necesariamente por eso los ponen en libertad [a los imputados], pero le piden a la Fiscalía que investigue”.
Sandoval Ballesteros critica que en México hay un lugar común, “una mentira terrible que se repite diciendo que la gente alega tortura como un mecanismo, un instrumento de defensa, y eso es mentira. La gente torturada tiene miedo y no denuncia; los defensores tenían miedo y no denunciaban; quienes denunciaban eran los jueces. Las estadísticas están ahí, son de la Fiscalía. La mayoría de las investigaciones que se abren en este país por tortura son de carpetas, de averiguaciones previas y son por vistas de los jueces; no son por la defensa, no son por el imputado, es por los jueces”.
Agrega que cuando empezaron a denunciar desde el IFDP, los fiscales les comentaban: “‘sí, algún juez ya me había dicho que había tortura en este caso’. Se lo habían dicho hace 5 años, 4 años, 10 años y no habían hecho nada. Entonces pedimos acceso a las carpetas, a las averiguaciones previas. Todavía hay averiguaciones previas del viejo sistema. No hay ni una sola diligencia, no hicieron nada, no llamaron ni siquiera al que denunció a comparecer, a rectificar. No hicieron nada porque tienen nombres de los que están acusados y siguen siendo servidores públicos. Entonces promovimos amparos, cientos de amparos por falta de diligencia en la investigación”.
En un inicio, narra el abogado, los jueces desecharon todos esos amparos bajo el argumento de que la Defensoría no tenía interés pues su trabajo se limitaba a defender al imputado respecto del delito por el que se le consignó (narcotráfico, delitos contra la salud, portación de armas de fuego, robo, lesiones). “‘Tú, métete en ese caso, pero en este otro asunto donde él es víctima de tortura, tú no tienes nada que ver, a ti qué te importa’. Tuvimos que llevar unos litigios muy fuertes, de años, donde hemos impugnado estos criterios de los jueces de primera instancia, de los jueces de distrito porque nos desechaban todo. A través de recursos hemos logrado que los tribunales colegiados les hagan ver a los jueces federales de primera instancia que sí tenemos interés y que sí tenemos vela en el entierro: que tenemos un interés legítimo, ¿por qué?, porque si se demuestra que hubo tortura en esos casos eso va a implicar que haya ciertas pruebas que se tengan que excluir del caso en donde nosotros somos defensores”.
Para el abogado, eso puede tener un impacto directo en el caso que representan y por supuesto que es del interés del IFDP que se demuestre como tortura y que la Fiscalía investigue. “Con este criterio de los tribunales colegiados se ha obligado a los jueces de distrito que nos den los amparos. Hemos ganado muchísimos casos donde nos otorgan suspensión, e incluso nos han otorgado amparos donde le ordenan a la Fiscalía que investigue, que emplace, que interrogue al imputado, al nombre que tienen: soldados, marinos, policías locales, policías municipales, en fin, de todo tipo”. Agrega que también se han logrado consignaciones: que haya gente detenida por estos delitos de tortura.
El maestro en derecho observa que un segundo problema que se ha planteado a los jueces en esos amparos es, precisamente, que cuando se abre la carpeta o la averiguación de esos casos de tortura no se consignan en el Registro Nacional del Delito de Tortura porque no existe, “y eso es una violación a los derechos de nuestros imputados y, además, es un incumplimiento a ley, porque la ley entiende este registro como un instrumento de investigación porque lo que te permite es encontrar patrones, te permite encontrar lugares donde está incidiendo la tortura”.
Ello, considera Netzaí Sandoval, ubicaría claramente a los “mandos torturadores, porque si te das cuenta que en esa zona militar están torturando sistemáticamente pues quizás hay un mando que está permitiendo esto”. Sin embargo, nuevamente critica que el problema es que “no se ha creado el registro: las fiscalías no registran a nadie, ni las locales ni las federales, porque la FGR dice que va a cambiar la ley algún día”.
Finalmente, el abogado expone que varios amparos ganados por el Instituto Federal de Defensoría Pública han ordenado a la Fiscalía General de la República que cree el Renadet pero la respuesta de la Fiscalía fue impugnarlos. “Tuvimos que llegar a tribunales colegiados donde les dijeron: ‘no sólo tienes que crear el registro, además tienes un plazo. Tienes que crearlo ya porque la ley lo ordenaba hace años, no puedes seguir incumpliendo. Tienes que crear el Registro Nacional del Delito de Tortura”.
AUTOR: NANCY FLORES, ÉRIKA RAMÍREZ.
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