La dependencia dijo que ha acompañado el paso de la caravana para brindar “protección” y “regularizar a grupos en condición de vulnerabilidad” así como a familiares que viajan con ellos.
Afirmó que la organización de la caravana los “incita a subirse a las plataformas de los tráileres que, entre otros muchos riesgos, puede resultar en lesiones, accidentes o caídas”, por lo que defendió el control y retenes carreteros implementados en Oaxaca.
En un posicionamiento, el INM acusó a Irineo Mujica Arzate, “autodenominado líder de la caravana migrante”, de poner en riesgo la salud e integridad física y psicológica de los migrantes a través de “mentiras” y comparó su actuar como el de un traficante de personas.
“Es lamentable que las personas migrantes que pertenecen a esta marcha, sean víctimas de intereses particulares que no tienen que ver con la protección de los derechos humanos, y preocupa de manera especial la exposición de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables. Esta actitud, más cercana a la de los traficantes de personas, hace que prevalezca la inseguridad al interior del contingente”, sostuvo en un comunicado.
El Instituto de Migración culpó al defensor de generar una “animadversión” contra el personal migratorio que ha derivado en rechazo y agresiones contra sus trabajadores.
“El viernes pasado, integrantes de Grupo Beta atendieron a dos personas heridas con objetos punzocortantes por integrantes de la misma caravana y este domingo derivado de una riña suscitada, los servicios de salud en Oaxaca asistieron a dos hombres heridos por arma blanca”, justificó el INM.
También sostuvo que 1,479 personas integrantes de la caravana migrante la han abandonado y han recibido tarjetas de visitantes por razones humanitarias y de residencia permanente en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Colima y Aguascalientes.
“Es importante subrayar que trasladar personas migrantes sin condición regular, en transporte público o privado, constituye el delito de tráfico de personas, razón por la cual los transportistas se han negado a realizar esta movilidad”, expresó la dependencia.
Incluso responsabilizó al activista de influenciar a integrantes de la caravana que rechazaron la realización de pruebas rápidas de antígeno para COVID-19.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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