En su revisión de la Cuenta Pública 2017, el órgano fiscalizador señaló que, aunque desde mediados de ese año se adjudicaron contratos para efectuar en el río Tula las obras ordenadas por la Semarnat para ampliar su cauce, los trabajos de limpieza, desazolve, rectificación y revestimiento con concreto no pudieron efectuarse por las fallas en la manera como la Conagua comunicó los impactos del proyecto a la población.
La Conagua solamente publicó un extracto del proyecto en un periódico local.
Al momento de la revisión de la ASF, en febrero de 2018, los trabajos estaban absolutamente suspendidos, según se desprende de la auditoría de inversiones físicas 441-DE.
La ASF observó un posible daño al erario por 73.3 millones de pesos por los atrasos en las obras. A casi tres años, dichas observaciones siguen sin resolución, según el Sistema Público de Consultas de Auditoría.
“Se observó que los contratos de obra fueron suspendidos en varias ocasiones (…); dichas suspensiones se derivaron de problemas sociales, debido principalmente a que la entidad fiscalizada (la Conagua) no realizó la publicidad del proyecto a fin de evitar problemas con la población por la falta de información para obtener su anuencia, a fin de evitar atrasos en la ejecución de los trabajos necesarios para cumplir con el programa y los objetivos y metas del proyecto; cabe mencionar que, a la fecha de visita realizada conjuntamente entre personal de la Auditoria Superior de la Federación y la Comisión Nacional del Agua (febrero de 2018), los trabajos se encontraban suspendidos indefinidamente en todos los tramos, lo que ocasionará sobrecostos de las obras”, indicó la ASF.
Dicha auditoría contradice el informe interno elaborado por la Conagua sobre las causas del desbordamiento del río Tula del pasado 6 de septiembre, en el que el gobierno federal aseguró, simple y llanamente, que “se intentó ampliar la capacidad de conducción de este río, sin embargo, las obras no se realizaron debido a la oposición de grupos ambientalistas”.
El reporte de la ASF pone énfasis en la responsabilidad que tenía la Conagua en obtener la anuencia de los grupos afectados para que aceptaran la ejecución de las obras.
“(El informe de la Conagua) es parte de que quieren evadir su responsabilidad, echarle la culpa a otra gente; eso ha sido una técnica del presidente desde que gobierno, aventar la responsabilidad para evadir la suya, es un sistema de este gobierno, obviamente aquí hacen exactamente lo mismo”, señala en entrevista Gerardo Castillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana en Defensa del Río Tula, movimiento ambientalista que frenó en 2017 el proyecto.
Instrucción ignorada
Las obras en el río Tula fueron ordenadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar su cauce a fin de que fuese capaz de drenar 571 metros cúbicos por segundo, ante la futura entrada en operación del Túnel Emisor Oriente (TEO).
De manera natural, el río sólo tiene capacidad de carga de 250 m3/s, por lo que es incapaz de dar cauce a las emisiones enviadas por la Ciudad de México a través del TEO y el Emisor Central.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Obras y acciones de protección contra inundaciones sobre el río Tula ante la descarga del Túnel Emisor Oriente”, promovida por la Conagua en 2016, establece que, previo a la entrada en operación del TEO, se debían revestir de concreto 12 kilómetros del río y rectificar otros 7 kilómetros.
Para llevar a cabo estas obras, era necesario el cambio de uso de suelo en 9 hectáreas de vegetación del Bosque de Galería, con lo que se talarían 3 mil 631 árboles ahuehuetes de 27 metros de altura y se impactaría la fauna local.
La Semarnat autorizó la obra en enero de 2017, ordenando a la Conagua implementar medidas de mitigación de los daños ambientales, que incluían reforestar, instalar viveros y reubicar especies de flora y fauna.
Pero las obras nunca se llevaron a cabo. Para la ASF, la Conagua falló en comunicar a la población cuál sería el alcance del impacto ambiental, así como las labores de mitigación del mismo.
“Previamente al inicio de las obras (la Conagua) no realizó el levantamiento del número de árboles a talar en los cinco tramos en los que se divide el proyecto, por ello no consideró las actividades de reforestación indicadas (…); todo esto ocasionó atrasos en la ejecución de las obras, ya que la población vecina al proyecto desconocía los efectos sobre el medio ambiente que podían causarse con la ejecución de las obras públicas y las obras necesarias para preservar o restituir en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse; dichas circunstancias fueron las que detonaron que la población detuviera los trabajos y la entidad fiscalizada formalizara suspensiones parciales”, subrayó la ASF.
Fue hasta abril de 2018, tras las observaciones del ente fiscalizador, que la Conagua instruyó informar a la población sobre los impactos del proyecto, pero, para entonces, la oposición de grupos ambientalistas de Tula había cobrado más fuerza.
“En respuesta a la presentación de resultados finales del 11 de abril de 2018 formalizada con el acta núm. 002/CP2017, la entidad fiscalizada (…) instruyó al personal a su cargo para que se realice la publicidad necesaria de los proyectos a su cargo, dirigida a la población vecina directamente afectada, a fin de evitar problemas relacionados con la falta de información y cumplir con el programa, objetivos y metas del proyecto en el tiempo especificado”, señaló la auditoría.
La parálisis de la obra y el rechazo comunitario al proyecto persistieron con el cambio de administración federal.
El actual gobierno obradorista informó en noviembre de 2019 que se trabajaba en un “nuevo proyecto del río Tula” en conjunto con la UNAM, que implicaba hacer más estudios hidrológicos, simulaciones y una “estrategia de información social y ambiental para evitar los problemas que se tuvieron en el pasado”.
Nada de esto ocurrió. La actual administración no sólo no retomó los trabajos recomendados para el río Tula, sino que, aún en ausencia de ellos, decidió poner en operación el TEO un mes después, en diciembre de 2019.
Buscan salvar su “pulmón natural”
Gerardo Castillo, ambientalista y dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Tula, explica que la intención de proteger el río era recuperar su función purificadora en el municipio, que fue definido por el gobierno federal como una zona excesivamente contaminada.
En entrevista, el defensor sostiene que, además, el río Tula es la principal fuente de recarga del acuífero del Valle del Mezquital, de acuerdo con la propia Conagua.
“Básicamente somos la zona más contaminada, entonces obviamente el río Tula es el principal pulmón que tenemos aquí y el que nos ayuda a mitigar un poco esa contaminación; en época de estiaje, en marzo-abril, que son las épocas en que todo está seco, se aprecia perfectamente lo verde que está la zona del río, o sea, sigue dándole permeabilidad a toda esa zona para precisamente mantener todo esto verde”, afirma.
“Es importantísimo para nuestra zona el río, es un ecosistema vivo, imagínate, nos iban a quitar nuestro principal pulmón. Y, sobre todo, en el estudio de los acuíferos de la Conagua se dice muy claramente que el principal aportante a la recarga del acuífero es el río Tula, entonces imagínate qué iba a pasar en algunos años al revestirlo (con concreto) y volverlo un canal conductor de aguas negras”.
Castillo considera injusto que la Ciudad de México envíe sus desechos a Tula, en lugar de tratar sus aguas negras y reutilizarlas.
“¿Y por qué tenemos que pagar la culpa de un problema no resuelto en la Ciudad de México? Ellos están en un círculo vicioso: están extrayendo al máximo el agua de sus acuíferos, por eso tienen que importarla del Estado de México, no la tratan y la avientan a Tula totalmente contaminada, o sea, no están recargando sus acuíferos y obviamente no están reutilizando el agua, y la ciudad se sigue hundiendo”, expone.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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