Los medios de comunicación y periodistas recibieron un citatorio para fines de ejecución de una auditoría por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla, misma que les exigía más de 20 documentales desglosadas en un plazo de quince días; a e-consulta de los años 2018 y 2019 y para El Popular de 2019 y 2020.
En el documento se estipula que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados…dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85 fracción I del Código citado (Código Fiscal de la Federación), la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86 fracción I, del propio ordenamiento; asimismo se le informa que, en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido Código.
Al respecto, los artículos citados refieren que en caso de no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, la autoridad podrá imponer sanciones que van de $19,350.00 a $58,070.00 pesos; asimismo podrán existir medidas de apremio consistentes en solicitar el auxilio de la fuerza pública, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes, entre otras.
Estos requerimientos se suman a una serie de acciones que se traducen en acoso judicial y administrativo, que representa una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos y que además, desde septiembre de 2019 han sido objetos de diversas agresiones, tales como descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y agresiones digitales.
De la misma manera, ARTICLE 19 documentó durante los meses de enero y febrero del 2020 un acoso judicial contra los citados medios y otros a través de demandas por daño moral presentadas por diversas autoridades del Gobierno de Puebla.
En el caso de e-consulta el acoso se reproduce por medio de la vía civil pues se mantienen siete demandas por daño moral en contra del director del medio, las cuáles se encuentran en trámite y cuyas afectaciones alcanzarían un total de 37 millones de pesos en indemnizaciones que pretenden obtener del medio. Es importante señalar que dichas demandas han tenido en común una misma estructura de argumentación y un mismo cuerpo de abogados.
Por su parte, el 4 de noviembre de 2021 se inició una campaña de desprestigio contra Carolina Fernández, directora de El Popular a quien se señaló públicamentea través de un medio de comunicación que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciarla por lavado de dinero. Es importante mencionar que por diversas vías, se ha buscado conocer si efectivamente existe esta investigación, sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de que la FGE efectivamente tenga abierta una carpeta contra la periodista. Estas acciones, tienen como objetivo restar credibilidad a la periodista, además de infundir miedo y censura.
Es importante mencionar que estos medios han mantenido una postura crítica frente al gobierno de Miguel Barbosa. Entre los distintos temas que han abordado se ha denunciado el aumento de actividades de huachicol, así como otros temas relacionados con violencia y posibles fraudes dentro del gobierno estatal.
Al respecto, ARTICLE 19 recuerda al gobierno de Puebla que con base en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece que se debe valorar que las figuras públicas o funcionarios públicos deben soportar un nivel de crítica mucho más amplio y en consecuencia perseguir a la prensa crítica constituye una violación a dicha obligación.
Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a la Secretaría de Planeación y Finanzas frenar el hostigamiento administrativo en contra de los medios de comunicación como represalia por su postura crítica frente al gobierno encabezado por Miguel Barbosa.
También se exige nuevamente al gobierno del estado de Puebla, cumplir de su obligación de garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado, debiendo generar las condiciones para que esta labor sea realizada de manera segura y libre, sin obstáculos ni cualquier tipo de coacción. Particularmente, se conmina a la autoridad local a cesar cualquier estrategia o conducta tendente a desgastar o paralizar la labor periodística del medio e-consulta y su directora, así como del medio El Popular y su directora Carolina Fernández.
Finalmente, ARTICLE 19 hace otro exhorto al Poder Judicial del Estado de Puebla, a aplicar los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles que por supuesto daño moral se encuentran abiertos contra el Rodolfo Ruiz y el medio e-consulta.
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