Son considerados como víctimas de delito, ya que uno de sus compañeros, el cubano Cristóbal Cobreiro Ramírez, murió como consecuencia de los disparos recibidos, por lo que recibieron una tarjeta de residente por motivos humanitarios.
Sin embargo, una orden de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM) los mantiene privados de su libertad en la sede del DIF de la capital chiapaneca. Según relató uno de los afectados, el mandato es que no pueden abandonar el lugar hasta que no se cierre la carpeta de investigación que analiza el ataque.
“Estamos como presos, pero nosotros ya hemos prestado declaración, no sabemos por qué estamos aquí”, se queja el migrante cubano, que habló a condición de anonimato porque su familia que todavía está en la isla desconoce que se encuentre en México.
Asegura que los oficiales del INM les advirtieron que si abandonan las instalaciones del DIF les retirarán la tarjeta de residencia expedida por el plazo de un año. Las órdenes fueron transmitidas oralmente y los migrantes nunca recibieron ningún documento que explique su situación legal y por qué están encerrados.
Hasta el viernes, los migrantes estuvieron en el DIF de Pijijiapan, Chiapas, ubicado a 227 kilómetros. Sin embargo, estas instalaciones no tenían las condiciones mínimas para albergarlos, ya que se trata de una sede de oficinas y las víctimas tuvieron que dormir en tres colchones botados en el piso. En Tuxtla se encuentran ahora 11 de los 13 sobrevivientes, ya que otros dos siguen hospitalizados en Tapachula, aunque su estado se ha estabilizado.
Animal Político quiso conocer la versión del INM y de la FGR, especialmente cuál es la base legal para mantener privados de su libertad a personas que no están acusadas de ningún delito, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
El pasado domingo 31 de octubre, una camioneta con 14 migrantes a bordo fue tiroteada por agentes de la Guardia Nacional, que acusaron al conductor de tratar de embestirlos para justificar el uso de sus armas. A causa de los disparos murió una persona de origen cubano y otras cuatro resultaron heridas, aunque la mayoría ya ha recibido el alta. Animal Político reveló la versión de los sobrevivientes, que contradice al relato hecho público por las autoridades. Según los migrantes, la Guardia Nacional no dio el alto en ningún momento y, además, sembró un arma para justificar su actuación. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los oficiales no habían actuado de forma correcta y ordenó una investigación. Sin embargo, más de una semana después de los hechos, ninguno de los uniformados involucrados en el tiroteo ha sido detenido ni vinculado a proceso.
En un primer momento se hizo cargo de la investigación la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, pero luego esta se inhibió para que el caso pase a manos de la FGR. Según explicó Jorge Sánchez, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, una ONG que actúa en Chiapas y que está acompañando a los sobrevivientes, la carpeta ha sido trasladada a la Ciudad de México. En opinión de Sánchez el encierro al que se está sometiendo a los migrantes es “irregular” ya que no hay motivo que justifique que se les mantenga privados de su libertad.
Fuentes oficiales consultadas por Animal Político explicaron que aunque no existe una base legal para esta detención, es una práctica habitual mantener a un migrante encerrado en una estación migratoria si está inmerso en una investigación. Como la Ley del Migrante ya no permite encerrar a menores de edad en centros de detención, son canalizados al DIF. Sin embargo, se encuentran también en régimen cerrado y sin posibilidad de abandonar el lugar.
“Nosotros queremos marcharnos de aquí, el tiempo juega en contra de nosotros, ya que que queremos pedir asilo en EU antes del 15 de noviembre”, explicó el cubano. La fecha tiene una explicación: está previsto que EU y México reactiven a mediados de este mes el protocolo “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de refugio a esperar al sur de Río Bravo mientras un juez analiza su caso. Esto podría dificultar las opciones de pedir protección, aunque en realidad en la frontera sigue operando el Título 42, que permite las expulsiones exprés con la excusa de la COVID-19.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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